El Estado cómplice que le falla a las mexicanas

Luz Raquel Padilla tenía 35 años, un hijo con una discapacidad y ninguna oportunidad de encontrar en las autoridades protección para escapar de los ataques de unos vecinos discriminadores y violentos, de una familia sabedora de que en México los gobiernos prohíjan la impunidad.

Ella murió esta semana y es solo el ejemplo más reciente, aunque también uno de los más descarnados, del infierno que padecen las mujeres en este país.

Habitante de Zapopan, ese municipio que por su crecimiento urbano se ha comido a Guadalajara, la capital de Jalisco, Luz Raquel padeció ataques verbales y físicos por parte de una familia que se quejaba de que su crío –con autismo-- les parecía molesto. Ella recurrió a la policía, pero en México la autoridad no está diseñada para proteger a las víctimas, o procurarles oportuna justicia.

Sus denuncias por el peligro que le acechaba también llegaron a las redes sociales. Mas fue en vano.

El martes falleció luego de un ataque tan inhumano como vil. Sus victimarios le prendieron fuego el sábado de la semana pasada. Su voz, denunciando en internet la seriedad de las amenazas que enfrentaba, que ya se habían traducido en quemaduras por cloro industrial que le provocaron los vecinos acosadores, hoy resuena en todo aquel que aún albergue empatía en un país que a diario mata a una decena de sus hijas: qué tipo de crueldad es ésta que deja a un hijo huérfano de quien además estaba empeñada en ser su cuidadora permanente.

En México, ni las policías, ni las fiscalías, pero tampoco las oficinas de defensa de derechos están diseñadas para proteger a los ciudadanos. Menos aún a las ciudadanas. El caso de Luz Raquel escuece porque lo que ha seguido a esa barbaridad es el concurso de gobernantes que balbucean pretextos y pronuncian declaraciones insulsas e inaceptables en su intento de justificar la falta de protección gubernamental a alguien que había denunciado formalmente e incluso exhibido las pintas amenazantes.

El presidente de la República y el gobernador de Jalisco, que coincidieron este viernes en un acto en la población jalisciense de Puerto Vallarta, declararon cada cual a su manera que esta muerte, y por lo que dijeron se desprende que otras similares del pasado reciente o del futuro, son causadas por la deshumanización de la sociedad.

Andrés Manuel López Obrador y Enrique Alfaro exhiben un patrón nada desconocido, no por ello menos perjudicial. Encarnan a autoridades que lidian con una crisis normalizando la violencia. Control es lo que buscan, sofocar la indignación, resbalar la responsabilidad antes que iniciar una reflexión, y una pesquisa, que establezcan responsables por acción, pero también por omisión, como podrían ser múltiples actores de las instituciones.

Así que tras el atentado mortal nada sorpresivo en contra de Luz Raquel, hombres en los gobiernos se aseguran de que futuros victimarios reciban el mensaje de que la autoridad no reconoce errores y menos eleva el costo a quienes hayan, desde el aparato gubernamental, abandonado a víctimas que solicitaron protección. Al garantizar que este caso no supondrá un revulsivo de los procedimientos preventivos, siembran futuras impunidades. Hombres hablándole a hombres de responsabilidades abstractas no concretas.

No hay espacio para pensar que las cosas mejorarán, que estas muertes podrían al menos hacernos tomar conciencia para cambiar, para entre todas y todos diseñar políticas de protección de las mujeres, jóvenes y no tan jóvenes.

Porque incluso en casos en donde la indignación popular ha logrado que las autoridades respondan con algo más que explicaciones sobre las causas históricas de la violencia, o la imposibilidad de cuidar a alguien si un victimario se empeña en ultimar a una persona, los resultados dejan mucho qué desear y no están exentos de muestras de impericia e indolencia, como ha ocurrido en el caso de Debanhi Escobar, la joven regiomontana que desapareció tras ir a una fiesta y fue encontrada muerta el 21 de abril.

Al arranque de esta semana, Debanhi volvió a ser noticia. Y volvió a ser victimizada, habría que decir, por las autoridades. La demanda de justicia para esta chica obligó a las autoridades a realizar una nueva necropsia. Y este lunes se reveló que según ésta ni murió ahogada accidentalmente en una cisterna, ni murió inmediatamente tras desaparecer en la carretera donde fue dejada por un chofer.

La revelación de que Debanhi estuvo viva durante días, y que su muerte fue por asfixia provocada, remeció a quienes nunca creyeron que la chica había fallecido por una serie de malas decisiones personales que le habrían llevado a resbalar y caer en un aljibe. No murió, la mataron. No se equivocó, la ultimaron. No desapareció, la sustrajeron.

