El INE multa al PRI con 98 millones de pesos tras concluir que el Gobierno de César Duarte desvió fondos hacia el partido

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha impuesto una multa de 97,9 millones de pesos al PRI tras acreditar que en 2015 recibió, mes con mes, recursos en efectivo que fueron desviados del presupuesto público del Estado de Chihuahua en la Administración del entonces gobernador César Duarte, integrante del mal afamado grupo de exmandatarios priistas que desfalcaron las arcas de sus Estados en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El desvío desvelado por el INE es solo una muestra del gigantesco mecanismo de corrupción descubierto a Duarte por la Fiscalía de Chihuahua una vez que el PRI perdió el poder en ese Estado norteño, tras las elecciones de 2016. La multa fue dictada en una sesión del lunes en la que el representante electoral del tricolor intentó descalificar la investigación del INE con el argumento de que los cómplices de los desvíos, exfuncionarios públicos del Gobierno de Duarte, fueron “torturados” por la Fiscalía para confesar los delitos, una versión que los duartistas han comenzado a promover en tribunales y medios locales para eludir la justicia.

La investigación del INE comenzó en 2018 y duró cinco años. De acuerdo con el expediente, entre enero y diciembre de 2015, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua entregó pagos mensuales en efectivo al secretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal del PRI, Pedro Mauli Romero Chávez. Los pagos suman 39,1 millones de pesos y fueron documentados por el INE mediante recibos firmados mes con mes por el tesorero priista. Los fondos fueron desviados de la partida presupuestal destinada al pago de compensaciones salariales para los burócratas estatales. El INE ha argumentado que la ley electoral prohíbe a los partidos políticos recibir financiamiento de instituciones gubernamentales y ha impuesto una multa que es 250% mayor a los recursos recibidos de manera ilícita por el tricolor. Los pagos ocurrieron en el contexto de las elecciones legislativas de 2015, en las que se renovaron las 500 diputaciones federales y en las que el PRI apostaba por mantener su hegemonía en el Congreso. Además del INE, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, ha abierto una investigación por este hecho.

El expediente elaborado por el INE a partir de información bancaria y de declaraciones de los propios involucrados sostiene que se trató de una operación instruida por el propio exgobernador Duarte. Al menos tres excolaboradores de su Administración lo refirieron así. De hecho, según esas declaraciones, los desvíos al Comité Directivo Estatal del PRI ocurrieron desde un año antes, 2014, y fueron en total por un monto mayor, de 63,8 millones de pesos, aunque el INE únicamente acreditó lo sucedido en 2015. El titular de la Tesorería de la Secretaría de Hacienda, Joaquín Francisco Hernández Vega, declaró: “A principios de enero de 2014 se efectuó una reunión en el despacho del secretario de Hacienda, donde se encontraban presentes el secretario Jaime Ramón Herrera Corral; el director general de Administración, Gerardo Villegas Madriles; el director de Recursos Humanos, Adrián Dozal Dozal, y yo. Ahí se informó que, por instrucciones del exgobernador César Horacio Duarte Jáquez, a partir de ese mes se le entregaría mensualmente al Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional la cantidad de tres millones de pesos”.

La mecánica de los desvíos era así, conforme el expediente: la Secretaría de Hacienda extraía cheques de la partida para el pago de la nómina de los burócratas y los depositaba a una cuenta en el banco BBVA creada a título de la empresa de traslado de valores Servicio Panamericano de Protección, S. A. de C. V. Esta compañía cobraba los cheques y trasladaba los recursos en efectivo a las oficinas de la propia Secretaría de Hacienda. Allí recibía el dinero el tesorero Hernández Vega, que lo guardaba en una caja fuerte. Él era el encargado de suministrar los pagos, no solo para el representante priista, sino para más personajes que acudían regularmente a las oficinas gubernamentales a cobrar. Según las declaraciones recogidas por el INE, la instrucción del exgobernador Duarte era sustraer de la partida de la nómina estatal cinco millones de pesos cada mes. De ese dinero, tres millones debían ser pagados al PRI; el dinero restante se debía entregar “a distintas personas que mensualmente acudían a la oficina de la Tesorería para el cobro de importes acordados directamente entre cada una de las personas y el exgobernador”.

En realidad, lo que los duartistas describieron fue el esquema de la Nómina secreta, un mecanismo de sobornos a gran escala —con cargo al erario— implementado por Duarte para comprar la voluntad de políticos de todos los partidos. La Fiscalía de Chihuahua, que documentó el esquema, ha concluido que durante la gestión de Duarte fueron desviados alrededor de 1.000 millones de pesos en pagos de sobornos. Las entregas al PRI son solo una pequeña parte del monumental desvío de recursos públicos. Las investigaciones de la Fiscalía tocaron incluso a la actual gobernadora del Estado, María Eugenia Maru Campos Galván, del PAN, quien, según la autoridad ministerial, cobró unos 10 millones de pesos en sobornos entre 2014 y 2016, cuando ella era vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Congreso estatal. Campos, como otros exfuncionarios de Duarte y políticos acusados de beneficiarse de la Nómina secreta, han sostenido que la Fiscalía armó ese y otros expedientes sobre corrupción a partir de “torturas psicológicas”. Incluso, el fiscal que estuvo a cargo de las investigaciones, Francisco González Arredondo, fue denunciado y encarcelado tres meses. Recientemente, por orden de un juez federal, fue sacado de prisión para que siga su proceso en libertad.

Precisamente los representantes del PRI ante el INE acudieron a esa versión de la supuesta tortura para pedir que no se impusiera la millonaria multa al partido. “Hay las pruebas de que el fiscal que llevó el proceso de ese secretario de Finanzas [del PRI de Chihuahua] hoy está en prisión por torturar a gente para declarar lo que quería la autoridad”, dijo Hiram Hernández Zetina, representante electoral del tricolor. Por su parte, el representante legislativo del PRI, Marco Antonio Mendoza, advirtió a los consejeros del INE del riesgo de convalidar declaraciones arrancadas a base de “torturas”. “Hay indicios que, de acreditarse, fueron arrancados a través de la violencia y de la tortura. Sería un precedente grave que este Consejo General utilizara estos argumentos, estos indicios, que serían una prueba ilícita para la imposición de una sanción”, dijo.

El consejero Jaime Rivera, encargado del proyecto de sanción al PRI, reviró que el INE reunió pruebas documentales que demuestran la comisión del delito. “Se trata de una cadena de hechos probados y algunos indicios que, concatenados, brindan pruebas y convicción sobre esta infracción. Se trata de una investigación amplia, muy completa, cuyos hallazgos no han sido desvirtuados por los alegatos de los representantes del partido que, en su legítima defensa, alegan lo contrario”, afirmó.

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