La Suprema Corte rechaza la propuesta de Lenia Batres de quitar el freno para extinguir los fideicomisos del Poder Judicial

La ministra Lenia Batres se ha quedado sola en la votación para quitar la protección a los fideicomisos del Poder Judicial y poder, así, extinguirlos. Los otros cuatro integrantes de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, Luis María Aguilar, Javier Láynez y Alberto Pérez Dayán, han votado en contra de su proyecto. La iniciativa de Batres partía de una queja del Congreso y de la Consejería Jurídica de Andrés Manuel López Obrador, donde ella trabajaba antes de ser elegida a dedo por el presidente como miembro del alto tribunal el pasado diciembre. La ministra daba la razón a presidencia en reclamar la decisión del juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, en Ciudad de México. Este tribunal había otorgado una suspensión definitiva que impedía desaparecer los fondos judiciales hasta que se resolviese el juicio de amparo promovido por un magistrado ya jubilado.

En octubre de 2023, el Congreso aprobó la extinción de 13 de los 14 fideicomisos que tiene el poder judicial federal. El presidente quería desaparecer estos fondos —como ya hizo tres años antes con 109 fideicomisos que guardaban dinero público para proyectos de investigación, culturales y deportivos— porque alegaba que era “una reserva que tienen ahí para mantener privilegios de los altos funcionarios públicos judiciales”. En los 13 fideicomisos extinguidos había más de 15.000 millones de pesos (unos 900 millones de dólares), que López Obrador proponía usar para la reconstrucción de Acapulco, arrasado por el huracán Otis a final de octubre del año pasado. La desaparición de esos fondos afectaba a 55.000 trabajadores del poder judicial, también a las pensiones de los que estaban retirados.

La decisión fue impugnada por muchos frentes. Uno de ellos parte de Filiberto Javier Mijangos Navarro, un magistrado jubilado que promovió un amparo en Morelos para proteger sus prestaciones. El tribunal declinó su competencia y el caso llegó a Ciudad de México, donde el 13 de noviembre una jueza federal otorgó a Mijangos una suspensión definitiva —hasta que se resolviera su juicio de amparo, que puede tardar meses— con efectos generales. Esto implicaba que la decisión no solo afectaba al magistrado que había interpuesto el amparo sino a todos los que podía afectar la desaparición de los fideicomisos. El Congreso y el presidente reclamaron la resolución, y el proyecto llegó a Lenia Batres.

Las votaciones en las salas de la Suprema Corte suelen ser muy rápidas. Los ministros deben decidir sobre un gran número de asuntos de forma diaria, de forma, que a diferencia de lo que ocurre en el pleno del tribunal, en las salas los integrantes solo se pronuncian a favor o en contra de los proyectos. En prácticamente todos los primeros casos de este miércoles, Lenia Batres ha votado sola, en un sentido contrario al del resto de integrantes. Lo mismo ha ocurrido cuando ha llegado la iniciativa que más interesa a la Administración de Andrés Manuel López Obrador. Sobre la que Batres ha hecho un alegato: “A favor de revocar la suspensión de manera incorrecta por una jueza respecto del uso de 13 fideicomisos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal”, empezaba.

“Es improcedente conceder una suspensión con efectos generales. En este caso se trata de una extralimitación de la jueza en la materia, y más aún en esta suspensión otorgada de manera excesiva. Considero que se hizo en perjuicio del interés social y contraviniendo el orden público, dado que la jueza priorizó intereses propios a los de la población al impedir que los recursos de los 13 fideicomisos se destinaran a atender los daños y desastres ocasionados por el huracán Otis, en Guerrero”, ha dicho la ministra en su turno de palabra.

A pesar de su defensa, el resto de integrantes ha rechazado su propuesta. El ministro Luis María Aguilar incluso ha pedido la palabra para argumentar su voto. “No comparto el sentido ni las consideraciones del proyecto por diversas razones”. “El eventual fin que se pretende dar a los fondos que conforman los fideicomisos podría obtenerse de las partidas presupuestarias que sin duda tiene a su disposición el poder ejecutivo federal. Además, procesalmente este no es el momento para procesar si se vulneran o no esos derechos, pues eso correspondería al fondo de juicio de amparo. Es necesario suspender los efectos del decreto impugnado y mantener el actual funcionamiento de los fideicomisos pues de no concederse la suspensión el juicio de amparo perdería toda finalidad y materia”, ha señalado, en referencia a que los fondos solo quedan protegidos mientras se desarrolla el juicio promovido por el magistrado jubilado. El proyecto ha quedado turnado precisamente al ministro Aguilar, quien deberá hacer una nueva propuesta.

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