2025: año de la mujer indígena

2019: Emiliano Zapata

2020: Leona Vicario

2021: la Independencia y la Grandeza de México

2022: Ricardo Flores Magón

2023: Francisco Villa

2024: Felipe Carrillo Puerto

Esos fueron los nombres que Andrés Manuel López Obrador eligió para bautizar cada año de su mandato. Semillas que desenterró del pasado para plantar en el presente. Al expresidente lo atravesaba la historia.

En contraste, el año uno del presente Gobierno le habla al futuro. El 2025 será, para Claudia Sheinbaum, bandera. Una declaración de principios: el año de la mujer indígena.

Con ello, Sheinbaum Pardo asienta la primera vuelta al sol de su gobierno en la confluencia de dos fuerzas que han definido la opresión nacional. La intersección entre el género y la etnicidad.

Dedicar el año que arranca a la mujer indígena es —ni duda— una forma de recuperar aquello que el feminismo había perdido en el camino: su vocación colectiva y su mirada hacia abajo. El bautizo del 2025 es un corte limpio, un divorcio del feminismo individual hasta hace poco venerado. Ese que rompía techos de cristal en el refinado mundo corporativo mientras abajo —bien abajo— todo permanecía intacto.

Lo que esta administración comenzó con el paquete de reformas constitucionales para garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres, la creación de la Secretaría que encabeza Citlalli Hernández y la entrega de la pensión para mujeres de 60 a 64 años, se corona con el nombramiento del año naciente.

Sheinbaum insiste en dejarlo claro: el feminismo que germina no es elitista. Es indígena. O como lo nombra Perla Valero, un feminismo plebeyo: el de las humildes, a ras del suelo, un feminismo profano y popular. Feminismo con justicia social.

—A veces me preguntan que por qué solo las mujeres —señaló Sheinbaum Pardo, en diciembre, al entregar mil 855 hectáreas restituidas a la comunidad rarámuri en Chihuahua.

—¿Quiénes son las que principalmente cuidamos de los hijos? ¿Quiénes somos las que cuidamos del hogar? ¿Quiénes, incluso, cuidamos de los maridos? —preguntó la mandataria en tono retórico.

La respuesta fue unánime y femenina.

La deuda histórica con los pueblos originarios en México es también herida abierta que hoy sigue supurando. Hace exactamente 31 años, una combinación de indígenas tzeltales, tzotziles, choles y tojolabales, junto con religiosos y luchadores sociales, se alzaron bajo la bandera del EZLN para poner en el mapa nacional la causa indígena.

—Trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, independencia, libertad, democracia, justicia y paz —exigía la Primera Declaración de la Selva Lacandona dirigida al pueblo de México.

Para apaciguarlos, el Estado mexicano celebró los Acuerdos de San Andrés Larráinzar en una cancha de basquetbol perdida en la selva. En esos acuerdos se reconoció lo innegable: los pueblos indígenas habían sido históricamente sometidos. Atrapados en una estructura de pobreza, explotación y exclusión política.

Se les reconoció entonces como sujetos de derecho y se asumió el compromiso de plasmarlo en la Constitución.

El Estado mexicano no solo incumplió los acuerdos. Rompió las negociaciones y, en las sombras, financió operaciones clandestinas para silenciar a los combatientes. Ocurrió Acteal.

En el año 2000, cuando Fox llegó a la presidencia, cumplió su promesa de campaña. Presentó ante el Congreso la iniciativa de ley elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), basada en los Acuerdos de San Andrés, para modificar el artículo 2 de la Constitución. Pero lo que se aprobó no fue lo prometido. La reforma, lejos de honrar los acuerdos, fue enérgicamente rechazada por el Congreso Nacional Indígena: era una burla.

Primero, porque reducía a las comunidades indígenas a entidades de derecho público, colocándolas bajo la tutela del Estado, en lugar de reconocerlas como sujetos de derecho. Segundo, porque ignoraba sus reclamos esenciales: tierra, autogobierno, control sobre su territorio y la gestión de sus recursos.

Hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador —quien en 1977 dirigió el Instituto Indigenista de Tabasco, volcando sus esfuerzos en los chontales— y emprendió tres tareas clave.

La primera: encargar a Adelfo Regino, exasesor del EZLN durante los Diálogos de San Andrés, la dirección del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la tarea de redactar la histórica reforma. Una que reconociera a los pueblos y comunidades indígenas —setenta naciones originarias y el pueblo afromexicano, es decir, 25 millones de personas— como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio y que asegura el respeto de sus derechos colectivos.

Dicha reforma —no exenta de críticas por parte de algunas comunidades originarias— fue propuesta el pasado cinco de febrero y aprobada diez meses después.

La segunda: caminos artesanales, un método de construcción en que las propias comunidades hacen caminos de concreto, asegurando que tanto el empleo como la obra permanezcan en sus manos.

La tercera: los Planes de Justicia y Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, documentos que recogen diagnósticos y demandas concretas para el desarrollo de cada pueblo originario como restitución de tierras, acceso a servicios y la implementación de mejora urbana, drenaje, vivienda, unidades médicas, etc. Estos planes comenzaron con el pueblo yaqui y se extendieron a un total de diecisiete comunidades.

Claudia Sheinbaum ha caminado la misma línea. El mes pasado comenzó con la restitución de algunas de las tierras previstas en el Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara.

Pero hará falta más. Honrar el nombre de su primer año de gobierno no solo implicará para Sheinbaum continuidad con las políticas de López Obrador; le exigirá enfrentar la tarea urgente de detener la violencia que afecta a estas comunidades.

En septiembre del año pasado, más de 300 personas de comunidades rarámuri fueron desplazadas forzosamente por grupos criminales, lo que afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas.

De eso también habrá de tratar el 2025: año de la mujer indígena.