La pobreza de Tulum que el auge del turismo no puede ocultar

Una delgada calle de tierra arenosa divide un desarrollo inmobiliario de lujo y la colonia 2 de octubre en Tulum. En un lado, unos obreros construyen departamentos con modernos acabados de cristal, paredes color beige y albercas turquesa. En el otro, al terminar la jornada, los mismos obreros habitan chozas o palapas sin paredes, con piso de tierra, sin drenaje ni tuberías de agua. La escena se ha vuelto ubicua por todo el municipio, en donde turistas con un alto poder adquisitivo pasean en motocicletas Vespa a un lado de asentamientos ilegales en donde miles de personas viven en pobreza.

Tulum, la nueva joya de la Riviera Maya, es el municipio en donde la pobreza más aumentó en los últimos años en el país, de acuerdo a los datos más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La tasa pasó de 32% en 2015 a 62% en 2020. Esto tiene que ver con la alta migración de estados más pobres. A partir del desarrollo turístico en el municipio, personas que viven en pobreza y con alta inseguridad en Veracruz, Tabasco y Chiapas, entre otros, llegaron a Tulum en busca de trabajo. El Estado de Quintana Roo tiene una tasa de crecimiento poblacional de 3,5% — la más alta de la República mexicana—, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

La colonia 2 de octubre, no reconocida como tal por las autoridades, lleva por nombre la fecha en 2016 en que sus pobladores tomaron por la fuerza los terrenos en el centro de la ciudad, cuenta Jessica, habitante del asentamiento cuyo apellido se reserva por temor a represalias. Originaria del centro de la República, la madre de tres llegó a Tulum huyendo del crimen organizado en Playa del Carmen.

“Nosotros teníamos una tienda allá, pero se puso muy fuerte el cobro de piso”, dice Jessica, de 33 años, “llegó un día en que, al extorsionarnos, el cartel nos exigió que nos fuéramos. En ese momento se estaba organizando una junta de gente para poder entrar aquí, a este terreno, y nos vinimos para acá”. Jessica y su esposo viven en el asentamiento, en donde pusieron una tienda de abarrotes donde compran sus vecinos, la mayoría son trabajadores de hoteles, restaurantes, condominios y de construcción. A pesar de la inversión que representan estos negocios, los trabajos son informales.

Asentamientos ilegales

Para tener acceso a la electricidad, los pobladores colgaron “diablitos”, aparatos que hacen con materiales rudimentarios que conectan a la caja de fusibles de colonias cercanas en donde sí hay cobertura eléctrica. El agua la sacan con bombas de un pozo que cavaron y para bañarse acuden a un cenote cercano, en donde también conviven las familias. Esta fue la primera colonia de su tipo y le siguieron, por lo menos, otras dos que, originalmente, estaban a kilómetros de distancia de la zona hotelera. Hoy, las colonias han quedado inmersas en el desarrollo inmobiliario.

“Cuando nosotros llegamos aquí en esta parte no había nadie, era más como un pueblo fantasma”, cuenta Jessica, mientras le cobra un kilo de tortillas a una vecina. “Había una que otra palapa y poco a poco la gente fue abarcando los lotes y construyendo más palapas y cuando hay techos llega gente que quiere trabajar. En una palapa viven 15 adentro. Y van a seguir llegando”, asegura.

El crecimiento en Tulum ha sido tan explosivo que ni la pandemia lo frenó. De 2019 a lo que va de este año, los empleos registrados ante la seguridad social aumentaron en 74%, según datos recopilados por el Gobierno de Quintana Roo. El crecimiento de la ciudad costera ha sido veloz y, ante la ausencia de un plan de desarrollo urbano, caótico. Mientras se construyen departamentos y condominios de lujo, no hay suficientes residencias para los trabajadores. Son pocas las ofertas de asistencia social y un ingreso básico de entre 5.000 y 5.600 pesos al mes, sin prestaciones de ley por ser informal, no es suficiente para pagar una casa subsidiada.

Parte del atractivo de las grandes empresas, tanto extranjeras como nacionales, que construyen hoteles y casas vacacionales en esta parte del país es lo barata que es la mano de obra, apunta Salvador Ramos, fundador del Colegio de Economistas de Quintana Roo y profesor de la Universidad Autónoma del Estado (UQRoo). “¿Quiénes son los grandes ganadores? Los ganadores son los dueños”, dice al teléfono el especialista. “Hace algún tiempo se hizo un estudio que concluyó que por cada dólar generado, los inversionistas se llevan 0,80 y solo 0,20 queda en la población”, asegura. “La vida es muy cara, la vivienda es muy cara y los trabajos son muy mal pagados. Por eso tenemos este problema”, añade Ramos.

