La polvareda por la nueva reforma constitucional obliga a Morena a rebajar los artículos más conflictivos

México se ha metido en un embrollo legal que aún no ha resuelto la democracia en ninguna parte. ¿Son suficientes las mayorías para decidir todo o necesitan contrapoderes? El oficialismo quiere impedir que su reforma judicial se frene en la Suprema Corte mediante recursos y amparos avalados por los jueces, y se ha metido en otra reforma constitucional para recortar primero la posibilidad de intervención de los ministros: si el legislativo aprueba reformas constitucionales, la Suprema Corte no podrá dictaminar sobre ello; pero ¿qué ocurriría si este Congreso o cualquier otro, con una mayoría aplastante, decide que reforma la Constitución para garantizar el esclavismo, por ejemplo? Por otra parte, en la exposición de motivos, el partido del Gobierno sostiene que ya la Constitución otorga capacidad plena al legislativo para reformar la norma suprema. Entonces, ¿cuál es la razón de esta reforma?, se preguntan algunos juristas. La serpiente emplumada se muerde la cola.

La única vía que se atisba lógica para salir de este entuerto es que los partidos, mayoritarios y minoritarios, se sienten a negociar la reforma judicial y lleguen a acuerdos. Pero eso no puede hacerse con prisas. Y eso, las prisas, son las que han presidido las dos reformas. De seguir así, ninguna contará con el debate suficiente ni el refrendo popular y asuntos tan importantes para una democracia quizá reclaman algo más que mayorías parlamentarias. El riesgo de volver a la casilla de salida es cierto: esta misma reforma constitucional puede seguir el mismo camino taponado que la anterior.

El ruido que ha generado todo esto en pocas horas ha rebajado la propuesta inicial de Morena, que ha retirado los artículos más polémicos, los que conducían a un choque entre el derecho nacional y el internacional, que garantiza un marco común de respeto a los derechos humanos. Pero el blindaje a las reformas constitucionales ha sido aprobado este miércoles en comisiones con sus votos y los de sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde (PVEM). El proceso avanza a toda prisa para que sea votado en el pleno del Senado este mismo jueves. La sesión de este miércoles discurrió entre presiones, críticas y división en el bloque oficialista. También la oposición se ha mostrado contraria a la reforma que anula la posibilidad de presentar controversias o acciones de inconstitucionalidad contra reformas constitucionales. El PAN, PRI y MC han criticado que todo este asunto se ha planteado para impedir los cientos de órdenes de suspensión que pesan sobre la polémica reforma judicial.

Los cambios a cuatro artículos de la Carta Magna han sido reducidos a dos disposiciones que, en esencia, mantienen el objetivo, encapsular cualquier enmienda a la Constitución para que nadie pueda tocarla. La batalla legislativa ha durado poco: el oficialismo ha impuesto su mayoría en las comisiones del Senado para sacar adelante las modificaciones a los artículos 105 y 107 y, con toda probabilidad, la misma mayoría parlamentaria ganará la partida este jueves en el Pleno del Senado. Pero ha tenido que hacer concesiones a los Verdes, que no estaban de acuerdo con los dos puntos que finalmente se han retirado. La reforma tiene efecto sobre los asuntos en curso, es decir, la Corte no podría pronunciarse sobre la reforma judicial que ahora se trata.

“Pretendemos ratificar en la Constitución que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución. Si no están de acuerdo con esa disposición que hoy aprobaremos y que aprobaremos también en el pleno del Senado, renuncien y preséntense a elecciones como hemos hecho nosotros”, ha sido el argumento de Andrea Chávez, senadora de Morena.

Cinthia López ha puesto el dedo sobre uno de los asuntos que causa más inquietud: “No se gobierna para siempre, se lo dice una priista [...] Muchas veces nos pasó ese mal, legislábamos como si fuéramos a gobernar toda la vida y no es así [...] Lo que se está haciendo es prohibir que existan mecanismos para interpelar, para quejarse, para interponer acciones de inconstitucionalidad”, ha dicho la senadora del PRI.

“No podemos legislar para la ocasión [...] Este pleito que se traen con el Poder Judicial los tiene verdaderamente cegados, se inventaron un remedio que, aparentemente, les da el triunfo en esta batalla, pero es una medicina que puede acabar con el padecimiento, pero mata al enfermo”, ha alertado también el senador panista Ricardo Anaya. Y ha festejado que se retiraran las enmiendas más polémicas, pero insistió en que el resto es igual de grave. Organizaciones civiles como Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez recordaron que poder impugnar las reformas constitucionales es clave para incorporar a ellas los tratados internacionales que protegen a las personas.

El jurista Javier Martín Reyes opina que Morena solo ha retirado los dos artículos más burdos, pero eso cambia poco. “Con esta nueva reforma han generado un conflicto adicional innecesario y una crisis constitucional. Si lo que se plantea es que no se pueden revisar reformas que violan derechos humanos, esta misma los estaría violando y debería ser revisada”, ejemplifica el galimatías el catedrático de Derecho Constitucional de la UNAM. El experto en materia constitucionalista se sitúa en un punto medio. No comparte que el Poder Legislativo haga cuanto le venga en gana porque tiene mayoría para ello, pero tampoco que el Poder Judicial sea el único que determine dónde está el coto a esas mayorías. “Es el gran debate del constitucionalismo, quién tiene la última palabra”, afirma. Y él no tiene la solución, pero sí apunta al origen de este embrollo. “No me gustan las elecciones de jueces que se han planteado, creo que es una locura, pero si el Gobierno quería experimentar con ese modelo, debería haberlo hecho respetando el puesto judicial adquirido que es el gran pilar de la independencia y utilizar las elecciones solo para los que quiera cubrir las vacantes que se vayan produciendo”, plantea. Aboga por una ratificación ciudadana para los jueces una vez que su cometido fuera avalado por evaluaciones exhaustivas. “Han usado el machete en lugar del bisturí, en lugar de ajustes precisos y graduales, la bomba nuclear. De ahí la avalancha de impugnaciones. Y por eso estamos donde estamos”.