Tres empresas demandan a Diconsa por 980 millones de pesos por el fraude de las purificadoras de agua de Segalmex

Tres empresas han presentado una demanda en contra de Diconsa por unos 980 millones de pesos a causa del fraude de las purificadoras de agua. La acusación, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, busca el resarcimiento económico de un grupo de inversores privados tras el fracaso de un proyecto que pretendía instalar estas plantas en los almacenes de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) con el fin de garantizar el acceso al agua potable de numerosas poblaciones de bajos recursos en todo el país. La mayoría de las purificadoras nunca alcanzaron a ser instaladas, y el puñado que sí lo consiguió, solo operó alrededor de un año, hasta que Segalmex cambió de Administración en medio de acusaciones de corrupción y la gestión entrante paralizó la producción del agua purificada. Los empresarios reclaman ahora que Diconsa incumplió el contrato que firmaron y piden una millonaria suma por el dinero que invirtieron y el monto que hubiesen ganado de haber producido todo este tiempo.

El proyecto de las plantas fue anunciado en junio de 2020 por Ignacio Ovalle Fernández, entonces director de Segalmex y una especie de padrino político del presidente Andrés Manuel López Obrador. Inicialmente la idea era instalar 274 purificadoras en los almacenes de la enorme red de abasto de alimentos. Un grupo de empresarios había acordado con la paraestatal montar el negocio, que creían iba a rendir frutos millonarios. Sin embargo, los inversores nunca recuperaron su dinero y la paraestatal perdió fondos públicos que había invertido en servicios para que las plantas funcionaran. A cambio de ese gasto, Segalmex iba a quedarse con esas instalaciones en septiembre de 2024, pero desde el 2021 las purificadoras quedaron completamente abandonadas. Este periódico consultó a Segamex sobre la demanda judicial y respondieron que no tenían comentarios que hacer al respecto.

Una investigación publicada por este periódico el año pasado reveló que el acuerdo por las plantas de agua se logró el 29 de julio de 2019, apenas ocho meses después de que López Obrador llegara al poder. El convenio lo firmó Diconsa, el organismo encargado del abasto de alimentos que el presidente fusionó junto a la dependencia a cargo de la leche, Liconsa, bajo el nombre de Segalmex. El intermediario entre el organismo público y las empresas para el acuerdo de las purificadoras fue el empresario Fernando Zurita, actualmente detenido por la compra fraudulenta de azúcar. La denuncia, presentada por los empresarios Miguel González y Óscar Pérez Alarcón, relata cómo llegaron al acuerdo. Fue Zurita quien les invitó a participar como inversores del esquema, sobre quien cuentan que “se ostentó como operador del Sr. Ignacio Ovalle Fernández”, que había solicitado como director de Segalmex “invitar a inversionistas” para la ejecución de un proyecto de purificación y envasado de agua potable, de acuerdo con la denuncia.

El acuerdo que alcanzaron las empresas Punto Integradora Estratégica SA. de CV., Geve de Chihuahua SA. de CV. y Surtidora de artículos para su negocio El Huizache SA. de CV. era por la mitad de las plantas originalmente pensadas, unas 134. De esas instalaciones solo se alcanzaron a levantar unas 11 en los Estados de Hidalgo, Guanajuato, Puebla y el Estado de México. La demanda detalla que estas empresas serían las inversoras, pero quien había firmado el contrato con Segalmex era Gainmate Comedores Industriales, una sociedad vinculada con Zurita.

La empresa Gainmate Comedores Industriales, fundada en 2008, cambió su objeto como sociedad a inicios de 2021 para agregar justamente los negocios con el agua e incluyó: “Otorgar servicios de almacenamiento de agua potable para consumo humano, aguas tratadas o derivados del agua para cualquier persona física o moral ya sea del ámbito privado o cualquier ente público”. En ese mismo movimiento, nombraron como apoderado de la compañía a Eduardo Murillo Landeros, también detenido por la causa judicial de Segalmex y uno de los firmantes del contrato por las purificadoras.

