La juez procesa a los ocho militares de Ayotzinapa, ahora por delincuencia organizada

La juez Raquel Duarte ha mandado a prisión a ocho militares por su presunta colaboración con el grupo criminal Guerreros Unidos, organización que perpetró el ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, en el Estado de Guerrero. Los militares vuelven así a prisión, después de un paso previo en meses anteriores. Es el último capítulo de un caso rocambolesco, convertido en un asunto político desde Palacio Nacional, que ve en el caso Ayotzinapa una de las heridas más grandes de su Gobierno.

Duarte ha aceptado los argumentos de la unidad especial de la Fiscalía General de la República (FGR) para el caso Ayotzinapa, la UEILCA, que acusa ahora a los soldados de delincuencia organizada, acusación armada en apenas cuatro días, a partir del relato de dos testigos protegidos, que en sus declaraciones anteriores nunca mencionaron a los ocho militares. Los abogados de los ocho han abierto un “incidente de revisión de la medida cautelar”. En tres días, argumentos de por medio, la juez deberá decidir si los mantiene en prisión o permite que lleven su proceso en libertad.

En otra pata del proceso, la UEILCA señala a los soldados de un delito de desaparición forzada, supuestamente por haber participado por acción u omisión en la desaparición de 43 estudiantes durante el ataque. Este último delito de desaparición forzada, y las decisiones que la jueza tomó al respecto, figuran en el centro de la polémica y explican el teatrillo de las últimas semanas. A mediados del año pasado, la UEILCA pidió la detención de estos militares a la juez, por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada. El juez solo aceptó los argumentos de la UEILCA para acusarlos del primero. Los militares acabaron, sin embargo, en prisión, a la espera de juicio.

Pero en pocos meses las cosas cambiaron. En enero, sus abogados consiguieron que la jueza cambiara su medida cautelar. Duarte accedió a que, en vez de estar en prisión, fueran a firmar cada 15 días al juzgado. En Palacio Nacional, su decisión se interpretó como una afrenta del Poder Judicial al Gobierno, una más. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, cargó contra la juez, igual que la Secretaría de Gobernación y la FGR. El Ejecutivo anunció una ofensiva para que los militares, que seguían procesados, volvieran a prisión.

Criticado por sus presiones en las investigaciones en el caso Ayotzinapa estos años, el Gobierno veía en este caso una oportunidad para mostrar contundencia, aunque fuera simbólica. De entre las decenas de patas que componen la investigación del caso Ayotzinapa, el proceso contra estos ocho militares, meros soldados en la época del ataque, no es ni de lejos la más importante. Pero la narrativa penaliza al Gobierno, señalado por la mayoría de las familias de los 43, por sus abogados y por los investigadores independientes que han estudiado el caso estos años, de permitir que el mismo Ejército oculte información sobre el caso.

La táctica de la UEILCA, en manos de un fiscal cercano a López Obrador desde octubre de 2022, consistió en reactivar la acusación de delincuencia organizada con nuevas pruebas, de forma que la juez, si las aceptaba, los mandara de vuelta a prisión. Los fiscales trabajaron rápido. Los ocho militares, que durante el ataque contra los 43 iban a bordo de diferentes patrullas en el lugar de los hechos, el municipio de Iguala, habían salido de prisión el 24 de enero. El 1 de febrero, los volvieron a detener.

La rapidez de la UEILCA se alimentaba de dos declaraciones nuevas de dos viejos conocidos de la FGR, los testigos protegidos Carla y Neto, dos viejos integrantes de Guerreros Unidos, que ya habían declarado varias veces años antes. En sus nuevas declaraciones, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, los dos reconocen por fotos a los acusados. Carla dice incluso los nombres de seis de ellos. Neto no lo hace, pero ve sus fotos y les reconoce. Las sospechas de que los fiscales podrían haber inducido el testimonio de ambos cobran fuerza entre las familias de los 43.

En sus declaraciones anteriores, ni uno ni otro dijeron nunca el nombre de ninguno de los ocho. En su declaración del 18 de noviembre de 2020, Carla dice que “algún capitán del Ejército pertenecía a Guerreros Unidos”. Y luego añade que de los militares que trabajan para el grupo ubica a dos. Uno es un capitán, de apodo El Boxer. Dice que vive en la colonia El Capire, es chaparrillo, medio musculoso y tiene un balazo en el muslo derecho. El otro, añade, es Valentín, que es de Oaxaca y tiene la oreja derecha como partida. Es alto, delgado y moreno.

Por su lado, Neto dice, en su declaración del 22 de febrero de 2021, que “había policías y soldados del Ejército a quienes se pagaba una cuota”. Y añade: “Como empecé desde abajo no tenía contacto directo con ellos, pero si me es puesta alguna fotografía podría reconocer a alguno”. Por algún motivo, los fiscales no le enseñaron las fotos de estos ocho militares. Tampoco a Carla. Y, si lo hicieron, no los reconocieron. Parte de las primeras declaraciones a uno y otro consistieron en la muestra de decenas de imágenes, situación que consta en el primer escrito de acusación contra estos ocho militares y otros trece, consignada al juzgado en agosto de 2022.

En su nueva declaración, Carla justifica su silencio. “No me había atrevido a mencionar por nombres a la gente que yo conozco y que se les pagaba su cuota, porque muchos son policías o soldados y son gente que tiene poder y armas, pues son del gobierno y esos te desaparecen sin que se sepa nada”, defienda. Tanto Carla como Neto son dos de los testigos más débiles de la UEILCA. El primero cuenta un relato sobre el asesinato de un compañero de los 43, la noche de los hechos, Julio César Mondragón, contradictorio respeto a otras pruebas recopiladas estos años. El segundo narra el traslado de cuerpos de algunos de los 43, ya asesinados, un día después del ataque, a plena luz del día, en el mismo Iguala. Para ese entonces, las autoridades ya controlaban el municipio.

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