Mujeres indígenas y violencia estructural

Lo dicen todos los números, las estadísticas y los instrumentos de evaluación, ser una mujer indígena implica sufrir una serie de violaciones de derechos de manera sistemática y estructural. A lo largo de la historia, la población indígena ha sido empobrecida mediante despojo y extractivismo; a pesar del papel fundamental de las mujeres indígenas en la defensa de sus territorios, son ellas las que han sido más afectadas en el proceso de pauperización que sus pueblos han sufrido a lo largo del colonialismo. Diferentes intelectuales, entre ellas la antropóloga kaqchikel Aura Cumes, han enfatizado que este colonialismo es patriarcal y que el patriarcado que oprime a las mujeres indígenas y afrodescendientes es esencialmente de naturaleza colonial. No puede explicarse la situación actual de las mujeres indígenas sin tomar en cuenta estos sistemas de opresión. Siguiendo este planteamiento, la posición de las mujeres indígenas con respecto de los hombres indígenas se explica por la opresión desde el género que configuró el colonialismo mientras que su posición con respecto de las mujeres no indígenas se plantea desde la opresión que genera el racismo colonial. Además, estos sistemas de opresión colocan también a las mujeres indígenas dentro de categorías oprimidas en el sistema capitalista. Esta situación explica la violencia estructural a la que las mujeres indígenas hemos sido sometidas pero enmarca también las luchas emprendidas para resistir y combatir las diferentes opresiones.

Cualquier medición numérica refleja la situación. Según datos Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2010-2018 (Coneval), las personas que hablan lenguas indígenas tienen 263% más probabilidades de ubicarse en el escalón de ingresos y riqueza más bajo del país que las personas que no las hablan. Esta probabilidad aumenta a 280% si se trata de mujeres. En cuanto a los indicadores de carencias sociales para mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres calcula, con datos del Coneval, que, de todas las mujeres hablantes de lenguas indígenas de 3 años y más, el 46,7% se encuentra en rezago educativo, el 10,1% tiene carencias en cuanto al acceso a los servicios de salud, el 79,7% tiene carencia en cuanto al acceso a la seguridad social, el 32,2% carece de espacios de vivienda o de calidad de estos espacios, el 66,5% de ellas carecen de los servicios básicos y el 33.5% de ellas no tienen acceso a alimentación adecuada. Sobre educación y analfabetismo, se ve claramente una diferencia por género, el analfabetismo se presenta en el 35,6% de las mujeres indígenas y en el 17,8% de los hombres mientras que el promedio de escolaridad de las mujeres indígenas es de 5,8 y 6,7 para los hombres.

Esta situación contrasta con la participación económica de las mujeres indígenas en México. En el año 2020, el 42,8% de las mujeres indígenas de 12 años y más declararon ser económicamente activas, esta cifra es incluso mayor con respecto del nivel nacional, pues solo el 42,4% del total de las mujeres mexicanas son consideradas económicamente activas. Es importante aclarar que estos datos solo toman en cuenta el trabajo asalariado, los trabajos de cuidado que se han cargado sobre las mujeres en general y sobre las mujeres indígenas en particular no están contabilizados, tampoco lo están los trabajos que hacen las mujeres indígenas en el campo, en los cultivos tradicionales o en la defensa del territorio por mencionar solo algunos de los muchos trabajos no remunerados.

La violencia estructural aumenta cuando se trata de mujeres que hablan solo una lengua indígena. El problema no es el monolingüismo en sí, en este momento de la historia la mayor parte de las mujeres mexicanas son monolingües en español; el problema es que el estado mexicano castiga el uso de las lenguas indígenas en el acceso a los sistemas de salud, de justicia y de educación, entre muchos otros. El porcentaje de mujeres monolingües en lengua indígena es mayor al de los hombres, 14,5% contra el el 8,9%. Sin respeto a los derechos lingüísticos, no es posible garantizar el disfrute de derechos humanos básicos.

Durante la década de los 80 del siglo XX, era común que las mujeres de la región mixe en la Sierra Norte de Oaxaca sufrieran algún tipo de esterilización sin su consentimiento. Las historias abundaban: mujeres a quienes les había sido colocado un dispositivo intrauterino sin consultarles si ése era su deseo; el mecanismo era casi siempre el mismo, les hacían firmar documentos en español que nadie les había explicado ni traducido previamente. Muchas de estas mujeres sufrían secuelas pues, sin saber que les habían colocado este dispositivo, no se hacía el seguimiento necesario. Las historias de violencia obstétrica en hospitales y clínicas cercanas eran también muy frecuentes y la violación de los derechos lingüísticos estaba casi siempre involucrada, ¿cómo explicar los síntomas, tan fundamentales para un buen diagnóstico, si no se garantizaba la presencia de intérpretes adecuados?

Aunque los programas que tenían como objetivo disminuir la tasa de natalidad de la población indígena ya no se implementan con el afán y la sistematicidad de finales del siglo pasado, la violación de los derechos de las mujeres indígenas, sobre todo de las que hablan una lengua indígena, sigue siendo un problema urgente y afecta no solo al derecho a la salud sino también el acceso a la justicia y a la educación. En 2013, en Oaxaca, una mujer mazateca dio a luz en el patio de un hospital sin recibir atención médica, el personal argumentó que, al no hablar español, no habían entendido sus requerimientos. A pesar de todas las denuncias, el sistema de salud continúa sin crear una necesario y urgente red de intérpretes en los hospitales en territorios de pueblos indígenas. Dada esta situación, generalmente se narra que el problema es que estas mujeres no hablan español cuando el problema es que el estado mexicano ha sido incapaz de crear un sistema de salud intercultural en los propios territorios en los que viven estas mujeres.

