Germán Larrea rechaza la queja laboral de Estados Unidos y carga contra el líder minero Napoleón Gómez Urrutia

Germán Larrea, dueño de Grupo México y el segundo hombre más rico del país, ha alzado la voz para defenderse de la queja que Estados Unidos presentó por supuestas violaciones laborales en una de sus minas. El llamado rey del cobre ha rechazado que en la mina San Martín, en Sombrerete (Zacatecas), se haya coartado el derecho de asociación y la libertad sindical, como presumen las autoridades estadounidenses. Grupo México acusa que detrás de este procedimiento, bajo el amparo del TMEC, se encuentra el interés particular del líder sindical y senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia. “Gómez Urrutia presentó dicha queja con dos motivos: el primero, crear y mediatizar un nuevo pretexto para ignorar el laudo definitivo que lo condena a pagar 55 millones de dólares, más rendimientos acumulados desde 2005, a extrabajadores mineros de Cananea. El segundo, mostrar que es capaz de generar conflictos y presionar para obtener un nuevo espacio político, al término de su periodo como legislador, y mantener así el respectivo fuero que lo protege de acciones legales derivadas de las imputaciones de incumplimientos y delitos que enfrenta”, refiere la empresa minera.

El magnate minero se ha demorado cinco días en responder a la queja laboral de EE UU, pero lo ha hecho con estridencia. El empresario defiende que los presuntos señalamientos respaldados por las autoridades estadounidenses tienen como trasfondo las gestiones de Gómez Urrutia y de la unión sindical estadounidense conocida como Steel Workers y asegura que en la mina San Martín opera en Zacatecas con base en la decisión libre de la mayoría de sus 1.300 trabajadores.

El Gobierno de Biden solicitó el viernes pasado a las autoridades mexicanas que sean investigadas las condiciones laborales en la mina San Martín. La petición de EE UU deriva de una denuncia del sindicato Los Mineros —una organización afín a Gómez Urrutia— presentada el 15 de mayo pasado. La investigación preliminar realizada por las autoridades estadounidenses revela evidencia de violaciones de los derechos de negociación colectiva, por lo que el siguiente paso fue presentar la queja ante la Secretaría de Economía. México tiene un plazo de 10 días para admitir o no está controversia. Si la admite, la Secretaría del Trabajo llevará a cabo su propia investigación en un plazo de 45 días. Con esta nueva reclamación, México suma 11 quejas laborales desde que el TMEC entró en vigor.

No es la primera vez que la mina San Martín —administrada por la subsidiaria de Grupo México, Industrial Minera México— es campo de batalla entre Larrea y el líder sindical Gómez Urrutia. La mina polimetálica estuvo cerrada 11 años debido a una huelga, que concluyó en agosto de 2018. Grupo México asegura que los trabajadores decidieron ese año renunciar a la representación del sindicato liderado por Gómez Urrutia, levantar la huelga y reincorporarse de manera inmediata a sus puestos de trabajo. “Esta voluntad mayoritaria de los trabajadores mineros, reconocida en su momento por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, es el único bien jurídico a tutelar, no así, los intereses de Gómez Urrutia. El derecho de huelga no es prerrogativa de un sindicato o de quien se ha apropiado de su dirigencia, lo es de la mayoría de los trabajadores que laboran en un centro de trabajo”, zanja la principal productora de cobre en un comunicado enviado este miércoles a la Bolsa Mexicana de Valores.

Grupo México presume que desde que la mina San Martín reanudó operaciones han invertido 105 millones de dólares y la producción del yacimiento rebasa ya las 1,2 millones de toneladas de minerales por año. “Industrial Minera México estará atenta a cualquier requerimiento de información que formulen las autoridades mexicanas relativo al desahogo que se determine dar a esta petición, en el marco del tratado comercial TMEC”, concluye la empresa.

El enfrentamiento entre una de las mayores empresas mineras de México y el polémico líder sindical Gómez Urrutia suma así un capítulo más. El ahora senador por Morena, Gómez Urrutia, heredó de su padre Napoleón Gómez Sada la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana en 2002, un bastión de representación laboral que agremia a más de 300.000 trabajadores. En esta lucha de dardos cruzados entre el líder sindical y las empresas mineras, el senador ha tomado ventaja al impulsar desde su escaño la reforma a la Ley Minera para elevar los impuestos y limitar las prerrogativas de los grandes capitales mineros, desde Grupo México, Fresnillo —de la familia Baillères— y Minera Frisco, del magnate Carlos Slim.

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