El progresismo regional ante la evidente militarización de México

En su conferencia matutina de cierre de mandato, Andrés Manuel López Obrador dijo que dedicó su sexenio a servir al pueblo, empezando por los más necesitados: “Por el bien de todos, primero los pobres”. En su video de despedida comenta que sale orgulloso y satisfecho con su labor y por el legado que deja, el cual espera que continúe. Y, como era de esperar, en su primer discurso como presidenta de México, Claudia Sheinbaum hizo eco a lo anterior. No solo resaltó la gran labor del saliente presidente por la transformación profunda que lideró, sino que se desbordó en elogios llamándolo “uno de los grandes”, “luchador social”, “el que inició la revolución pacífica de la cuarta transformación”.

Pero no fue solo ella. Líderes regionales como Gustavo Petro, Gabriel Boric, Lula da Silva, Xiomara Castro e incluso algunos representantes internacionales como Irene Montero, quienes se identifican todos a sí mismos como de izquierda o progresistas, elogiaron explícitamente al presidente saliente. O incluso se presentaban como parte activa de esta transformación. Ven a México como un país de referencia, con el que comparten luchas comunes, tales como la reducción de la pobreza, la lucha contra el hambre, la defensa de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la integración latinoamericana.

Sin embargo, en medio de tantos elogios y del ánimo colectivo de transformación, sorprende el silencio ante una realidad innegable: ese ídolo del progresismo, junto con su partido, consolidó la militarización en México. Algo que será difícil de revertir. Es cierto, mantener aliados es fundamental y por eso a veces se es más suave con los amigos. También es claro que todos buscan avanzar en sus agendas de cambio, pero ¿acaso la transformación del sector de la seguridad no debería ser una prioridad también para el progresismo? Sobre todo cuando muchas de estas políticas afectan especialmente al pueblo, a los más necesitados.

Por eso preocupa que, en nombre de esa supuesta lealtad ideológica (necesitaríamos otro artículo para discutir a fondo que López Obrador no es exactamente de izquierda), el bloque progresista prefiera callar frente a la militarización de México. Especialmente cuando hay pocas cosas menos progresistas —y menos democráticas— que aumentar el poder económico, político y las facultades de las Fuerzas Armadas. En contraste (y contradicción), resulta notable que muchos de esos líderes han criticado, y con razón, otros modelos de seguridad bastante cuestionables, como el de El Salvador.

Y la preocupación no es en vano. Una de las últimas reformas que promovió fue la modificación del artículo 129 de la Constitución, que prohibía a militares realizar tareas ajenas a la disciplina militar. Ahora hay carta blanca porque esas funciones se “limitarán” a lo que diga la Constitución y las leyes que emanen de ella. Esto quiere decir que las cuatro Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea, Marina y Guardia Nacional) podrán dedicarse a lo que dicten las leyes que emanen de la Constitución, como lo que se le ocurra a la jefatura de Estado del momento: construir obras públicas, aeropuertos, trenes, complejos turísticos, administrar aduanas... un sinfín de actividades que, no por casualidad, ya estaban pasando por medio de decretos presidenciales.

Además, sus reformas también contemplaron que la Guardia Nacional, creada por él para fungir como Policía Nacional, con supuesta intención de tener carácter civil, haga parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Será una Fuerza Armada más y pasará a ser conducida por un general de división castrense. Pero no se detiene ahí. Esta Guardia Nacional, que también será responsable de tareas de seguridad pública como investigar delitos, ahora tendrá fuero militar. Es decir: cualquier violación de derechos humanos o delitos que comentan sus miembros serán juzgados en los tribunales militares. Es, en otras palabras, el famoso caso de ser juez y parte.

Esto es lo que ha promovido “uno de los grandes”. El aliado, el amigo. El que en campaña presidencial prometía “sacar al Ejército de las calles”. Por eso, cabe preguntarse: ¿Cómo puede el bloque progresista mostrarse tan tímido cuando uno de los grandes de la región normaliza la presencia militar en la vida diaria? ¿En serio no habrá un momento de pausa, entre tantos halagos, para reflexionar sobre esta situación crítica? ¿Qué harán líderes como Gustavo Petro o Irene Montero, siempre críticos con la militarización? ¿Seguirán guardando silencio sobre todo esto?

¿Cómo pueden ser hermanos de lucha cuando ante unos abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad la ciudadanía tendrá poco por hacer? ¿Y saben quiénes seguirán siendo los más afectados? Sí: los pobres, los más necesitados, que están sistemática y estructuralmente más expuestos a potenciales abusos de poder, en México como en otros lugares. ¿Cómo aplaudir esta transformación cuando no solo se refuerza la militarización, sino que también se debilita del Poder Judicial, se expande la prisión preventiva oficiosa, y se propone al país deshacerse de instituciones autónomas fundamentales para que haya pesos y contrapesos y evitar la concentración de poder?

En teoría, la bandera de los gobiernos progresistas o de izquierda es impulsar agendas de cambio social profundo y, por tanto, sería lógico que fueran estos quienes lideraran la transformación del sector seguridad. Sin embargo, en México estamos viendo la consolidación de un modelo militarizado. Un enfoque que, lejos de ser progresista, otorga mayor poder político y económico a las Fuerzas Armadas. Además, si un supuesto gobierno transformador respalda y profundiza la militarización, ¿qué señal envía a otros países de la región?, ¿les da una especie de “luz verde moral” para que cualquier otro gobierno, independientemente de su orientación política, pueda justificar decisiones similares? Esto no solo contradice los valores progresistas, sino que además pone en riesgo los avances democráticos que tanto ha logrado conseguir en una región marcada por la desigualdad, las violencias y el fuerte pasado de dictaduras militares.

Por supuesto, la diplomacia, la estrategia y el mantener alianzas son cruciales para avanzar en agendas comunes. Pero espero que, al menos en privado, el sector progresista latinoamericano haga saber sus preocupaciones a la presidenta Sheinbaum. Y también, aunque lo veo difícil, confío en que ella tenga razón cuando afirma que quienes ven militarización en México están equivocados. Porque en una región donde es cada vez más urgente repensar la seguridad, que México —uno de los referentes más importantes— refuerce esta tendencia y vaya en contravía, no hace más que complicar el camino hacia soluciones verdaderamente transformadoras y efectivas para proporcionar la tan anhelada tranquilidad a nuestras ciudadanías.