México enfrenta el reto de evitar la normalización de la violencia política

Pese a la aparente tranquilidad de la cita electoral del domingo, la contienda alumbra la inseguridad constante en que viven funcionarios y candidatos, presentes y pasados

Técnicos forenses trabajan en una casilla electoral donde un hombre arrojó una cabeza humana, en Tijuana, en junio de 2021.
Técnicos forenses trabajan en una casilla electoral donde un hombre arrojó una cabeza humana, en Tijuana, en junio de 2021.Jorge Dueñes (REUTERS )

México llega a la cita electoral del domingo herido de gravedad, sangrando violencias de todo tipo. Una de las más evidentes afecta a la clase política, a diputados, alcaldes y regidores, pero también a funcionarios y dirigentes de partidos. A las familias de todos. Con votaciones en seis Estados, la inquietud por la inseguridad trasciende al día de los comicios y apunta a los procesos: la selección de candidatos, la composición de los equipos de gobierno, los apoyos económicos… La campaña parece más tranquila que otros años, ajena esta vez a elecciones municipales. La consultora Etellekt ha contado 85 agresiones a políticos en estas semanas, aunque solo 11 contra aspirantes a algún cargo de elección popular.

En perspectiva, sin embargo, los datos son escalofriantes. De 2018 a 2022, México ha registrado 663 ataques contra “personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos”, según el conteo de la organización Data Cívica, que mantiene el proyecto Votar entre Balas, sobre violencia política y electoral. Por ataques, Data Cívica entiende amenazas, asesinatos, ataques armados y atentados de cualquier tipo, además de secuestros y desapariciones.

El año en que más ataques se han registrado ha sido 2021, con 176, solo por encima de 2018, cuando se celebraron las últimas elecciones presidenciales. México contó entonces 167 ataques. Por su lado, el proceso electoral de 2021 ha sido el más grande de la historia del país. Los votantes eligieron 500 diputados federales, 15 gobernadores, 1.063 diputados en 30 congresos locales, además de autoridades en 1.926 municipios.

La pregunta, entonces y ahora, es por qué arrecia la violencia. Por qué la elección de cargos públicos, el trabajo que desempeñan, motivo de riñas y discusiones en todo el planeta, degenera en México en torrentes de violencia mafiosa. Y por qué, después de tantos años, la situación sigue sin cambiar.

Para Sandra Ley, responsable del proyecto Votar entre Balas, México vive “guerras criminales de largo aliento”, en las que la política figura como uno de los escenarios bélicos. Académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ley añade: “No podemos pensar en el crimen organizado como actor económico, sino también como actor político, no en términos de ser parte de un partido u otro, sino por su objetivo de generar redes de protección para operar”.

Este año se han visto de nuevo ataques a políticos, igual que el año pasado. A estas alturas, Data Cívica cuenta 72 asesinatos —en 2021 hubo 73—, la mayoría de funcionarios, la mayoría en el ámbito local, la misma tónica de los últimos ejercicios. Han disminuido, en cambio, los ataques ligados al proceso electoral del domingo. “El aumento de ataques estos años es porque hemos tenido cientos de elecciones locales, ámbito en que incide el crimen organizado. En 2018 y 2021 se renovaron todas estas presidencias municipales y así tenemos tantos ataques”, explica. El domingo se votan, en cambio, relevos al frente de los Estados.

Enriquecer la noción criminal

En México se asume muchas veces que la violencia ligada al tráfico de drogas permea en otros ámbitos, caso del político o el electoral. Como si los asesinatos de alcaldes y candidatos respondieran, en general, a disputas por el menudeo de marihuana o metanfetamina, o al control de un ruta de tránsito. No es que no pueda ocurrir, pero resulta absurdo generalizar, como argumenta Romain Le Cour, coordinador del programa de seguridad de la organización México Evalúa.

Dice Le Cour: “En el caso de México, donde las líneas entre diferentes tipos de violencias son turbias, la violencia política tiene el objetivo de cambiar o influenciar el comportamiento de otros actores locales. Si matas a un presidente municipal, a un activista, a un periodista, el efecto disuasorio es inmediato. Al momento de querer lanzarte, te lo vas a pensar dos veces”, argumenta.

Para el experto, el peso de autoridades y candidatos en la violencia que sufre el gremio reside irónicamente en su seno. “Si tuviéramos investigación y justicia en este país, nos daríamos cuenta de las responsabilidades compartidas. Mira, la Secretaría de Gobernación considera que en casi la mitad de los casos de periodistas asesinados hay autoridades públicas directamente involucradas”, señala. “Si seguimos la pauta del diagnóstico, si la mitad de estos asesinatos [de periodistas] tienen que ver con autoridades públicas, no veo por qué sería diferente para contiendas electorales”, añade.

Ahondando en la responsabilidad del propio gremio, Ley, autora del celebrado libro Votos, drogas y violencia: La lógica política de las guerras criminales en México (Debate, 2022), añade que “el crimen para existir necesita redes de protección”, término que usa también el académico Benjamin Smith, autor de la monumental obra The Dope (Norton, 2021), sobre la historia del tráfico de drogas en México y su relación con la violencia.

“Estas redes de protección empiezan a sacudirse con las alternancias políticas en los años 90, pero acababan por restablecerse”, explica Ley. En ese sentido, nuestra democracia es iliberal, porque de la democracia solo tenemos el ejercicio del voto. Nos hemos concentrado en el ejercicio electoral, pero carecemos de un estado de derecho fortalecido”, matiza. “El Estado mexicano necesita limpiarse de las redes de protección gestadas durante el autoritarismo del PRI, en el Ejército, las fuerzas de seguridad. Ese mismo aparato de justicia que dio pie a violaciones de derechos humanos, es la misma que ha continuado a la democracia”, zanja.

Le Cour insiste en realizar las preguntas correctas. “Las explicaciones que hay en México son en términos de incentivo criminal: matan para controlar el presupuesto público, una ruta, etcétera. Puede ser, sí, pero ¿a quién le beneficia el crimen? El líder criminal de la zona tiene un año, dos, tres, de esperanza de vida, cinco es raro, 10, extraordinario. Quedan los líderes políticos, empresarios, gobernadores, fuerzas públicas… Si hiciéramos esta pregunta de forma neutra, en vez de pensar en el narco, veríamos la cantidad de gente que tiene intereses en eliminar a tal alcalde”, concluye.

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Sobre la firma

Pablo Ferri

Reportero en la oficina de Ciudad de México desde 2015. Cubre el área de interior, con atención a temas de violencia, seguridad, derechos humanos y justicia. También escribe de arqueología, antropología e historia. Ferri es autor de Narcoamérica (Tusquets, 2015) y La Tropa (Aguilar, 2019).

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