México y EE UU chocan por las supuestas violaciones laborales en una mina del millonario Germán Larrea

Las presuntas violaciones laborales en una mina del multimillonario mexicano Germán Larrea han cimbrado las relaciones entre México y Estados Unidos. Las condiciones de trabajo al interior del yacimiento, situado en Sombrerete (Zacatecas), han dado pie al primer panel laboral binacional desde la entrada en vigor del TMEC, en 2020. Durante dos días ambos países han cruzado acusaciones y defendido sus trincheras. México ha pedido que se deseche la controversia, promovida por EE UU, argumentando que el panel no tiene jurisdicción sobre el tema y que el conflicto ya fue resuelto por las autoridades mexicanas. Estados Unidos, por el contrario, asegura que las presuntas faltas en perjuicio de los trabajadores persisten y, por ende, es procedente la denuncia. En los próximos 30 días hábiles, Canadá, en su papel de árbitro, deberá resolver si la instancia es competente para pronunciarse sobre este caso

Un yacimiento de cobre, plomo y zinc de 1.500 hectáreas en el Estado de Zacatecas —propiedad del segundo hombre más rico del país, Larrea— ha generado una polémica inédita entre México y Estados Unidos. Alan Bonfiglio, director general de Comercio Internacional de Servicios e Inversión de la Secretaría de Economía (SE), cuestionó el alcance del Mecanismo de Respuesta Rápida Laboral del TMEC y aseguró que la denuncia hecha por el Gobierno estadounidense supone una afrenta a la soberanía de México. “El caso que ha planteado (Estados Unidos) ante este panel está basado en especulaciones, tiene interpretaciones sumamente deficientes”, defendió el director de la SE en su intervención.

En la otra trinchera, Estados Unidos aseguró que sí es un caso procedente porque las presuntas violaciones laborales iniciaron desde 2007, pero continuaron una vez signado el TMEC. “México hizo compromisos en el TMEC. Estados Unidos ha planteado el no cumplimiento de los empleadores de esta mina, lo que supone que hay una denegación de derechos”, expuso Annelies Winborne, abogada de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés)

De acuerdo con las pesquisas del Gobierno estadounidense, la mina, propiedad del conglomerado Grupo México, actuó de manera ilegal y violó la democracia sindical de sus trabajadores. EE UU ha defendido en el panel que la minera —administrada por la filial Industrial Minera México (IMMSA)— reactivó las operaciones en el yacimiento San Martín a pesar de la huelga en curso y, además, realizó negociaciones irregulares con una parte de los mineros, pese a que el sindicato liderado por Gómez Urrutia es quien tiene los derechos de representación para una negociación colectiva.

Otro de los puntos en polémica versó sobre si la mina San Martín podía considerarse o no como una “instalación cubierta” bajo las leyes del TMEC. De acuerdo con el Gobierno estadounidense, la Mina San Martín entra dentro del acuerdo comercial y sus leyes porque sus minerales sí se comercializan al otro lado de la frontera. La USTR argumentó que la minera reportó ventas por 54 millones de dólares en ese país en 2022. Sin embargo, Grupo México ha declarado previamente que esa mina no exporta su producción hacia EE UU.

La USTR solicitó a México en junio pasado que revisara el caso bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del TMEC. La petición de Estados Unidos se echó a andar solo un mes después de que el sindicato mexicano dirigido por el senador de Morena y líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, denunciara por escrito ante la USTR las presuntas irregularidades laborales en la mina.

Aunque Grupo México no se ha pronunciado aún sobre las conclusiones del panel, en el pasado ha defendido la legalidad laboral al interior de la Mina San Martín. Según la empresa, el conflicto en la Mina San Martín responde a los intereses del líder minero Gómez Urrutia. “Es tiempo de que se confirme de una vez que en ese centro de trabajo (Mina San Martín) no subsiste huelga alguna, ya que es voluntad de los trabajadores continuar laborando”, abundó en ese entonces la firma, por escrito.

Grupo México asegura que la paralización que mantuvo cerrada la mina durante más de 10 años fue levantada tras una asamblea de trabajadores en 2018, en la que decidieron “renunciar a la representación del sindicato liderado por Gómez Urrutia, levantar la huelga y reincorporarse de manera inmediata a sus puestos de trabajo”. La compañía minera, propiedad de Larrea, defiende que después de la huelga, el yacimiento ha recibido más de 105 millones de dólares en inversiones, produce más de 1,25 millones de toneladas anuales de mineral y genera cerca de 1.300 empleos.

La mina, enclavada en los terrenos desérticos de un municipio con menos de 64.000 habitantes, ha enfrentado por primera vez en materia laboral a México y Estados Unidos y Canadá, en su papel de árbitro, deberá emitir un fallo en los próximos 30 días hábiles sobre si es competencia de este panel pronunciarse sobre el caso y emitir una recomendación sobre una posible reparación aplicable en esta disputa.

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