La Cámara de Diputados aprueba un recorte millonario a los fideicomisos del Poder Judicial

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada de este miércoles la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Se consuma así el recorte anunciado por unos 15.280 millones de pesos que ha tensado durante las últimas semanas las relaciones entre el Ejecutivo y la judicatura. Los trabajadores han protagonizado protestas durante los últimos días e incluso amenazan con un paro nacional para finales de mes. Entienden que el tijeretazo pone en peligro derechos adquiridos para más de los 55.000 empleados del cuerpo judicial. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido, sin embargo, que el recorte no afectará a los trabajadores y que va destinado a los “privilegios de los de arriba”. La oposición ha subrayado que el paso de este miércoles es la antesala de la profunda reforma judicial que pretende llevar a cabo Morena durante el próximo sexenio.

En la votación no hubo sorpresas, tras un debate de cinco horas, Morena y sus aliados aprobaron el dictamen con 260 votos; mientras que la oposición —PAN, PRI, PRD y MC— lo rechazó con 196 en contra. En su discusión en lo particular, se aprobó una de las 69 reservas que presentaron los diferentes grupos parlamentarios. Esta modificación señala que los 15.280 millones de pesos de los fideicomisos serán recolectados por la Tesorería de la Federación y “se destinarán por la Secretaría de Hacienda a los programas que permitan cumplir el Plan Nacional de Desarrollo”. La reforma ahora será enviada al Senado para su discusión y votación.

El debate sobre el dictamen fue precedido por protestas de trabajadores sindicalizados en diferentes entidades del país, como la Ciudad de México, en inmediaciones de diferentes sedes como el Palacio de Justicia del Poder Judicial, inmueble vecino del recinto del Congreso de la Unión. Además de la posibilidad abierta de convocar un paro nacional para el 24 de octubre, los trabajadores también sondean presentar un amparo colectivo.

Los legisladores de oposición acusaron al Gobierno federal de intentar romper la división de poderes. “El recorte al Poder Judicial no es ahorro, es venganza”, se leyó en los carteles que legisladores panistas, priistas y perredistas exhibieron en la tribuna. Las posibilidades de la oposición para frenar la aprobación eran, en todo caso, escasas. Al tratarse de una reforma legal, únicamente requirió de mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los legisladores presentes física y virtualmente.

Los diputados opositores aludieron también al conocido como “plan C” del presidente. Ante la suspensión por parte de los jueces de varios de sus proyectos estrella, sobre todo la reforma electoral, López Obrador ha calificado así a sus planes de lograr una mayoría calificada en las elecciones de 2024. Y así concretar su reforma constitucional al Poder Judicial para que los ministros de la Suprema Corte sean electos por voto popular y no por el Senado de la República mediante un proceso de selección.

De acuerdo con el secretario general del sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF), Jesús Gilberto González, la extinción afecta directamente a 55.000 agremiados de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), del Consejo de la Judicatura (CJF) y del Tribunal Electoral (TEPJF). La oficial mayor de la Suprema Corte, Gisela Morales, defiende por su parte que seis de los 13 fideicomisos están vinculados directamente con derechos de los trabajadores, fundamentalmente los asociados a pensiones complementarias y apoyos médicos extraordinarios.

López Obrador ha repetido que la eliminación de los fideicomisos no afectará los derechos de los trabajadores. “Que no los engañen, es arriba, eso es lo que propuso el Congreso, quitarle los privilegios a los de arriba, no a los de abajo. No se les va a reducir el sueldo ni se les van a quitar las pensiones”, dijo en su conferencia matutina de este martes.

La extinción de estos fondos, advierten los trabajadores, transgrede derechos adquiridos, reconocidos en la Constitución y la ley que regula las condiciones generales de trabajo del personal de confianza de la Suprema Corte, del Consejo de la Judicatura Federal, de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito.

De acuerdo con la oficial mayor de la Corte, por concepto de ahorros y economías, la SCJN y el CJF devolvieron a la Tesorería de la Federación 2.895 millones de pesos en 2022, sin que fueran redirigidos a ninguno de los fideicomisos, como sostuvieron los diputados del oficialismo.

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