Un polémico acuerdo de la FGR da capacidades a los ministerios públicos para vigilar teléfonos

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ha publicado en este mes un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y con él ha desatado el debate. La publicación da capacidades a los ministerios públicos, los funcionarios que llevan adelante las investigaciones, para solicitar a las compañías de telecomunicaciones los datos de geolocalización en tiempo real y otros datos sin pasar antes por un juez. Pese a que está restringido para algunos casos puntuales, como para aquellos en los que esté en riesgo alguna vida, las nuevas licencias generan suspicacias hacia una dependencia que ha hecho uso de sus facultades para vigilar los teléfonos de personajes que ni siquiera estaban bajo investigación. Este periódico ha consultado a un grupo de expertos para que interpretaran lo publicado en el DOF y las implicancias que podría tener.

El acuerdo, con fecha del 6 de diciembre, ha generado diversas opiniones sobre un tema que ya era espinoso. El mes pasado se conoció a través de una investigación del periódico The New York Times que agentes de la Fiscalía de Ciudad de México habían solicitado a un juez este mismo tipo de datos telefónicos, justificando que investigaban un supuesto secuestro. Así fue que accedieron a información del teléfono del actual alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, quien es además el candidato opositor al Gobierno de Ciudad de México. El reportaje despertó las críticas de la oposición, que acusaron abuso de autoridad por parte de la dependencia que está encargada de procurar justicia.

En una línea muy parecida, el titular de la Fiscalía General de la República ha dado permiso a sus ministerios públicos puntualmente para pedir a los concesionarios de telecomunicaciones y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos “la localización geográfica en tiempo real o la entrega de los datos conservados” de un cliente, “cuando esté en peligro la integridad física o la vida de una persona o se encuentre en riesgo el objeto del delito, así como en hechos relacionados con la privación ilegal de la libertad, secuestro, extorsión o delincuencia organizada”. Luego, tendrá 48 horas para informar de lo que hizo al juez.

Estas capacidades ya las tenía el titular de la FGR. Pero ahora se ha puesto en manos directamente de los ministerios públicos. El acuerdo también otorga a los agentes de investigación capacidades para solicitar a las empresas de telecomunicaciones que resguarden “datos contenidos en redes, sistemas o equipos de informática” de un teléfono; o que pidan ante un juez autorización para acceder a información bancaria de cualquier persona a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Algo que estaba autorizado para cargos como jefes de unidad o funcionarios por encima de ellos.

El abogado penalista Ambrosio Michel, que analizó el acuerdo junto a su equipo legal, reconoce que por la ambigüedad del lenguaje utilizado, este documento podría abrir la puerta a que los ministerios públicos soliciten todo tipo de datos telefónicos a las empresas sin una autorización judicial, incluso las sábanas con las llamadas de una línea. Michel intuye que esta resolución acabará por llegar a la Suprema Corte, en cuanto se utilice para imputar a una persona y su defensor lo impugne. Aunque destaca que los ministerios públicos, según lo publicado, deberán seguir pidiendo autorización a sus superiores. “Es delegar sin delegar”, señala. “¿Te pueden delegar facultades cuando estás sujeta a que te lo autorice un superior?”, se pregunta.

Para el penalista Ulises Gómez Nolasco este punto justamente resguarda la clave. “Hay un ánimo de curarse en salud por parte del fiscal”, dice. “Está generando un dique, para que cualquier uso indebido de esta facultad no le pegue a él. Si le pasara lo mismo que a Ernestina Godoy, podría decir: es responsabilidad del ministerio público que ejerció esa facultad”. Gómez Nolasco trabajó en la procuración de justicia y admite que este tipo de facultades son muy útiles a la hora de perseguir delitos. “Pero el problema está en cómo se usa y cómo controlamos el mal uso”, dice.

“Si estuviéramos en un lugar donde los fiscales fueran de fiar evidentemente sería robustecerlos y darles herramientas para perseguir el delito”, comenta la abogada Adriana Greaves, de la organización Tojil. “Sin embargo, dado el contexto mexicano sí puede ser peligroso porque se abre una puerta a posibles extorsiones y espionaje”, agrega. Las palabras de este acuerdo podrían abrir un debate jurídico, explica la abogada, que señala que lo más discutible está en la frase “los datos conservados” y qué significa eso, si incluye datos de contenido o solo de tráfico.

El ojo estará puesto en el desempeño que tenga la FGR, que ha probado anteriormente que hay motivos suficientes para alertarse. Este periódico dio a conocer que la Fiscalía compró programas de inteligencia para la geolocalización de celulares y análisis de datos masivos entre 2019 y 2020. Además, EL PAÍS contó en julio del año pasado que esa dependencia había pinchado ilegalmente el teléfono del padre de Emilio Lozoya, con el fin de presionarle mientras negociaban el caso Odebrecht. El nuevo acuerdo ahora deja la puerta entreabierta en un nuevo acceso a la información privada.

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