El proyecto piloto de voto en las cárceles mexicanas deja como ganador a Morena

En un ejercicio histórico, las personas en prisión preventiva pudieron votar en las elecciones intermedias del pasado 6 de junio. Fueron pocas, menos de 1.000, y en condiciones limitadas, eligieron prácticamente sin información sobre los partidos políticos y sin observadores electorales, pero es el primer paso de cara a 2024, cuando 90.000 presos sin condena firme deberán ejercer su derecho al sufragio. El Observatorio Libres para Elegir ha revelado esta semana sus conclusiones sobre este proyecto piloto: se registró una altísima participación, el 95% de los que podían votar, lo hicieron, y Morena se alzó como ganador, con un 39% de los votos, por delante del PRI (30%), Movimiento Ciudadano (10%) y el PAN (9%).

En las cárceles mexicanas hay alrededor de 90.000 personas privadas de libertad que todavía esperan una sentencia. A raíz de un amparo presentado en 2018 al Tribunal Electoral, este dictaminó que se debía garantizar el derecho al sufragio de las personas en prisión preventiva de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Justo a medio camino, en estos comicios donde se eligieron alrededor de 2.000 cargos locales, 15 gobernadores y los diputados del Congreso, el Instituto Nacional Electoral (INE) debía hacer su primera prueba.

Se eligieron cinco centros federales en Sonora, Guanajuato, Chiapas, Michoacán y Morelos. Del primer registro de 2.699 personas, los participantes para esta primera prueba se redujeron a 949. Esto es el 1% de la población que deberá votar en tres años. “Es muy poquito, por lo complejo que llega a ser el sistema penitenciario, se podía haber preparado algo más ambicioso, para que se puedan ir subsanando los obstáculos que van a aparecer”, valora José Luis Gutiérrez, director de la asociación Asilegal. “En 2024, el INE se va a enfrentar a centros no tan bien estructurados como los cinco que han elegido. Se enfrentará a centros con autogobierno, hacinamiento y sobrepoblación”, apunta.

La votación fue anticipada y se desarrolló entre el 17 y el 19 de mayo. “Los llamaban uno por uno”, detalla Ángela Guerrero, coordinadora de CEA Justicia, una de las organizaciones que impulsó el Observatorio. “Era la primera vez que personal del INE ingresaba en las prisiones y se trataba de un proceso muy largo. No se podía llevar a cabo el 6 de junio”, apunta Guerrero.

En el mismo día en el que debían votar, la población en las prisiones recibió un pequeño documento con apenas unas líneas de datos resumidos de las propuestas de cada partido. Esto es insuficiente, considera la coordinadora de CEA Justicia: “El derecho a votar y el derecho a la información van de la mano. Tienen que mejorarse los procesos de participación cívica previa”. Guerrero pone de ejemplo a Costa Rica, donde incluso se llevaron a cabo debates presidenciales dentro de las cárceles.

Los partidos políticos tampoco han puesto todavía el foco en las personas en prisión. De todos los que contendían el 6 de junio, solo Movimiento Ciudadano había presentado propuestas específicas para estas poblaciones: regular el trabajo penitenciario, desaparecer la prisión preventiva y garantizar la independencia de los jueces y las Fiscalías. Para Guerrero, estas medidas concretas pueden haber sido una de las causas para que el partido naranja se convirtiera en el tercero más votado dentro de las prisiones y sacara tres puntos más que en el voto en el exterior.

El mayor reto que queda pendiente después de este programa piloto es la presencia de observadores electorales. Las organizaciones resaltan que no se puede llevar a cabo con transparencia una votación si no está presente la sociedad civil o los medios de comunicación. “Nadie pudo vigilar este proceso”, apunta Gutiérrez. La situación se agravará cuando el sufragio deba realizarse en los casi 300 centros penitenciarios del país, algunos de ellos manejados por grupos ajenos al Estado. El INE también deberá entrar en ellos y hacer funcionar la votación con certeza.

“Son 90.000 votos que pueden ser claves. Puede ser una votación bisagra y 2024 está ya aquí al lado, el INE tiene mucho que planear todavía”, asevera Guerrero. A pesar de las limitaciones, las organizaciones consideran el proyecto piloto como “un momento histórico en el reconocimiento de los derechos de las personas privadas de libertad”. El director de Asilegal concluye: “Es un paso gigante para promover el derecho a la reinserción social”.

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