Claudia Sheinbaum envía al Congreso 10 reformas para garantizar la igualdad de las mujeres en México

Claudia Sheinbaum ha enviado este jueves al Congreso una batería de reformas, algunas de ellas a la Constitución, enfocadas en los derechos de las mujeres. La primera medida de la primera presidenta de México será incluir en la Constitución la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad salarial y la paridad en todos los cargos de la Administración pública federal, entre otras. También, el derecho de todas las personas a vivir una vida libre de violencia, un problema que lastra la vida de las mexicanas con 10 asesinadas cada día.

Así lo ha anunciado este jueves en la conferencia matutina desde Palacio Nacional. Junto a ella estaba la secretaria de las mujeres, Citlali Hernández, quien ha asegurado que la función de estas medidas es ayudar y brindar protección a las mujeres, niñas y niños. El cargo de Hernández también es de reciente creación. Sheinbaum ha decidido elevar a rango ministerial los asuntos que tienen que ver con los derechos de las mexicanas y ha tomado la decisión de crear la primera Secretaría federal de las Mujeres.

La llegada al poder de la primera presidenta en la historia de México en 200 años genera grandes expectativas en el movimiento feminista y en las mujeres mexicanas, el 52% de la población del país. “Es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres”, dijo la mandataria, al recibir la banda presidencial en la Cámara de Diputados este martes. La presidenta reconoce con estas medidas que el Estado mexicano “tiene deberes reforzados con las mujeres” y que debe profundizar su actuar para mejorar sus vidas.

Una de las prioridades de la nueva Administración será atender la desigualdad de género en un país de 126 millones de habitantes. El acceso a la salud, la educación, la economía y la violencia están atravesadas por esa desigualdad que vuelve más vulnerables a las mujeres más pobres. Se estima que unos 46 millones de personas viven en pobreza en México y de esos, más de la mitad, son mujeres. Alrededor de 24 millones.

La presidenta ha anunciado que se fortalecerán las medidas de protección en materia de violencia digital –lo que se conoce como ley Olimpia– y se promoverán leyes para que el agresor salga de casa, en lugar de que las mujeres y sus hijos tengan que acudir a un refugio. En ese sentido, la presidenta también ha garantizado más protección frente a la ley de Violencia Vicaria, que busca castigar la violencia ejercida contra las mujeres a través de terceros, principalmente sus hijos. Solo en lo que va de año, más de 24.000 mujeres y sus hijos se han visto obligadas a vivir en un albergue a causa de la violencia, de acuerdo con la Red Nacional de Refugios.

Es ahí, en los hogares, donde la violencia machista y familiar se hacen más evidentes. Más del 70% de las mexicanas mayores de 15 años dicen haber sido víctimas de algún tipo de violencia, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La presidenta ha prometido abogadas en todos los ministerios públicos y a la creación de fiscalías especializadas que investiguen el delito de feminicidio en todos los Estados, un modelo que quiere importar de sus años como jefa de Gobierno en Ciudad de México. Sumado a lo anterior, ha ordenado que las autoridades federales puedan conocer las medidas de protección que derivan de los delitos del fuero común por razones de género, como por ejemplo, la suspensión del régimen de visitas, el ingreso de la policía a un domicilio donde se está cometiendo una agresión o una orden de alejamiento inmediata de un agresor al domicilio familiar.

El año pasado más de 3.000 mujeres fueron asesinadas en el país. De este total, solo un 25% de los casos se investigó como un probable feminicidio. En lo que va de año, hasta el mes de agosto, las fiscalías han reportado 523 feminicidios en todo el país, aunque las organizaciones de la sociedad civil estiman que los casos podrían ser el doble. El acceso a la justicia es otra de los grandes obstáculos que enfrentará el futuro Gobierno. La impunidad es muy alta —cerca de un 95%—, mientras que las condenas en los tribunales son muy bajas. Entre las nuevas medidas se encuentra que todas las instituciones de seguridad apliquen la perspectiva de género por ley.

Ante un panorama tan desolador, las medidas de la presidenta son recibidas con esperanza, pero también con cautela. Durante los últimos seis años, la Administración de López Obrador aplicó fuertes recortes a los programas de atención a la violencia o la salud sexual y reproductiva. El 90% de esa partida acabó destinada a programas del Gobierno que nada tenían que ver con la desigualdad de género o con el combate a la violencia. Está por verse si la nueva batería de reformas de Sheinbaum va acompañada de presupuesto público, o si, por el contrario, corre el riesgo de quedar solo en un paquete de buenas intenciones.