Esos hallazgos periciales exhiben la incapacidad del gobierno de uno de los estados que suele presentarse, por su urbanización e industria, como de un país aparte.

Al final, Debanhi desnuda que en Nuevo León son iguales que todo México: que no solo fueron cero efectivos para dar con la joven cuando ésta todavía estaba viva y su familia ya había denunciado la desaparición, sino que quedando al descubierto la falsedad de la primera versión dada por la autoridad sobre las causas de la muerte, nadie en el gobierno neoleonés tiene la vergüerza de renunciar, y el gobernador Samuel García tampoco limpia de ineptos su administración.

Ese es otro de los mensajes que abonan a la impunidad. El gobierno es una agencia de empleo donde la permanencia depende de compadrazgos políticos, no del servicio que presten a los ciudadanos. Y si la falla gubernamental involucra a una mujer, el camino de la burocracia dorada para escapar a la rendición de cuentas será aún más despejado: siempre se podrá decir que ella se lo buscó, que quién le manda ir de fiesta, que dónde estaban sus amigas, que para qué bebe, que a quién se le ocurre vestir así...

Porque como con el aborto, si fueran los hombres los que estuvieran siendo asesinados por ellas, la crisis estaría en vías de resolverse. Los gobiernos de los hombres emplearían esfuerzos, expertos y estrategias para prevenir tan grande catástrofe. Seguramente se habría reunido el gabinete federal, o se habría convocado ya una reunión nacional de gobernadores y presidente para dar con la solución.

Cómo que a un padre que cuida permanentemente a su hijo le ha matado una vecina. Qué deshumanizado está México. Y encima el tutor ya había denunciado, y lo quemaron vivo. ¡Qué nos pasa!

Dónde se ha visto que una chofer deje a un joven en medio de la noche en lo despoblado y que luego éste haya decidido internarse en un paraje desconocido para terminar ahogado, accidentalmente, en una cisterna. Por quién nos toman a los hombres para que crean las mujeres que nos tragaremos esa historia sin pies ni cabeza. El joven solo quería divertirse como es debido a esa edad y no supimos cuidarlo entre todos. ¡Qué injusticia!

Cómo que una mujer que ha tenido altos cargos en administraciones del estado de Puebla se atreve a atentar contra su excónyuge y lo mata porque tenía una disputa por los hijos de ambos. Cárcel y corrección de las leyes para mantener a salvo a los hombres que solo buscan cuidar a las crías.

Este último párrafo se refiere, por supuesto, al caso de Cecilia Monzón, activista asesinada el 21 de mayo en Puebla, homicidio a balazos en un ataque directo donde el presunto autor intelectual es su exesposo, un conocido militante del PRI que incluso fue candidato a la gubernatura.

Monzón era una acreditada feminista a la que mataron dos sicarios. Su lucha a favor de otras mujeres fue segada por las balas. Tan duro acontecimiento, tan puntual exhibición de violencia machista, se trató, sin embargo, de solo uno más de los feminicidios de este año.

Una nueva generación de mujeres reclama el fin de la violencia en medio de asesinatos cotidianos en los que resultan exhibidos los gobiernos de los tres niveles.

Ese reclamo no puede tener otro futuro que la caída del muro institucional que les deja en el desamparo.

La llegada de más mujeres al cargo de gobernadora podrá suponer que nuevas y empoderadas aliadas emprendan iniciativas para modificar instituciones y marco normativo que hoy no están del lado de la efectiva protección de hijas y madres.

Pero descansar en los hombros de nuevas gobernadoras, la carga de hacer el cambio sería de nuevo una actitud equivocada: la responsabilidad es de todos, y de los hombres más que de nadie.

Estamos frente a una tragedia que tendría que resultar insoportable a la sociedad; tan pesada que obligue a los actuales gobiernos a reformarse, por los casos visibles como el de Luz Raquel, Debanhi y Cecilia, y por los incontables casos invisibles que cada día ocurren. Atentados disímbolos pero surgidos de un mismo patrón: la tolerada e incluso incentivada violencia machista.

Los gobiernos le han fallado a las mexicanas, tanto al no emprender efectivas medidas de prevención de la violencia, como al no responder adecuadamente cuando ésta es denunciada.

La violencia machista ha dejado en Zapopan un huérfano que de ninguna manera podía quedarse sin madre. Se los dijo, nos lo dijo. Y hoy con su absurda e indignante muerte nos lo sigue diciendo. ¿Hasta cuándo escucharemos? Quedarse en el lamento tras lo ocurrido a Luz Raquel, Debanhi, Cecilia y tantas otras hoy no solo sirve de poca cosa, sino que sabe a complicidad con autoridades omisas y negligentes.