México da los primeros pasos hacia el ‘fracking’ en nombre de la soberanía

El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha reconocido el regreso de México al fracking para extraer gas del subsuelo, en aras de alcanzar la autosuficiencia energética. La mandataria ha admitido este miércoles que se están analizando maneras de recurrir a la polémica técnica de la fractura hidráulica que no representen daños graves al medio ambiente y favorezcan el reciclaje del agua. Una fuente cercana a Palacio Nacional señala a EL PAÍS que la Secretaría de Energía (Sener) ya ha informado al sector empresarial de que el Gobierno trabaja en los esquemas de inversiones mixtas para la extracción de gas en yacimientos no convencionales, el término al que más se ha recurrido para eludir el escabroso nombre de fracking. Una fuente de la iniciativa privada que acudió a aquella reunión con la Sener, la semana pasada, ha confirma también que la titular de la dependencia, Luz Elena González, habló del marco de inversiones para el sector energético, que va desde la extracción del hidrocarburo a su transporte y uso en plantas de generación.

EL PAÍS adelantó en exclusiva que el Gobierno de Sheinbaum preparaba un viraje hacia el fracking, un tabú para la izquierda en México hasta ahora que arrastra críticas también a nivel internacional. Una práctica que atraviesa la depredación ambiental, los intereses del gran capital y las luchas sociales de las comunidades afectadas, la fractura hidráulica parecía enterrada desde la Administración de Andrés Manuel López Obrador, que vetó su uso. Sheinbaum, cuyo Gobierno se caracteriza más por el pragmatismo que por el dogma, ha visto la necesidad de lanzarse a la explotación de yacimientos de gas para dejar de depender de Estados Unidos, país del que México importa entre el 70% y el 80% del hidrocarburo.

“Hay un grupo de trabajo de expertos que ven si es factible el gas no convencional con reciclaje de agua, con el uso de otros químicos, con otras formas que no tengan los impactos ambientales que hoy tiene la fractura hidráulica”, ha confirmado la presidenta en su conferencia diaria este miércoles en Palacio Nacional. Este grupo de trabajo, refieren fuentes consultadas por este periódico, se integra de técnicos, ambientalistas y académicos que analizan la mejor ruta para explorar la extracción no convencional con el menor impacto ecológico, pero también con el menor costo político-social.

El giro de tuerca ha tenido avances desde todos los frentes. El viernes de la semana pasada, la secretaria de Energía sostuvo una reunión privada con el CCE, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y otras organizaciones de la iniciativa privada. Entre los cuestionamientos planteados a la secretaria González, hubo una pregunta expresa: ¿Cuál es la posición de la Secretaría sobre el fracking y cómo se avanza en el tema? “Dijo que avanzan en todos los lineamientos, las reglas y el vehículo para detonar las inversiones mixtas en el tema de los no convencionales; no ha mencionado la palabra maldita, pero ya hay un amplio interés de los inversionistas sobre el tema”, ha dicho una fuente cercana a la presidencia.

La mandataria ha expuesto este miércoles un argumento que refleja la contradicción estructural de la política energética mexicana: “Todo el gas que importamos de Texas viene de fractura hidráulica”, ha dicho. México compra a Estados Unidos más del 75% del gas natural que consume, una dependencia que ha crecido de manera sostenida durante la última década y que se convirtió en un punto crítico tras los apagones provocados por la tormenta invernal de 2021. El mensaje implícito es claro: el país rechaza en casa una técnica de extracción que financia en el extranjero.

El posible giro no es menor. Durante su campaña y en los primeros meses de Gobierno, Sheinbaum había mantenido una postura alineada con el discurso ambientalista de Morena: no al fracking. Sin embargo, en paralelo, dentro del sector energético comenzaron a tomar forma diagnósticos que advertían un escenario complejo. La producción de gas de Petróleos Mexicanos (Pemex) sigue cayendo, la demanda industrial aumenta y los proyectos de transición energética requieren combustibles de respaldo. En ese contexto, el gas no convencional, especialmente en cuencas del norte, específicamente en Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, volvió a aparecer en el radar de un Gobierno de Morena.

La estrategia presidencial no pasa, por ahora, por un anuncio de explotación inmediata, sino por la construcción de legitimidad técnica que suavice de alguna manera el costo social y político y evite el linchamiento. La creación de una comisión de expertos permite al Gobierno ganar tiempo, explorar escenarios y, sobre todo, amortiguar el costo político de una decisión que podría generar resistencia dentro de su propia base. La apuesta narrativa consiste en diferenciar el fracking tradicional de una nueva versión de fractura hidráulica, más amigable con el medio ambiente, con menor uso de químicos y mayor control ambiental. Se trata de un concepto aún difuso para los ambientalistas y expertos contra el fracking, que han sostenido que no hay manera de que la fractura hidráulica sea amigable con la naturaleza ni con las comunidades, aunque sea políticamente útil.

El costo político podría ser alto. Organizaciones ambientales como la Alianza Mexicana Contra el Fracking y Greenpeace, y expertos que han combatido esta práctica durante años, observan con preocupación el nuevo discurso. La fractura hidráulica implica riesgos documentados: contaminación de acuíferos, emisiones de metano, sismos inducidos y consumo intensivo de agua, un recurso especialmente sensible en regiones del norte mexicano donde se concentran los yacimientos potenciales. El Gobierno tendrá que enfrentar no solo cuestionamientos técnicos, sino también conflictos sociales si decide avanzar hacia proyectos piloto, han advertido.