Miguel Rivas, ambientalista: “México cuenta con una de las legislaciones ambientales más vanguardistas, pero falla en su cumplimiento”

El Gobierno anunció el 8 de enero la ampliación de las Áreas Naturales Protegidas en el sureste de México: 20 nuevos enclaves que configuran un total de 225 regiones dedicadas a la preservación de los ecosistemas. “Ganar territorio en conservación es bueno para cualquier país, pero particularmente para México, de los 17 más megadiversos del mundo”, responde a la noticia Miguel Rivas, biólogo y director de la campaña Santuarios Marinos de Oceana, la mayor organización internacional dedicada a proteger los mares. Esta asociación ha sido una de precursoras de que a la lista de ecosistemas protegidos se sume el Parque Nacional Bajos del Norte, el área natural más grande del golfo de México. “Y la única 100% marina de las recién decretadas. Un logro gracias a la confluencia del trabajo llevado a cabo por la sociedad civil, pescadores, comunidades locales, empresarios y autoridades”, expresa el ambientalista.

A 240 kilómetros de Puerto Progreso, en el estado de Yucatán, este parque natural se conforma de 1,3 millones de hectáreas prácticamente desconocidas hasta el 2021. Año en que el equipo mexicano de Oceana junto a científicos internacionales realizó una expedición para demostrar la importancia del lugar como enclave para especies amenazadas o en peligro de extinción, así como para las pesquerías relevantes de la zona. También, explica Rivas, “como un ecosistema de transición que conecta al golfo de México con el Caribe. Lo que lo convierte en un centro de dispersión de larvas que nutren y dan diversidad genética a lugares como Cabo Catoche y el Parque Nacional Arrecife Alacranes”.

Este sistema arrecifal, decretado área natural en 1994, cuenta con zonas destinadas a la protección de fauna muy especial, como las tortugas carey, laúd, caguama y cabezona. También para aquellos productos de los que viven más de 4.000 familias. “Tras muchos esfuerzos colectivos no solo se consiguió que en Alacranes aumentarán las poblaciones de especies sino su biomasa. La talla de muchos peces es ahora mayor que la de hace 20 años”, señala el experto de Oceana, organización que hace unos años identificó actividad ilegal en este paraíso natural.

Después de analizar la información disponible en la plataforma Global Fishing Watch, Oceana detectó de 2012 a 2019 la presencia de más de 60 embarcaciones con registro de pesca en zonas del parque donde esta actividad está absolutamente restringida por ley. “Tras las denuncias que interpusimos, ante la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el gobierno, se tomaron acciones y Alacranes pasó de tener solo un guardaparque a nueve″, explica Rivas muy crítico con el manejo actual de las superficies protegidas en el país. “Es un sistema con muchas fallas, como la falta de presupuesto y de personal adecuado. Por eso, desde Oceana hemos propuesto diversas soluciones para mejorarlo”, revela.

Una de ella es impulsar que el dinero que entre por concepto de visitación y trámites de área protegida “no vaya a las arcas de Hacienda, sino que se queda en las propias áreas naturales. Es decir, que cada peso que se vuelva a invertir en conservación”, señala Rivas. Otra de las medidas por las que aboga la organización es que todas las áreas naturales protegidas cuenten con un programa de manejo en donde se delimite claramente las zonas en las que se prohíbe la pesca. “Que ciertos grupos de pescadores ilegales no respeten las reglas de juego va en demérito de la salud del mar, pero sobre todo, de quienes sí cumplen con ellas”, expresa el biólogo.

El manejo de la pesca

La pesca ilegal es, de hecho, una de las razones por las que México se sitúa tan lejos de liderar el potencial pesquero a nivel continental. A pesar de que el país cuenta con uno de los litorales más extensos del mundo, su producción en captura está rezagada, situándose por detrás de territorios costeros mucho más reducidos, como Chile. Según estima un reporte de 2013 de la Environmental Defense Fund de México (ECF), por cada 10 kilogramos de pesca legal, otros seis se obtienen de manera irregular. “Conapesca estima que en la actualidad las cifras están alrededor del 40%. Pero algunos pescadores manifiestan que es todavía más alta”, señala Rivas.

Además de esta amenaza, los mares mexicanos padecen una grave sobreexplotación de especies. “Un problema que impacta en el bienestar de más de 250.000 pescadores artesanales y sus familias. La gran mayoría dependen de algunas de las especies que hoy se encuentran en situación crítica”, apunta el ambientalista y lanza un dedo acusatorio hacia la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca). “El máximo regulador del sector no está haciendo su trabajo”.

Existen pesquerías en recién declive, como el pulpo maya, que se han sumado a las que ya llevan años sufriendo una depredación feroz de la mano humana, como el pargo o el huauchinango. Hace solo unos días, el 1 de febrero, se decretó la veda del mero, pez emblemático de México y cuya sobreexplotación tiene ya más de dos décadas. “Desde hace algunos años el mero rojo de Yucatán está considerado una especie en deterioro. Necesitamos estrategias de recuperación urgentes, que el Gobierno brinde apoyo a las comunidades que hacen vigilancia”, exhorta Rivas. Según expone, la mayor autoridad en la regulación del sector, la Conapesca, “no se ha involucrado para dar soluciones como debería, tomando acciones coordinadas con los pescadores”.

En México, solo el 25% de las pesquerías cuenta con un plan de manejo. El resto se administra únicamente “con permisos que muchas veces se otorgan por intereses económicos o políticos”, apunta Rivas. Aunque en el 2022 se presentó una iniciativa en el Senado de la República para incluir esquemas de manejo integral de productos del mar con criterios socioambientales que garantizasen la recuperación de las especies deterioradas, la propuesta quedó en el aire. “Mejorar la situación de la pesca sostenible a través de una mejor fiscalización es una urgencia que no le interesa a las autoridades”, declara el biólogo de Oceana.

En su opinión, México tiene una de las legislaciones ambientales más vanguardistas: ”pero tiene fallas en su cumplimiento por el mal funcionamiento de algunas instituciones y la falta de coordinación entre ellas”. Uno de los grandes problemas para acabar con todas las dificultades que enfrenta el sector pesquero en México es, según Oceana, la falta de acoplamiento y comunicación entre las entidades responsables de su regulación.

A la falta de acción gubernamental y una deficiente gestión en la conservación de los mares y los recursos que nos brinda, en México se suma el deterioro de los ecosistemas. Hábitats críticos que sufren destrucción directa y la contaminación de hidrocarburos y agroquímicos, así como la inexistencia de control en residuos urbanos, con la afectación que estos generan en la pesca. “Estamos viviendo una tremenda crisis por contaminación de plástico, por la sobreproducción de artículos de vida corta que acaban contaminando los océanos y que hay que detener de raíz”, lamenta Rivas.

En la actualidad, México cuenta con 22,4% de su territorio conservado. “Teniendo en cuenta que en el Acuerdo Global de Kunming-Montreal de 2022 el compromiso fue ampliar hasta el 30% de su superficie, nos queda mucho por avanzar. Estamos hablando de la necesidad de decretar 18 Parques Bajos Norte más para llegar a tal objetivo”, matiza. La investigación realizada en este ecosistema recién decretado Área Natural Protegida es para el ambientalista “un buen ejemplo de cómo a través de la ciencia se pueden identificar aquellos lugares del fondo marino claves para la conservación de la vida en peligro, de las rutas migratorias de ballenas, tortugas y tiburones y la pesca sostenible. Los datos disponibles deben servir como criterio a la hora de decidir lugares estratégicos para la protección de la biodiversidad y el empleo de tantos mexicanos”.

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