Sinaloa continúa desafiando la estrategia de seguridad de Sheinbaum

En apenas 24 horas, todos los focos han vuelto a concentrarse en Sinaloa. El ataque a balazos en la capital contra dos diputados de Movimiento Ciudadano y el secuestro de 10 mineros al sur del Estado son la nueva constatación de que la violencia no da tregua. Sinaloa lleva más de un año sometida al fuego cruzado de la guerra intestina entre facciones del crimen organizado. El detonante, la supuesta traición al veterano capo Mayo Zambada, coincidió prácticamente con el inicio de la Administración de Claudia Sheinbaum, que asumió el polvorín sinaloense como una de las máximas prioridades de su estrategia de seguridad. El saldo del dispositivo federal, con mucho peso del Ejército, no es muy luminoso. Más allá de aumentar los decomisos de droga y la detención de algunos capos en la mira de Estados Unidos, otro factor de presión que añadir a un cóctel endiablado, los datos duros muestran que la violencia no ha disminuido. Más bien, sigue subiendo mientras se acumulan los crímenes de fuerte impacto simbólico, como los de estos días.

La respuesta de Sheinbaum ante este nuevo pico de la crisis de seguridad sinaloense ha sido anunciar un inminente viaje al Estado para reunirse con autoridades, empresarios y mesas ciudadanas. La presidenta anunció además el despliegue de 1.600 nuevos militares, incluido un equipo de unos 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Los operativos militares, responsables de las detenciones de capos de peso, también están teniendo un reverso más problemático. Este mismo fin de semana, cientos de personas salieron a las calles de Culiacán, la capital del Estado, para protestar por la muerte de un joven por los disparos de un operativo militar. La víctima, un abogado de 24 años, iba en coche al gimnasio con su pareja cuando, supuestamente, los militares lo confundieron con un objetivo criminal. El caso recuerda al de dos niñas de 7 y 11 años que fallecieron en mayo, en Badiraguato, al norte de Culiacán, por las heridas de bala de militares, en otra presunta confusión.

Los últimos sucesos apuntan además a un mapa de la violencia más complejo, que trasciende los ajustes de cuentas entre los grupos en pugna o las desapariciones y asesinatos -más de 4.000 entre ambos delitos- que han convertido, sobre todo, a Culiacán en una enorme trinchera. Carlos Flores, experto en Seguridad del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), considera que estamos presenciando una “descomposición general del contexto de seguridad en Sinaloa” y subraya las posibles líneas de investigación abiertas tras los últimos crímenes. Sobre el atentado balazos en el centro de la capital contra los dos diputados de MC planea, por ejemplo, la sombra de la violencia política de cara al “proceso electoral que renovará la gubernatura el año que viene”.

Una de las víctimas, en concreto, Sergio Torres Félix, hospitalizado de gravedad por los impactos de bala en la cabeza, es un veterano cuadro de la política local. Con una larga carrera en el PRI, con quien llegó a ser alcalde de Culiacán, es el actual líder de MC en el Estado y su reciente candidato a gobernador. “Las facciones del crimen organizado tienen su correlato en los grupos de poder más enquistados en las instituciones, una constante en la historia reciente de Sinaloa”, añade el académico. Sobre el secuestro de los 10 trabajadores de una mina estadounidense al sur del Estado, entre los que se encuentran geólogos y técnicos medioambientales, Flores apunta a la extorsión como probable móvil. “De confirmarse, no se ha visto un hecho de esta magnitud relacionada con la extorsión en los últimos años”.

La estrategia sexenal contra la violencia, con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, como el mayor artífice haciendo mancuerna con el Ejército, está dando por ahora resultados con una bajada sustancial de las cifras de asesinatos —pese a situarse aún en cotas altas—, incautaciones de droga y golpes a los cabecillas del crimen organizado. Unos movimientos sincronizados en gran medida con las presiones de Estados Unidos, que además tiene a Sinaloa en el punto de mira al considerarlo la mayor fuente de producción y distribución fentanilo. Pero al bajar la lupa al caso concreto sinaloense, el año pasado cerró con sus peores cifras históricas, siendo además el cuarto Estado por la cola en la lista de entidades más violentas. La guerra entre Los Chapitos y los hijos del Mayo, viejo aliado del Chapo, que inició en septiembre de 2024, ha desatado la peor crisis de seguridad en el Estado. Los asesinatos subieron un 66%, otro 44% las desapariciones y más de un 130% los feminicidios.

En este contexto convulso, los golpes a los cabecillas de ambas facciones han sido constantes por parte de las autoridades. Uno de los últimos casos más paradigmáticos ha sido el de Pedro Inzunza Noriega, alias El Señor de la Silla o El Sagitario. Un capo veterano, 62 años, activo desde la época de la escisión del cartel de Sinaloa liderada por los hermanos Beltrán Leyva, está acusado por la fiscalía estadounidense de dirigir “una de las más grandes y sofisticadas redes de producción de fentanilo en todo el mundo”.

Unos cargos que le valieron ser el primer mexicano acusado de narcoterrorismo, tras la decisión de Donald Trump de incluir a varios carteles mexicanos en la lista negra de organizaciones terroristas. Inzunza fue detenido el día de Nochevieja y menos de un mes después ya estaba volando postrado en una silla de ruedas rumbo a una prisión del norte. El académico del Ciesas considera que “el despliegue masivo de militares está dando resultados en la detención de operadores, pero muchas veces esta estrategia no es tan efectiva porque son figuras relativamente fáciles de reemplazar dentro de las organizaciones criminales. Sin embargo, los vínculos y alianzas entre autoridades y criminales no parece que se estén tocando, y de cara a la disputa política del proceso electoral se corre el riego de que la violencia se agudice”.

Durante este año largo de crisis en el Estado, Sheinbaum ha cerrado filas con el gobernador, Rubén Rocha, su compañero de partido, en el ojo del huracán por las acusaciones y sospechas de que su Gobierno pueda estar involucrado en mayor o menor medida con el crimen organizado en el Estado, cuna del poderoso Cartel de Sinaloa. La presidenta sigue sosteniendo al gobernador a pesar de que algunas voces de su círculo cercano consideran que debería mantener una distancia prudencial con Rocha, dado el potencial riesgo de que los capos sinaloenses con cuentas pendientes en EE UU revelen posibles enjuagues políticos.