De acuerdo con medios locales, la municipalidad informó en septiembre que entre 5.000 y 6.000 personas viven en este tipo de asentamientos en Tulum, lo que representa poco menos del 10% de la población. Sin embargo, autoridades municipales negaron a EL PAÍS que se lleve una contabilidad. Es difícil, además, saber con precisión cuántas personas viven en las colonias irregulares, ya que, de acuerdo con los vecinos, cada día llegan más.

Migración interna

María López, de 29 años, llegó de Chiapas a Tulum hace tres semanas, en donde su esposo, Pedro, ya trabajaba. Tienen cuatro hijos de entre 5 y 10 años. Ellos, como su madre, hablan poco español, ya que su lengua materna es el tseltal. Después de estar separados durante años, decidieron rentar una casa de un solo cuarto en una de las “invasiones”, como se les conoce a los asentamientos ilegales. Las paredes son de blocks de cemento, el techo de lámina y el piso de tierra. El zumbido del ventilador se mezcla con el diálogo de la telenovela que se trasmite en televisión, postrada junto a un refrigerador y frente a la única cama que comparte la familia. Para vivir ahí, pagan más de 1.000 pesos al mes a quien se hizo de ese terreno de manera ilegal en 2016.

“Aquí me gusta”, dice María, mientras juega con su hijo menor, Eric, sobre la cama, “en Chiapas no hay nada, no hay trabajo, no hay dinero”. Ella sabe escribir porque su hermano le enseñó, pero no tiene habilidades matemáticas porque nunca fue a la escuela. Esto limita sus oportunidades de trabajo en una ciudad en que los servicios a turistas representan gran parte del mercado laboral. Pero María se mudó a Tulum para trabajar ella también, asegura, porque todo subió de precio y ahora, con un solo ingreso, no les alcanza. La inflación en México se acerca al 8%, niveles no vistos en 20 años. Sus hijos no van a la escuela y están a la espera de que llegue de Chiapas una prima de María, quien los cuidará mientras su madre trabaja.

Los niños juegan afuera bajo la sombra de un techo agujerado, con una pelota desinflada y entre la basura. Por toda la colonia, botellas y bolsas de plástico se acumulan en montones frente a las chozas y en las esquinas. Un vendedor de paletas heladas pasa en su motocicleta anunciando sus productos, en temperaturas por encima de los 30 grados centígrados. A unas cuadras, dos anuncios adornan la carretera principal: uno de terrenos en venta cerca del mar y el otro, en inglés, ofrece temazcales y rituales de sanación espiritual.

En el desarrollo inmobiliario frente a la colonia 2 de octubre quedan solo un par de departamentos disponibles. Casi todos, aunque todavía por terminar de construirse, ya están vendidos, informa la encargada. El desarrollo ofrece gimnasio, spa y clases de yoga y recibe tanto a extranjeros como a turistas nacionales. Los precios rondan los 300.000 dólares por unidad y los dueños los pueden subarrendar u ofrecer por Airbnb. Al preguntar sobre el asentamiento ilegal que se encuentra tan solo al cruzar la calle, la empleada responde: “Nosotros no tenemos un plan para construir en esos terrenos y no estamos seguros [de qué pasará]. Según el Gobierno sí los van a mover,” asegura, “pero ya estamos acostumbrados y la gente es muy tranquila, no tenemos ningún problema con ellos”.

Carlos Salas, director de Desarrollo Urbano del municipio, dijo en entrevista telefónica que no hay un plan para regularizar o mover a los pobladores de los asentamientos ilegales, ya que existe una demanda por parte de los dueños particulares de los terrenos que está pendiente por resolverse. “Hay un problema ahí entre particulares, los invasores y los dueños de las tierras. Hay juicios y sentencias. Nosotros no podemos ingresar ni tomar ninguna decisión hasta que ese pleito concluya”, dice Salas. Tampoco existe un plan para ofrecer vivienda a los miles de trabajadores que llegan al municipio de otros lados, admite. El alcalde no respondió a peticiones de entrevista.

Mientras tanto, Jessica vive con el temor de un desalojo o de perder el acceso a la electricidad que le permite tener un negocio y un ingreso. “Nos hacen el feo”, dice la vendedora, levantando la mirada, “nos ven para abajo, nos acusan de rateros, pero no lo somos. Nosotros vinimos a ganarnos la vida”.

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