La resistencia de los jueces ante la reforma judicial lleva al límite la pugna con el Gobierno de Sheinbaum

El pulso con el Poder Judicial ha marcado las primeras semanas del Gobierno de Claudia Sheinbaum. La raíz de la pugna es la polémica reforma judicial, que ya ha sido aprobada por el Congreso —de mayoría oficialista— y está en su fase inicial de implementación. A partir del próximo año, la mitad de jueces y magistrados federales, así como los ministros de la Suprema Corte, serán electos por voto popular. El resto de cargos judiciales se elegirá en 2027, para completar la renovación de toda la judicatura. Los jueces y funcionarios judiciales han dado la batalla durante meses para impedir la enmienda, primero en las calles y ahora desde los mismos tribunales. El último recurso lo ha concedido la jueza Nancy Juárez, que ha ordenado al Ejecutivo de Sheinbaum eliminar el decreto de la reforma del Diario Oficial. La resolución ha sido respondida con rotundidad por la presidenta: “No tiene fundamento jurídico”. Sheinbaum ha adelantado que no acatará la instrucción y ha sostenido que ningún juez está por encima de la voluntad popular. El enfrentamiento es ya el más intenso que ha sostenido el oficialismo con la judicatura en el corto tiempo que lleva el Gobierno de Sheinbaum. Quedan casi seis años por delante.

Sheinbaum ha insinuado que la resolución de la jueza Juárez es propia de un régimen fascista. “Ustedes imagínense que la jueza dice: ‘elimínese’. ¿Qué quiere decir eliminar? O sea, ¿hay que arrancar la Constitución? Eso es lo que está pidiendo la jueza: mutilar un Diario Oficial”, ha comentado en su conferencia Mañanera, mientras sostenía un ejemplar del periódico en el que se publican leyes, decretos y otras comunicaciones oficiales de los tres Poderes de la Unión. “No hay antecedente de que un juez haya pedido ‘eliminar’. ¿Qué quiere decir eliminar esto? ¿O vamos a regresar al fascismo, a quemar, a romper libros? Bueno, no regresar, porque aquí, afortunadamente, solo en la época de la Inquisición”, ha referido. La presidenta ha reiterado que, conforme a la Constitución, el juicio de amparo es improcedente contra enmiendas a la Carta Magna. La jueza Juárez ha salido a explicar que la medida que ha dictado —una suspensión precautoria antes de la resolución de fondo— no combate la reforma constitucional en sí, sino el proceso legislativo del que derivó aquella.

El gremio judicial ha señalado que, si el Ejecutivo no acata la instrucción de retirar el decreto del Diario Oficial, incurrirá en un desacato, una falta que puede conducir al encarcelamiento de los funcionarios en desobediencia. Sheinbaum ha respondido que quienes “están violando la ley” son los jueces que conceden suspensiones contra la reforma, habida cuenta de que esta fue resultado de una decisión del pueblo traducida en las urnas en las elecciones de junio. El pasado viernes, el Gobierno de Sheinbaum anunció que denunciará a la jueza Juárez ante el Consejo de la Judicatura para que este determine si incurrió en una falta. Horas más tarde, la Consejería Jurídica presidencial solicitó a Norma Piña, cabeza del Poder Judicial, iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa contra la juzgadora por su actuación “ilegal”. También pidió a Piña que ordene a todos los jueces federales “abstenerse” de emitir más suspensiones contra la enmienda.

A la pugna se han sumado ministros de la Suprema Corte de Justicia. Piña, presidenta del Alto Tribunal, afirmó el lunes que, a raíz de la reforma judicial, la democracia constitucional en México “atraviesa momentos muy delicados y muy difíciles”. En la inauguración de un foro sobre derecho constitucional, la ministra advirtió de que la enmienda oficialista afecta la división de poderes y la independencia judicial —que definió, esta última, como “patrimonio de la humanidad”—. “Los derechos humanos están en riesgo cuando el poder, de cualquier tipo, no puede ser contenido, frenado y controlado”, sostuvo. Piña hizo eco de los señalamientos de la JUFED, la asociación de jueces y magistrados federales, en el sentido de que la reforma desaparece la carrera judicial e implica “la politización de la justicia”. “Cuando múltiples voces se alzan en un coro de advertencias, es prudente poner atención”, resumió la ministra.

Otro ministro del Supremo, Alfredo Gutiérrez, acudió a la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, a una conferencia. Allí, el juez habló sobre los nuevos requisitos establecidos por la reforma para los abogados que quieran convertirse en ministros de la Corte. Gutiérrez citó que los postulantes deben comprobar haber obtenido buen promedio en la carrera de Derecho y presentar cinco cartas de recomendación de vecinos y conocidos. “Y no estoy bromeando”, dijo el ministro a su auditorio, que estalló en risas. Este martes, Sheinbaum se ha referido a ese episodio. “Nadie se burla de los mexicanos”, ha sentenciado. “Será muy reconocida la escuela de Harvard, pero sería bueno que hiciera una investigación sobre la corrupción en el Poder Judicial mexicano”, ha planteado. La presidenta ha recitado que los actuales jueces han retrasado resoluciones para que los potentados no paguen impuestos y que en la judicatura hay muchos casos de nepotismo. “A ver si eso les parece también simpático”, ha revirado. “Vamos a dar ejemplo al mundo con la reforma al Poder Judicial, estoy segura, aunque los de Harvard no estén de acuerdo”, ha añadido.