Lo que las tres empresas piden ante la justicia ahora es que les devuelvan su dinero invertido y lo que podrían haber ganado. Por un lado, solicitan 42 millones de pesos por lo invertido en las 11 plantas que sí lograron abrir. Por el otro, quieren el pago de los daños y perjuicios que provocó supuestamente Segalmex al “suspender intempestivamente sin motivo ni causa justificada” y sin dar aviso a las partes la producción en esas instalaciones, que fueron cerradas el 3 de mayo de 2021 y permanecen en esa condición. Las demandantes cifran el monto de ese daño en 75,3 millones. Y por último, exigen que se les pague por los daños y perjuicios ocasionados al suspender la instalación de las 126 plantas restantes, al “impedir el acceso a sus instalaciones del personal encargado del montaje e instalación”. Lo que podrían haber ganado durante estos años con esas purificadoras está calculado en la denuncia en 863 millones.

Los empresarios reclaman que Diconsa nunca avisó que daba por terminado o cancelado el contrato, por lo que consideran que la paraestatal incumplió su parte. Los cálculos de lo que podrían haber ganado con las 137 plantas es una estimación hecha en base a los números que registraron en las 11 purificadoras que sí alcanzaron a producir, una proyección de ventas y la ganancia que le sacaban a cada garrafón, que era de seis pesos. Entre las pruebas presentadas por Miguel González, hay transferencias bancarias por unos 18 millones de pesos hechas desde la cuenta de Punto Integradora Estratégica SA. de CV. a la cuenta de Comercializadora Aservayan SA. de CV., vinculada a Murillo y Zurita.

A pesar de que las instalaciones quedaron abandonadas hace tiempo ya, el convenio en papel tiene vigencia hasta el 30 de septiembre de 2024, fecha en la que se supone que las empresas ceden legalmente las plantas a Segalmex. Para garantizar que cumplirían con el servicio, los inversionistas dieron a Diconsa una fianza equivalente al 10% del monto mínimo mensual del convenio, es decir, unos 6,1 millones de pesos, de acuerdo al contrato al que accedió este periódico. De no cumplir las privadas con sus responsabilidades, el documento señala que no habrá necesidad de acudir a tribunales o exigir el cumplimiento forzoso o el pago de daños sin que medie resolución judicial. No dice nada, sin embargo, del incumplimiento de la paraestatal.

El costo de levantar cada planta rondaba los 170.000 pesos. Fuentes conocedoras del acuerdo, que prefieren mantener el anonimato, señalan que Zurita convenció, además de a González, a dos hombres cercanos para invertir en este proyecto. Uno de ellos fue Hugo Rosales Badillo, exsecretario de Gobierno del Estado de Durango, quien según esas versiones aportó dos millones de dólares en efectivo. Posteriormente, y siempre de acuerdo a las mismas fuentes, se quejó ante la falta de avances en el proyecto y logró recuperar 10 millones de pesos a través de una transferencia. Ese movimiento bancario lo ha dejado vinculado a la causa judicial.

La estafa de los garrafones

Como establecía el acuerdo de las plantas purificadoras, Segalmex estaba a cargo de comprar los garrafones vacíos. Para eso firmó un convenio por 99,9 millones de pesos por alrededor de 1,8 millones de envases, de los cuales solo recibió un tercio. EL PAÍS reveló en marzo del año pasado un desfalco de al menos 51,6 millones de pesos en la adquisición de este producto en 2019. Los cálculos internos de la paraestatal señalan que del total de los envases adquiridos solo se utilizaron unos 214.000. La razón radica en que la venta de agua estaba prevista que se hiciese en botellones de 20 litros. A pesar de eso, la paraestatal compró envases más pequeños: 605.850 piezas de 11 litros y 605.850 piezas de cinco litros.

El esquema de pagar todas las compras por adelantado y pedir el producto luego fue una medida que se impuso en la Administración de Ovalle. No es un mecanismo regular en las contrataciones públicas y sirvió para que los proveedores no entregaran en muchos casos la totalidad de lo comprado, generando un daño a la Hacienda pública. Así, el desfalco dentro de Segalmex superó los 15.000 millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación. La estafa se repitió con la carne, el azúcar y hasta las pilas, de acuerdo a lo que han revelado numerosas investigaciones periodísticas. En el caso de la compra de los garrafones, solo se entregaron los de 20 litros. Un análisis interno reconoce que Segalmex no sabe cuántos garrafones recibió en total, porque la paraestatal no llevaba un inventario completo de sus productos.

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