La Corte sepulta la investigación de la ‘Operación Safiro’, el millonario desvío de recursos al PRI en el Gobierno de Peña Nieto

La Suprema Corte ha echado por tierra la última oportunidad de llevar ante la justicia a los más altos responsables de uno de los escándalos de corrupción política más grandes de la última década en México, la Operación Safiro, un mecanismo mediante el cual el Gobierno federal desvió 250 millones de pesos de dinero público para trasladarlo a las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La primera sala del Supremo ha resuelto este miércoles, sin mayor trámite ni discusión, negar un amparo al Gobierno de Chihuahua, que solicitaba al máximo tribunal que se le reconociera el carácter de víctima del desvío, ocurrido en 2016. Ese Estado alegaba que el esquema de corrupción causó un daño a sus habitantes, pues el dinero malversado había sido transferido por la Federación a Chihuahua para programas de educación.

La Operación Safiro involucró a las más altas esferas del PRI y de la Administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018). La Fiscalía de Chihuahua documentó la existencia de un acuerdo entre la Secretaría de Hacienda federal, entonces encabezada por Luis Videgaray; el gobernador César Duarte y la dirigencia del PRI para consumar la triangulación de 250 millones de pesos (unos 14 millones de dólares). Los recursos depositados por la Federación en 2016 a las arcas de Chihuahua fueron inmediatamente transferidos a empresas fantasma que, a su vez, los blanquearon mediante una compleja red de testaferros y compañías de papel. Convertido en efectivo al final de la cadena, el dinero se inyectó a las campañas priistas de ese año, cuando se elegirían varias gubernaturas.

El mecanismo de corrupción fue descubierto una vez que el PRI perdió las elecciones en Chihuahua y llegó a la gubernatura el opositor Javier Corral, del PAN. La investigación involucró directamente a Duarte —que gobernó el Estado entre 2010 y 2016 y que se encuentra en prisión procesado por otro desfalco millonario— y a varios de sus colaboradores. Declaraciones de testigos recogidas por la Fiscalía estatal permitieron acusar directamente a Alejandro Gutiérrez, La Coneja, secretario general adjunto del PRI y mano derecha del entonces dirigente nacional del partido, Manlio Fabio Beltrones. En la trama corrupta también estuvo implicado Isaac Gamboa Lozano, tercero de a bordo de la Secretaría de Hacienda y quien en 2020 fue asesinado junto a su familia.

La Fiscalía estatal logró que Gutiérrez fuese sentenciado en el fuero local por una parte de los desvíos. La Coneja fue el personaje de mayor jerarquía que pudo ser procesado judicialmente. El resto fueron exfuncionarios menores de Chihuahua. No obstante, la investigación sí que sacudió al partido oficialista y al Gobierno de Peña Nieto, que hizo todo lo posible por frenar la indagatoria. Una de las maniobras emprendidas por el peñismo fue intentar que el asunto pasara a la competencia de la justicia federal, con el argumento de que los recursos malversados eran también de índole federal, no estatal. La intención era sacar a Chihuahua y a Corral de la jugada.

El Gobierno peñista logró su cometido en 2018, gracias a una resolución de la Suprema Corte que confirmó que el expediente de la Operación Safiro debía ser revisado por la Federación. Gutiérrez llevaba en prisión varios meses. Ya con el control del asunto, la Fiscalía (entonces PGR) retiró los cargos contra La Coneja y pidió el sobreseimiento de la carpeta de investigación. En los hechos, la Fiscalía se convirtió en la defensa de oficio del operador de Beltrones. El juez autorizó el cierre del expediente. Todo ocurrió a pocos meses de que concluyera la Administración de Peña Nieto.

El Gobierno de Chihuahua promovió un amparo solicitando que se le reconociera como víctima del desfalco. Su recurso apelaba a una disposición en la ley que señala que la parte ofendida en cualquier proceso judicial debe dar su aprobación para que proceda el sobreseimiento de un asunto. Ese es el amparo que rechazó este miércoles la Suprema Corte.

Si la resolución hubiese dado la razón a Chihuahua, la Fiscalía de ese Estado habría podido echar atrás el cierre del expediente y reabrir la investigación. Corral, que dejó la gubernatura en 2021, ha dicho en diversas entrevistas que la indagatoria, de haber continuado, habría podido conducir al secretario de Hacienda, Videgaray, y al propio expresidente Peña, lo mismo que a Beltrones. Hoy esa posibilidad ha quedado definitivamente enterrada.

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