“Hay riesgo de que se anulen los procesos abiertos contra César Duarte por corrupción”

El viernes, el exgobernador de Chihuahua César Duarte leyó una buena noticia en los periódicos: la Secretaría de la Función Pública del Estado, encargada de vigilar la conducta de los servidores públicos, lo había absuelto en un expediente abierto en su contra por el desvío de 6 millones de pesos. Un medio local tituló así la noticia: “Inicia el perdón de Maru Campos a César Duarte”. El exmandatario está vinculado a proceso en Chihuahua por asociación delictuosa y desvío de recursos públicos. Existen otras 18 órdenes de aprehensión en su contra por delitos de corrupción. Sin embargo, esos expedientes podrían ser anulados por el Gobierno de Chihuahua, encabezado por María Eugenia Campos Galván, con lo que Duarte quedaría en libertad, afirma el abogado Iker Ibarreche, que se ha sumado a la defensa legal de Francisco González Arredondo, el fiscal que encabezó las investigaciones por corrupción contra el exgobernador priista y que recientemente fue apresado por la Fiscalía de Campos.

Ibarreche ha sido el defensor de tres hombres de Tabasco que fueron detenidos y torturados en 2015 para forzarlos a incriminarse en un delito de secuestro. El caso fue retratado en el documental de Netflix Duda razonable, que expone el cúmulo de pruebas fabricadas por las autoridades. Tras siete años en prisión, la lucha de Héctor, Gonzalo y Juan Luis por probar su inocencia llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que este lunes discutirá un proyecto en el que se propone su liberación inmediata y sin condiciones. El trabajo de Ibarreche fue fundamental para probar la violación sistemática a los derechos humanos de tres personas torturadas e incriminadas en un delito que no cometieron. Ahora, como defensor del exfiscal anticorrupción González Arredondo, el litigante señala irregularidades en el expediente de la Fiscalía de Chihuahua y, detrás de ello, un intento desde el Gobierno estatal para tender a César Duarte el camino a su liberación.

La acusación de la Fiscalía se basa en el testimonio de varios cómplices de Duarte que habían testificado en contra del exgobernador a cambio de beneficios en sus propios juicios por delitos de corrupción. Ahora, esos mismos testigos acusan a González Arredondo de “tortura psicológica” para obligarlos a culpar a su jefe, el exgobernador. Los denunciantes señalan –como ejemplos de la tortura– que los investigadores no les permitían ir al baño, que no les daban agua, que les gritaban, que los amenazaban con meterlos a la cárcel si no cooperaban o que las entrevistas duraban hasta ocho horas seguidas. Algunos denunciantes han incurrido en contradicciones de fechas en sus testimonios, afirma Ibarreche.

“Genera suspicacia que el fiscal que llevó a cabo investigaciones que generaron la condena de diversos exservidores públicos del Estado de Chihuahua, y además se haya vinculado a proceso a la actual gobernadora, hoy en día sea acusado de tortura psicológica por parte de las personas que fungieron como testigos para lograr esas condenas. Eso puede abrir la puerta a nulificar los procesos y que se exonere a los exservidores públicos condenados”, dice Ibarreche en entrevista telefónica. “En el caso de César Duarte, si las declaraciones fueron utilizadas para lograr su procesamiento y hoy pretenden establecer que las mismas fueron obtenidas bajo tortura psicológica, implicaría que esas pruebas están viciadas, y por lo tanto se quedarían sin sustento los procesos contra el gobernador. Se le exoneraría. Sería absuelto y se anularían las causas contra él”.

González Arredondo fue designado por el exgobernador Javier Corral encargado de las investigaciones relacionadas con los actos de corrupción de Duarte. Como resultado de su trabajo, 49 personas, entre las que se cuenta a exfuncionarios y empresarios, fueron llevadas a juicio, y se recuperaron 55,8 millones de pesos que habían sido desviados de los recursos del Estado. Los expedientes condujeron a la captura del exmandatario priista en Estados Unidos en 2020 y su extradición a México para ser enjuiciado por desvío de recursos públicos y asociación delictuosa. Las investigaciones también revelaron que la hoy gobernadora Campos habría cobrado sobornos de Duarte cuando ella era diputada local. Tras la captura del exfiscal González Arredondo, decenas de defensores de derechos humanos, académicos y ciudadanos han firmado peticiones en las que exigen su liberación y acusan una criminalización del combate a la corrupción.

“El mensaje que se estaría enviando es que cualquier fiscal que tenga la valentía de hacer investigaciones y persecuciones por hechos de corrupción el día de mañana va a terminar siendo perseguido por su trabajo”, afirma Ibarreche. “El precedente que se está dejando con el caso de González Arredondo es terrible para nuestro país. ¿Qué es lo que puede generar esto? Pues una inhibición en la investigación y persecución de los hechos de corrupción”.

A la espera de que el máximo tribunal del país se pronuncie a favor de las víctimas de tortura que protagonizan Duda razonable, Ibarreche vislumbra en el caso del exfiscal de Chihuahua otro ejemplo modélico de corrupción del sistema de procuración e impartición de justicia, de la que la siguiente víctima es potencialmente cualquier ciudadano. “A mí me gusta involucrarme en los casos en donde pienso que existen violaciones graves al debido proceso de las personas, a los derechos fundamentales que todos tenemos. Para mí, estos casos deben ser emblemáticos para todos nosotros como ciudadanos: todas las personas podemos ser en algún momento acusadas injustamente de un delito”, expone el abogado. “Lo que se debería exigir al Estado es que nos garantice el respeto irrestricto de nuestros derechos fundamentales, tanto en el caso de González Arredondo como en el de estos tres muchachos de Tabasco, Héctor, Gonzalo y Juan Luis. Pero uno observa que lo que menos está haciendo el Estado es respetar los derechos fundamentales de ellos, y por lo tanto, si les pasa a ellos, también nos puede pasar a cualquiera de nosotros”.

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