Siete cuarteles de policía y un agujero de 5.186 millones de pesos: las claves del caso contra el exgobernador Silvano Aureoles

La justicia persigue al exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles por un presunto acto de corrupción que ha provocado al erario estatal un desfalco de 5.186 millones de pesos. El caso está relacionado con la simulación de un arrendamiento para la construcción de siete cuarteles de la Policía Estatal durante el sexenio de Aureoles (2015-2021), del PRD, el histórico partido de la izquierda mexicana ya desaparecido. Dado que se utilizaron recursos federales en la contratación irregular, el asunto es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), que ha obtenido una orden de captura contra el político perredista. El actual mandatario de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, ha informado este lunes de que su antecesor está fuera de México y que es considerado prófugo de la justicia.

Cuatro colaboradores de Aureoles han sido detenidos el pasado fin de semana, señal de que la Fiscalía aprieta el cerco en torno al exmandatario, que se une a las filas de los políticos investigados por sus cuentas pendientes con la justicia y por su oposición al Gobierno en turno. Aureoles vive ahora una circunstancia semejante a la de Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, militante del PAN, acusado de crimen organizado y blanqueo de recursos y quien se ha exiliado de México para evitar su captura. Mientras Cabeza de Vaca alega que se trata de una persecución política, Aureoles no se ha mostrado en público para hablar de las acusaciones en su contra. En los corrillos políticos se ha señalado que, tras bambalinas, el exmandatario estaba impulsando la fundación de Somos México, el esfuerzo opositor por constituir un nuevo partido tras la debacle de la alianza PRI-PAN-PRD en las pasadas elecciones presidenciales.

La acusación contra Aureoles, que ha hecho pública el Gobierno de Ramírez Bedolla, apunta a contratos suscritos por la Administración del perredista en 2016 y 2017 con la firma Inmobiliaria DYF, S.A. de C.V., constituida por los hermanos Joaquín y Ricardo Martínez del Campo. El objeto de los contratos —que fueron adjudicados de manera directa, es decir, sin licitación— era construir siete cuarteles de la Policía en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro.

Lo truculento de las contrataciones estaba en que la empresa no tenía la posesión real y material de los terrenos donde se edificarían los cuarteles. Inicialmente, el acuerdo fue arrendar las instalaciones policiacas con Inmobiliaria DYF, concepto por el que la Administración de Aureoles pagó a la firma 3.425,7 millones de pesos. No obstante, el 28 de septiembre de 2021, dos días antes de que concluyera el sexenio, el Gobierno de Aureoles decidió comprar los cuarteles que antes había arrendado, por un monto adicional de 1.760,3 millones de pesos.

Según las pesquisas de la Administración de Ramírez Bedolla, que en 2022 presentó la denuncia ante la FGR, Inmobiliaria DYF ni siquiera tenía la titularidad de los predios al momento de la firma de los contratos. Por ejemplo, en el caso del inmueble para el cuartel de Apatzingán, la empresa adquirió la propiedad hasta octubre de 2019. Esto significa que entre 2016 y ese año se le pagó un arrendamiento —de 452 millones de pesos— al que no tenía derecho formalmente. Los siete predios a nombre de Inmobiliaria DYF fueron escriturados 28 de septiembre de 2021, el mismo día en que el Gobierno de Aureoles compró a la empresa los cuarteles.

Hay un par de agravantes en este caso de corrupción. Según la investigación, el terreno para la construcción del cuartel en Uruapan había sido donado por el Ayuntamiento de ese municipio al Gobierno estatal, lo que indica que la Administración de Aureoles pagó a Inmobiliaria DYF un arrendamiento —y después una compra— por un predio que ya era de propiedad pública. De acuerdo con los datos del expediente, el Gobierno de Aureoles desembolsó 875,3 millones de pesos por ese inmueble, entre la renta y la adquisición.

Otro de los problemas es que no hay evidencia que avale que el Gobierno de Michoacán recibió los inmuebles en calidad de propietario, pese haberlos comprado. Este ha sido un hallazgo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que, al fiscalizar el uso de los recursos federales en el ejercicio 2021, detectó que el Gobierno local no contaba con los títulos de propiedad y que los inmuebles no se encontraban incorporados al patrimonio del Estado, al menos en el caso de los complejos de Uruapan, Zitácuaro y Apatzingán.

Además de las anomalías en la propiedad de los predios, la Administración de Ramírez Bedolla encontró también irregularidades en los cuarteles construidos. El expediente detalla que los materiales de las instalaciones destinadas a los policías son “de plástico”. Adicionalmente, de manera indebida, en cada complejo se edificó una residencia para uso exclusivo del gobernador, para cuando se encontrase en aquellos municipios. Esas residencias sí que tenían blindaje y estaban equipadas con lujos y comodidades no disponibles para los agentes (por ejemplo, las casas contaban con asador y una palapa con amplio espacio para fiestas). Además, los contratos establecían que se debía edificar en cada predio un conjunto de oficinas administrativas para dar atención al público, que no se construyeron.

El fin de semana fueron capturados cuatro funcionarios a los que la Fiscalía responsabiliza directamente del quebranto al erario. A la cabeza está Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas, detenido en un aeropuerto de Florida y que fue enviado de regreso a México a petición de las autoridades. También fue capturado Antonio Bernal Bustamante, que fue el primer secretario de Seguridad Pública de Aureoles, así como Mario Delgado Murillo y Elizabeth Villegas Pineda, exdelegados de finanzas y administración de la Secretaría de Seguridad.

Los accionistas de Inmobiliaria DYF, los hermanos Martínez del Campo, continúan en libertad. Los empresarios estuvieron involucrados en otro escándalo de corrupción, esta vez en Nuevo León. Allí, en 2022, fue denunciada María de los Ángeles Errisúriz, exsecretaria de Educación, así como un grupo de colaboradores, por irregularidades en un contrato para la instalación de aulas escolares prefabricadas. Ese contrato, adjudicado directamente en 2020, durante el mandato de Jaime Rodríguez, recayó en la firma Desarrolladora M, S.A. de C.V., también propiedad de los hermanos Martínez del Campo. La denuncia de entonces señalaba que las “aulas móviles” entregadas eran de mala calidad y no se correspondían con las especificaciones del contrato.

Aureoles es el último gobernador surgido de las filas del PRD antes de su desaparición como partido. No es el primer mandatario en ser acusado de cometer actos de corrupción durante su gestión —y seguramente no será el último en este rubro—. En 2021 denunciaba que el crimen organizado influía en la política de Michoacán a través de Morena. Un par de años después soñaba con ser candidato presidencial de la oposición. Hoy la incógnita es si la próxima aparición pública del exgobernador será en libertad o en manos de las autoridades.