La Corte advierte de que eliminar sus fideicomisos afectará a trabajadores del Poder Judicial jubilados y pensionados

La Suprema Corte de Justicia ha dejado ver que no guardará silencio ante los intentos del oficialismo de reformar la ley para hacerse con los recursos millonarios depositados en varios fideicomisos del Poder Judicial. Mientras el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y su partido, Morena, aseguran que esos instrumentos financieros no son más que cajas de ahorro para pagar privilegios de la cúpula judicial, el Supremo ha advertido de que, al menos algunos de ellos, cubren prestaciones de trabajadores jubilados. La reforma oficialista que busca eliminar los fideicomisos judiciales ya ha avanzado en la Cámara de Diputados, y es altamente probable que se apruebe en el pleno la próxima semana, tomando en cuenta que Morena tiene mayoría. No parece que la Corte vaya a quedarse de brazos cruzados frente al Legislativo y el Ejecutivo. Se avecina un nuevo choque de poderes.

La reforma impulsada por el oficialismo pretende hacerse con el control de 15.450 millones de pesos disponibles en 14 de 15 fideicomisos cuyos titulares son la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral, la trinidad que conforma el Poder Judicial. Solo quedaría intacto un fideicomiso, el Fondo de Apoyo a la Administración de la Justicia, con un saldo de 6.104 millones de pesos. Morena argumenta que solo este instrumento está previsto en la ley, y que los restantes fueron creados para pagar prestaciones de privilegio a los altos mandos judiciales. El partido ha sido insistente en que esos privilegios no alcanzan a la base de trabajadores del Poder Judicial. Además, ha asegurado que, en el caso de los fideicomisos que resguardan fondos para el pago de pensiones y otras prestaciones laborales, en su extinción “se respetarán los compromisos contractuales y los derechos que se hayan generado”.

El presidente López Obrador ha reiterado dos días seguidos la misma fórmula: que eliminar los fideicomisos no dañará a los trabajadores. “No creo yo que afecte en nada. Ese fideicomiso que está en cuestión prácticamente no se usa, es una reserva que tienen ahí para mantener privilegios de los altos funcionarios públicos. Es muy poco lo que se ejerce, se va acumulando cada vez más y ahí se tiene, es un guardadito. […] Se trata de privilegios, no se van a quedar sin sueldos, sin sus prestaciones básicas, no se va a cerrar ningún juzgado, no se va a despedir a nadie”, ha afirmado el mandatario en su conferencia de este jueves. López Obrador ha señalado que, si se consuma la reforma, los recursos servirán para robustecer el presupuesto de los programas sociales. “Ayudaría muchísimo para becas de estudiantes de familias pobres. […] Cuando me preguntan en qué podría utilizarse, pues en eso. ¿Qué mejor que eso?”, ha dicho.

La Suprema Corte ha refutado la versión oficialista y ha señalado que seis fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales y derechos adquiridos de los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social (pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro). El alto tribunal ha asegurado que no se trata de prestaciones adicionales, sino de derechos para los trabajadores que cumplen con los requisitos establecidos en las reglas de operación de cada fideicomiso.

“Por ello, los recursos que integran estos fideicomisos son los que se requieren para el aseguramiento de estos derechos adquiridos, tanto en el presente como a futuro, con base en análisis actuariales que definen el porcentaje de participación de fideicomisos y el porcentaje de gasto corriente. El personal operativo del Poder Judicial, que representa más del 60% de la plantilla, es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos”, ha señalado el Supremo.

El máximo tribunal ha indicado que otros instrumentos financieros sustentan la operatividad del Poder Judicial, de modo que su eliminación perjudicaría “a la sociedad en su conjunto”. La Corte ha expuesto que uno de los fideicomisos, por ejemplo, se utiliza para financiar la implementación de obligaciones derivadas de reformas y de tratados internacionales, como el T-MEC. “Así, la extinción de este fondo afecta directamente a la implementación de las reformas y, por lo tanto, a los compromisos del Estado mexicano”, ha indicado. Otro ejemplo es el fideicomiso destinado a proyectos de infraestructura, “los cuales tienen que ver con los espacios donde se imparte la justicia y que están al servicio no solo de las personas trabajadoras del Poder Judicial, sino también de las y los usuarios del sistema judicial; es decir, de toda la sociedad”, ha señalado.

Uno de los fideicomisos más cuestionados ha sido el “80693 para el Mantenimiento de Casa Habitación de Magistrados y Jueces”. La Corte ha precisado que ese instrumento cubre gastos de vivienda cuando los juzgadores cambian de adscripción en cumplimiento de las necesidades de la judicatura. El Supremo ha añadido que ninguno de los fideicomisos se destina a pagar prestación alguna de los ministros que lo integran.

Al margen de la polémica, el manejo de los fideicomisos por parte del Poder Judicial ya había sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación, un órgano independiente de fiscalización. La principal observación fue que la Corte y el Consejo de la Judicatura han destinado dinero de su presupuesto ordinario para pagar las obligaciones que debían ser cubiertas con fondos de los propios fideicomisos. También señaló que los recursos disponibles en los fideicomisos crecían cada año, pero habían quedado prácticamente intactos. “Se considera que la operación de los fideicomisos de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura no se ajusta a criterios de racionalidad dada la muy baja utilización de sus recursos, lo cual ha sido una constante en los últimos 10 años en los que, en promedio, sólo se ha utilizado el 4.8% de sus disponibilidades”, indicó la Auditoría en su análisis del ejercicio 2018.

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