Ucrania toca a la puerta de un México que no está preparado
La invasión rusa trastocará las finanzas públicas, la inflación y la producción agrícola de la economía mexicana. Sin reformas fiscales y de competencia, el país está desprevenido para ello
Ucrania está ubicada a lejanos 10.772 kilómetros de México y representa apenas el 0,02% del comercio internacional de nuestro país. Aun así, las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania bien podrían trastocar varios aspectos prioritarios de la economía mexicana y de los planes de López Obrador.
El impacto más importante será en las finanzas públicas a través del aumento en los precios del petróleo. De continuar el conflicto, algunos expertos estiman que el petróleo Brent pueda llegar a un precio de 130 dólares por barril y la mezcla mexicana a tocar los 115 dólares. De hecho, actualmente, la mezcla mexicana ya se encuentra por arriba de los 90 dólares, es decir, un precio 50% superior al que el Gobierno mexicano originalmente estimó cuando hizo sus cálculos de ingresos financieros para 2022.
Así, la invasión de Ucrania supone una lluvia de ingresos inesperados para el Gobierno de López Obrador. Y no por poco. Debido a la amplia dependencia que el Gobierno federal mexicano todavía tiene de recursos petroleros (representando 19,4% del total de ingreso del sector público), por cada dólar de aumento en el precio promedio anual del petróleo, la Administración recibe casi 14.000 millones de pesos adicionales.
Esto significa que la guerra en Ucrania podría suponer un momentáneo alto a las políticas de austeridad de López Obrador. Su Gobierno podría recibir hasta 400.000 millones de pesos adicionales a los esperados, lo suficiente para aumentar en 50% el gasto total en salud del país. Un incremento tremendo y muy necesario.
Sin embargo, no todas son buenas noticias. La invasión a Ucrania probablemente generará más inflación a través de su impacto en el costo de energéticos derivados del petróleo, particularmente el gas LP y la gasolina. La guerra encarecerá energéticos básicos que ya traían una tendencia al alza desde 2021 y que ya estaban siendo inflacionarios. De hecho, en el último año, cerca de una décima parte de la inflación mexicana se explica solamente por el impacto del precio de los energéticos.
La guerra, por tanto, supondrá una fuerte limitante a la política de recuperación salarial que López Obrador ha impulsado. La inflación reduce en términos reales el salario y tiene un impacto importante en la pobreza. Hoy en día, el 40% de los trabajadores mexicanos no ganan lo suficiente para poder comprar la canasta básica alimentaria para todos los integrantes de su familia. La inflación hará que este porcentaje aumente, echando abajo los significativos aumentos salariales que se han observado desde que comenzó el sexenio.
Finalmente, la guerra también puede tener un impacto importante en la producción agrícola. Rusia y Ucrania son dos de los principales proveedores de fertilizantes para México y el estallido de la guerra ha disparado los precios hasta en un 180%. Esto hará que pequeños y medianos productores se vean obligados a reducir las dosis de fertilizante que necesitan y con ello la calidad de su producción. Algunos expertos estiman que la producción de maíz, por ejemplo, podría disminuir hasta en 22% en 2022, debido a la falta de fertilización adecuada.
Un Gobierno federal desprevenido
Así, ante los efectos que la guerra tendrá en las finanzas públicas, la inflación y la producción agrícola, López Obrador ha propuesto como solución subsidiar los energéticos. Incluso ha declarado que los aumentos en el precio del gas no serán percibidos por el consumidor mexicano porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) encontrará mecanismos para producir energía de otras fuentes.
Esta declaración es un tanto deshonesta. Aun asumiendo que la CFE pudiera controlar el precio del gas natural en México, no podría hacer lo mismo con el precio de las gasolinas y del gas LP que son bienes mayormente importados. Estos dos últimos combustibles son los que más afectan el bolsillo de los mexicanos porque son los que más comúnmente se usan en la transportación y la cocina.