Cuando las mujeres indígenas se enfrentan al sistema judicial, se encuentran con más violencia estructural, sea en casos en los que estén denunciando violencia de género o sea que estén sometidas a algún procedimiento legal. Casos como el de Adela Ramírez, del pueblo ch’ol, que estuvo siete años presa en Chiapas porque nunca le asignaron intérprete o el caso de Rosalía García Alvarado, del pueblo mazateco, a la que le arrebataron tres hijos al coaccionarla a firmar un documento que no había sido traducido o interpretado a su lengua son evidencia de la violencia estructural que las instituciones del estado ejercen sobre los pueblos indígenas.

Toda esta violencia estructural no se ha quedado sin respuesta. Para cierto feminismo de tradición occidental, las mujeres indígenas son tratadas como entidades pasivas víctimas de todas las opresiones sin capacidad de agencia, mujeres a las que hay que tutelar. Sin embargo, un ligero recorrido histórico nos evidencia la fundamental participación de las mujeres indígenas en movimientos emancipatorios, de resistencia, de lucha por la justicia y defensa del territorio. Desde el establecimiento del colonialismo patriarcal, las mujeres indígenas han encabezado y participado en distintas rebeliones; en 1660 Lucía María y Francisa Cecilia fueron dos mujeres fundamentales en la rebelión de zapotecos, ikoots, mixes y chontales contra la Alcaldía Mayor de Tehuantepec provocada por abusos y pesadas cargas de tributo que ponían en riesgo la vida de sus comunidades; María de la Candelaria, una joven tseltal de aproximadamente 14 años, fue fundamental en la rebelión de Los Zendales de 1712 originada también por la fuerte carga de tributos de la administración española y del clero. Durante el establecimiento del Estado Mexicano, las mujeres indígenas participaron de las diversas estrategias de resistencia de sus pueblos. La participación de las mujeres indígenas en las rebeliones se puede rastrear a través de la historia hasta 1994 con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en donde diversas mujeres ocuparon y ocupan importantes cargos en la dirigencia como fue el caso de la célebre Comandanta Ramona. Incluso antes de su aparición pública, las mujeres zapatistas promulgaron en 1993 la Ley Revolucionaria de Mujeres, un documento contundente y vanguardista.

Además de la participación en rebeliones y levantamientos que se enfrentaron a los sistemas de opresión, las mujeres indígenas participamos activamente, hasta la fecha, en la defensa de nuestros territorios al mismo tiempo que enfrentamos la violencia de género; al fin y al cabo la violencia sobre la tierra y sobre nuestros cuerpos viene de las mismas fuentes de opresión. Aún cuando una visión racista nos parece decir que nuestros pueblos y culturas son intrínsecamente más machistas que las sociedades occidentales, la historia nos demuestra que nuestras culturas no son esencialmente más patriarcales, que muchas de las violencias que enfrentamos se derivan precisamente de una violencia estructural establecida por el colonialismo, por la división binaria del género del patriarcado occidental y por el tratamiento diferenciado que la administración colonial y del estado-nación han dado a las mujeres indígenas.

Aquí y allá, a pesar de las duras circunstancias, las mujeres indígenas organizadas seguimos resistiendo y planteando otros posibles paradigmas sin necesidad de tutela. En entrevista, Gloria Villanueva, una de las mujeres que ha participado en el sistema de impartición de justicia propio en mi comunidad, Ayutla Mixe, expresa la importancia del papel de las mujeres en la permanencia y fortalecimiento de sistemas de justicia propio más allá de las opciones que ofrece el Estado Mexicano, en estos espacios comunitarios, la justicia para las mujeres puede tomar en cuenta nuestra lengua y nuestra cultura para evitar así las violencias del sistema de justicia estatal.

Además de organizaciones como la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, la Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca o de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, han existido, y están surgiendo, más redes de apoyo y trabajo para continuar la resistencia a las opresiones. Las voces de las mujeres indígenas se multiplican y conjuran “el peligro de una sola historia”; por ejemplo, ante la narrativa periodística de la venta de mujeres indígenas para matrimonio en el pueblo triqui, voces como la de Emelia Ortiz García responden y muestran las complejidades del fenómeno en el libro El pueblo triqui de San Juan Copala y el ritual tradicional de la boda. Cambios, permanencias y desafíos, desarticulando así los relatos racistas, simplistas y revictimizantes. Las palabras de las mujeres indígenas se rebelan también ante quienes pretenden tutelarlas.

En el contexto actual en el que la crisis climática comienza a provocar sus mayores estragos, los pueblos indígenas tenemos respuestas al mayor reto que la humanidad enfrenta. La mayor parte de las reservas naturales del planeta, más del 60%, están en nuestros territorios y esto se debe a que en nuestras tradiciones de pensamiento hay claves que pueden ayudar a restablecer el equilibrio necesario. En la defensa de estos territorios y en la recreación y fortalecimiento de estas claves, las mujeres indígenas hemos jugado un papel fundamental. Ante un futuro que se avizora complejo, aquí estamos hablando de resistencias, pero también, de esperanza.