Pensándolo bien
Columna
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Otra de periodistas, y algo peor

Los periodistas y activistas asesinados constituyen un dato incómodo que no encaja en el relato del presidente de un país en el que ya no existe la corrupción

En las escaleras de la Secretaría de Gobernación, unos reporteros instalaron un pequeño altar con imágenes de periodistas asesinados en México.
En las escaleras de la Secretaría de Gobernación, unos reporteros instalaron un pequeño altar con imágenes de periodistas asesinados en México.Hector Guerrero

El presidente de México está tan obsesionado con el intercambio de reclamos y agravios diarios con la prensa “conservadora” que ha perdido sensibilidad para entender la magnitud de la violencia que se ejerce contra los periodistas y las implicaciones que ello acarrea. Como bien se ha dicho, el asesinato de un periodista es la versión extrema de la censura en una sociedad. Andrés Manuel López Obrador se ufana de que en México existe un respeto irrestricto de la opinión pública, sin darse cuenta de que el primer ladrillo en la construcción de esa opinión es la posibilidad de que se puedan reportar los hechos al resto de la sociedad sin que ello signifique la muerte para el informador. México es el país con mayor número de asesinatos de comunicadores en el mundo, después de Afganistán. Asumir que existe libertad de opinión pública en esas condiciones, es como presumir el nivel cultural de un país por el número de alfabetizados aunque se mate a quien publica libros.

Una vez más, habría que insistir que no se trata de que la vida de un periodista sea más importante que la de cualquier otro ciudadano víctima de la inseguridad pública que vive el país. Si cualquiera de nosotros cae como resultado de la violencia indiscriminada y azarosa que sufrimos cotidianamente, habrá que lamentarlo e indignarse en la misma proporción que en el caso de un taxista, un estudiante o cualquier otro mexicano. Pero cuando el asesinato tiene como propósito silenciar a un periodista, el crimen va dirigido a la sociedad en su conjunto, pues lesiona el derecho que tiene una comunidad para estar informada de la realidad. Se dirá que se trata “apenas” de 28 casos en lo que va del sexenio, considerando que más de cien mil personas han sido asesinadas en el mismo lapso, pero eso no es más que la punta del iceberg. La ejecución de un reportero es el caso extremo; por cada uno de ellos hay cientos, si no es que miles, de advertencias, amenazas y acosos. En conjunto una violencia que reprime la posibilidad de dar cuenta de toda aquella información susceptible de molestar a los poderes legales e ilegales. En muchas regiones los medios de comunicación y periodistas han optado por autocensurarse y con ello dejar a sus comunidades en la ignorancia de la corrupción y el crimen que padecen. No hay posibilidad de libertad de opinión donde no hay manera de informarse de lo que está sucediendo, más allá de los discursos de la autoridad. Y, dicho sea de paso, está documentado que la mitad de las agresiones proceden de actores políticos, no necesariamente del crimen organizado.

Lo mismo podría decirse del sistema de justicia; la vida de un juez es tan respetable como la de cualquier otro ciudadano. Pero bastaría que se atente impunemente contra media docena de jueces que hayan sentenciado a un narco, para que todo el poder judicial, que no es precisamente ejemplar, quede colapsado para efectos de aplicar la ley en contra de los capos. Toda proporción guardada es el mismo caso en lo que respecta a periodistas y libertad de prensa.

Ciertamente, el Gobierno de la 4T no generó las condiciones que vive México en materia de inseguridad pública. Grosso modo las tendencias son similares a las de administraciones anteriores y las causas que las explican no nacieron en este sexenio. Pero luego de tres años en el poder podría esperarse, al menos, una preocupación genuina de parte de la autoridad para bordar el problema. Sobre todo porque el efecto es acumulativo; hoy en día la autocensura en los medios locales es mucho mayor que la de hace seis años. El crecimiento del control que los carteles ejercen en el territorio deja en claro a editores y reporteros que no hay defensa en contra de una amenaza y los números de este año no hacen sino confirmarlo. En muchas regiones, cada vez en mayor número, el profesional no tiene más remedio que someterse a las advertencias o seguir operando sabiendo que cada día puede ser el último. Tal fue el caso de Lourdes Maldonado, la más reciente de la lista, y la de tantos otros y no solo en el terreno del periodismo.

En cierta manera estos son los héroes de hoy en día. Activistas de derechos humanos, defensores del medio ambiente, denunciadores de talamontes, candidatos y ediles municipales que intentan rescatar a su pueblo de las manos del crimen, policías y ministerios públicos honestos, periodistas decididos a seguir informando. En cada una de estas áreas decenas han sido ejecutados impunemente y con ello se va perdiendo el último bastión capaz de ofrecer resistencia a la violencia y la corrupción que va tomando el control del tejido social y territorial.

Por eso me resulta descorazonador la tibia reacción de un hombre que decidió combatir la injusticia y la corrupción. Cada que en las mañaneras surge el caso de la ejecución de una madre en busca de su desaparecido, la muerte de un crítico de los talamontes, la supresión de un reportero incómodo al poder, el presidente se muestra contrariado por la pregunta. Afirma, como tantas otras autoridades en el pasado, que el incidente no quedará impune, que será investigado hasta las últimas consecuencias, y dos frases más tarde vuelve al consabido tema de los agravios en su contra vertidos por la prensa conservadora. Los periodistas y activistas asesinados constituyen un dato incómodo que no encaja en su relato de un país en el que ya no existe la corrupción y, por consiguiente, le merecen un breve comentario para salir al paso. Para ellos no hay láminas que proyectar, ni recuento de casos o seguimiento de los anteriores. Mucho menos el reconocimiento al hecho de que perdió la vida luchando por sus ideales.

Los “héroes” en cuya defensa se extiende son los Pedro Salmerón, los Salgado Macedonio, los Gertz Manero o los gobernadores afines que han sido cuestionados por uno u otro motivo. El presidente reacciona como si el señalamiento a estos personajes constituyera una ofensa a su persona. Le indigna la injusticia que se está cometiendo, lo cual podría ser explicable si él está convencido de su inocencia. Pero no deja de sorprender el distanciamiento que asume con aquellos que verdaderamente deberían ser los héroes de alguien, que como él, ha sido un luchador social toda la vida. Son ellos, las Lourdes Maldonado, los que están cayendo en la trinchera que enfrenta a la injusticia y a la corrupción, que sí existen en el país.

@Jorgezepedap

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