Para controlar los precios del gas LP y la gasolina la única alternativa sería un subsidio. Sin embargo, dada la baja recaudación del Estado mexicano esto sería francamente inviable. Con una recaudación de 16 puntos del PIB, México recauda menos impuestos que Bahamas y tiene el menor gasto social de cualquier país miembro de la OCDE. El Estado mexicano está en situación de inanición.
Más aún, el precio de la gasolina ya se encuentra subsidiado de manera indirecta porque el Gobierno de López Obrador ha dejado de cobrar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas. Esto ha supuesto que, tan solo en 2021, se dejen de recaudar 104.000 millones de pesos y la cantidad para 2022 sería mucho mayor. En 2019, antes de ser eliminado, el IEPS llegó a recaudar hasta 297.000 millones de pesos anuales.
Si López Obrador quisiera otorgar, además de este subsidio indirecto a la gasolina, un subsidio directo a la gasolina y el gas LP, el costo sería de tal magnitud que, incluso los recursos adicionales que reciba el Gobierno mexicano por el aumento en el precio del petróleo podrían ser insuficientes. Durante el sexenio de Felipe Calderón, por ejemplo, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias calcula que el subsidio a la gasolina tuvo un costo de 700.000 millones de pesos.
Además, en el caso específico del gas LP, no queda claro que el subsidio beneficiaría al consumidor final. Dada la estructura oligopólica de la industria, existe una muy buena posibilidad de que los productores utilicen el subsidio para aumentar su utilidad y no lo transmitan al consumidor mediante el precio final del producto. Como ha documentado la Cofece, en 213 de 220 mercados de gas LP de México no existe competencia debido a la existencia de agrupaciones clandestinas encargadas de evitar la entrada de nuevas empresas. Esto ha hecho que en varias ocasiones el precio del gas LP para el consumidor se mantenga alto, aun cuando el precio del insumo es bajo.
Un plan para el futuro
Lo más honesto sería que López Obrador aceptara que, dadas las circunstancias actuales, los precios de los energéticos subirán y planteara un plan a largo plazo para estar mejor preparados para el futuro.
Esto requeriría hacer una reforma fiscal que dejara de recargarse en las clases medias y comenzara a cobrarle más impuestos a los ricos. En México, el 10% de las familias de mayores ingresos se quedan con el 54% del ingreso, pero solo pagan el 45% de los impuestos. Estas personas deben pagar más a fin de crear un Gobierno funcional.
A la par de una reforma fiscal el Gobierno debe imponerse a las mafias de venta de gas LP, impidiendo que estas sigan operando de manera impune, en ocasiones, como me han comentado dos de mis informantes de manera independiente, amenazando a los reguladores y funcionarios públicos. Si López Obrador es serio en enfrentarse a “la mafia del poder” como ha argumentado, un buen lugar para comenzar es la distribución de gas LP.
El Gobierno federal ha tratado de reducir el precio del gas LP mediante la creación de una empresa pública: Gas Bienestar. Sin embargo, sus inicios se han complicado. La cobertura geográfica de la empresa se ha retrasado, y en distintas regiones del país, el precio del gas LP ha aumentado, incluyendo el precio de Gas Bienestar. Una sola empresa pública no puede crear competencia. Lo único que bajará el precio del gas LP es que se regulen los abusos de la industria.
Finalmente, es importante que el Gobierno mexicano promueva el uso de biofertilizantes que puedan sustituir, en casos necesarios, a los fertilizantes importados de Rusia y Europa del Este. Muchos gobiernos han tratado de resolver la dependencia de México de exportaciones de fertilizantes, pero por una u otra razón, en ocasiones por abierta corrupción, no se ha logrado.
Resolver los problemas del país requiere que López Obrador sea honesto respecto a sus limitaciones y requiere acciones innovadoras y arrojadas de política pública. Un subsidio a los energéticos pagado a partir de recortes presupuestales en otras áreas de Gobierno no es lo que necesitamos.
Para ello, la Cofece necesita un apoyo político por parte del presidente que ahora no tiene.
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