Los ocho militares liberados del ‘caso Ayotzinapa’ abren un nuevo cisma entre el Gobierno y los jueces

Ofensiva total del Gobierno mexicano contra el Poder Judicial, ahora a cuentas del caso Ayotzinapa. El cambio de medidas cautelares a ocho militares, acusados de participar en el ataque contra los estudiantes normalistas, en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, funciona de combustible en un conflicto de fondo, que trasciende en realidad al caso de los estudiantes, pero que sirve para desviar la atención de los reclamos de las familias de los 43 desaparecidos. A saber, cientos de documentos de espionaje militar, básicos en la investigación, cuya existencia el Gobierno niega.

Han sido constantes los desencuentros del Ejecutivo con el Poder Judicial estos años, al que acusan de corrupción y despilfarro. En el marco del caso Ayotzinapa, los señalamientos apuntan a la “fragmentación de los procesos” o a “propiciar trabas burocráticas” para prolongarlos. Mención especial, de principio a fin, para el juez Samuel Ventura, que liberó hace años a decenas de detenidos por el caso, presuntas víctimas de tortura, sin investigar quién la había cometido. La crítica a Ventura parece justificada, igual que otras verbalizadas estos años, diferentes a las de ahora.

La pugna en esta ocasión parece ir un paso más allá. Las críticas del Gobierno se centran en una pata menor del proceso y contrastan, además, con la práctica indiferencia que mostró el año pasado, tras la liberación de otro militar procesado por el caso, entonces un general, Rafael Hernández. En agosto, el general Hernández, acusado de delincuencia organizada, obtuvo el mismo beneficio que ahora los ocho elementos de tropa, gracias a la rapidez de la Guardia Nacional, encargada de calcular su riesgo de fuga, que calificó de mínimo. Ocurre además que los ocho que ahora seguirán su proceso en libertad se entregaron a las autoridades cuando recién la juez pidió su detención, mientras que Hernández fue capturado y presentado a la jueza. Entonces y ahora, la misma jueza les dio prisión preventiva a todos los acusados y luego aceptó que salieran de la cárcel hasta que llegue el juicio.

La escalada del caso de los ocho ha sido rápida, también algo inesperada. El fin de semana, una juez federal accedía a la petición de la defensa de los ocho militares, de cambiar la prisión preventiva por una visita quincenal al juzgado, la entrega de los pasaportes y la prohibición de salir del país. Acusados de desaparición forzada, los militares, la mayoría con el grado de soldado en la época del ataque, formaron parte de un convoy que patrulló por Iguala durante y después de la embestida. La Fiscalía presume que su presencia en el convoy respondía a su cercanía del grupo criminal que figura en el centro del ataque, Guerreros Unidos.

El Gobierno contestó raudo al cambio de medidas cautelares. Sensible a las acusaciones de protección al estamento militar, más en el caso Ayotzinapa, el Ejecutivo leía la decisión de la jueza como una forma de “favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército”. Así lo expresaba un comunicado que liberó este lunes la Secretaría de Gobernación, que considera que la decisión de la jueza carece de todo “fundamento legal”. Gobernación dijo también que va a solicitar a la Fiscalía que solicite la revisión de las medidas cautelares, “teniendo en cuenta los factores de riesgo”.

Este mismo lunes en la tarde, el Consejo de la Judicatura contestaba a Gobernación, señalando que, en realidad, la jueza había aplicado la ley, asumiendo la decisión de un tribunal superior, que le pedía, tras el reclamo de la defensa de los militares, que justificara la prisión preventiva, teniendo en cuenta las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En años recientes, la CIDH, recordaba la Judicatura, “ya había condenado al Estado Mexicano por la inconvencionalidad del artículo 19 Constitucional, que prevé la figura de la prisión preventiva oficiosa”.

El Consejo criticaba además que la jueza acabó por cambiar las medidas cautelares de los ocho militares, después de que su defensa realizara los trámites necesarios para abrir el debate, trámites que la Fiscalía ignoró. La Fiscalía no ha contestado al Consejo, pero sí reaccionó al cambio de las medidas, el mismo fin de semana. Los jueces, señalaba la dependencia, “le fueron concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen, y desconocieron las resoluciones que determinaron prisión preventiva justificada para ocho miembros de las Fuerzas Armadas”.

Tanto Gobernación como Presidencia, también la misma Fiscalía, han obviado estos días la incoherencia que entraña la actuación del Ejecutivo en el caso de estos ocho soldados. Desde el principio, abogados militares vinculados a la Secretaría de la Defensa se han encargado de su caso. El letrado José Alfredo Rico, que ya estuvo implicado en la defensa de militares señalados de ejecuciones extrajudiciales en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, en junio de 2014, forma parte del equipo legal de los ocho.

La incoherencia ha levantado las cejas de más de uno, incluyendo las de Alejandro Encinas. Titular de la comisión presidencial para la verdad del caso Ayotzinapa hasta el pasado octubre, verso libre al interior del Gobierno, por sus señalamientos constantes al Ejército, Encinas escribía ayer en Twitter, ahora X: “Es más lamentable aún que abogados de la Sedena litiguen contra la investigación que encabeza el presidente de México”. Criticado estos años por errores en la investigación de la comisión, Encinas salió del caso por lo insostenible de su posición, único en el Ejecutivo que criticaba la resistencia del Ejército a entregar la información requerida por las familias estos años.

En Palacio Nacional, las contradicciones, sin embargo, no aparecen en el radar. Este martes, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que no estaba de acuerdo con lo que decía Encinas. “Lo que es lamentable es que el Poder Judicial, desde el inicio, proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes. Y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres de los jóvenes desaparecidos”, ha argumentado.

La tensión aumentaba todavía más a mediodía, cuando la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hacía pública una carta que el Ejecutivo mandó en diciembre a la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, alertando, ya entonces, de un posible cambio en las medidas cautelares dictadas contra los ocho militares. Se ignora la respuesta de Piña, si es que la hubo, pero la carta funciona aquí de arma de doble filo. Si tan preocupado estaba el Gobierno, ¿acaso no informó a la Fiscalía de la importancia que le daba a que estos militares permanecieran en prisión?

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