Un testigo del ‘caso Pegasus’ acusa a Peña Nieto de ordenar el espionaje de Slim y Larrea
La periodista Carmen Aristegui, espiada durante el último sexenio priista, comparece ante el juez como víctima y testigo en la primera vista del caso. La Fiscalía acusa al trabajador de una empresa privada del espionaje
El caso Pegasus llega finalmente a juicio en México, al menos una de sus ramas, la que apunta al presunto espionaje que sufrió la periodista Carmen Aristegui, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), del PRI. Este lunes, la periodista ha llegado a declarar, uno de los primeros testigos que ha presentado la Fiscalía ante el juez, en un desfile que puede durar meses. El caso Pegasus es uno de los grandes escándalos de los últimos tiempos en México, con miles de afectados potenciales en varios gobiernos.
En la sala de audiencia, ubicada en el Reclusorio Sur de la capital, Aristegui ha exigido responsabilidades. “Espero que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda tener los elementos suficientes para esclarecer el caso”, ha dicho, según declaraciones recogidas por el diario Reforma. También ha comparecido ante el juez el testigo estrella de la Fiscalía, de nombre en clave Zeus, garganta profunda del caso, que ha señalado al mismo Peña Nieto y sus subordinados directos de ordenar el espionaje contra Aristegui y otras personalidades, caso de los empresarios Carlos Slim o Germán Larrea.
El caso de espionaje contra la periodistas no es el único. La Fiscalía investiga también la supuesta compra fraudulenta del malware durante la pasada administración, pesquisas que aún no llegan al juzgado. La lentitud de este segundo caso ha provocado la ira de la FGR estos meses. En mayo, la dependencia denunció que había solicitado hasta en tres ocasiones el inicio del proceso, sin resultado.
El escándalo trasciende además a los años de Peña. Durante la actual administración, encabeza por Andrés Manuel López Obrador, de Morena, dependencias del Gobierno adquirieron igualmente el software espía. Según una investigación de la Red en Defensa por los Derechos Digitales divulgada a finales del año pasado, las Fuerzas Armadas habían adquirido el malware en 2019, y habían espiado al menos a tres personas, entre ellas el periodista Ricardo Raphael y el defensor de derechos humanos, Raymundo Ramos.
Pero el escándalo saltó con Peña en el Gobierno. Destapada por la prensa, la compra del malware durante su Gobierno asombró al país y levantó preguntas y preocupaciones por igual. ¿En qué empleaban sus capacidades las agencias de seguridad del Estado? ¿En espiar a periodistas y activistas? Además del caso de Aristegui, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil destaparon el espionaje que sufrieron otros tantos periodistas, defensores de derechos humanos, activistas... Décadas después de la Guerra Sucia, México descubría que el Estado patrocinaba supuestamente comportamientos más acordes con los viejos tiempos.
Aristegui fue de las pocas en denunciar. Durante los primeros años de Peña Nieto, la reportera y su equipo de investigación habían rastreado corruptelas del presidente y su entorno cercano. A finales de 2014, el equipo, que entonces trabajaba para la cadena de radio MVS, publicó un reportaje sobre la relación entre el presidente y uno de los conglomerados empresariales favoritos del Gobierno, Grupo Higa. Peña y su familia ostentaban la propiedad de una casa en un lujoso barrio de la capital, que en realidad estaba registrada a nombre de Higa, y que gozaba de la protección del Ejército.
El escándalo fue mayúsculo, pues revelaba un caso de presunto tráfico de influencias entre altos funcionarios y empresarios. La imagen brillante de Peña de cara al exterior empezaba a resquebrajarse, golpeada también por las ejecuciones de civiles a manos de militares en Tlatlaya, meses antes, en el Estado de México, y el ataque y la desaparición de decenas de estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, en Guerrero. En ese contexto, el teléfono de Aristegui fue intervenido. La idea, claro, es que el espionaje se había llevado a cabo desde el Estado. NSO Group, la empresa israelí que comercializa Pegasus, siempre ha asegurado que ellos solo venden el malware a Gobiernos.
La cuestión es cómo fue, cómo se orquestó la infección del celular de la reportera. En estos años, Aristegui, que fue despedida de MVS a raíz del escándalo del grupo Higa y Peña Nieto, levantó su propio espacio informativo y recibió información sobre el caso. Una fuente se acercó a la reportera y aportó miles de documentos con información sobre el espionaje llevado a cabo en los años de Peña Nieto. Esa fuente era Zeus, que ha declarado este lunes ante el juez. Así, la reportera y su equipo descubrieron que el espionaje a su teléfono se había llevado a cabo a través de una empresa, subsidiaria de una de las proveedoras de Pegasus en México, grupo empresarial KBH.
Aristegui aportó la información entregada por Zeus a la FGR, que en 2021 detuvo al presunto operador del malware, Juan Carlos García Rivera, trabajador de la subsidiaria de KBH, Productos y Diseños VME. Su detención abría cantidad de interrogantes. Si NSO Group solo vendía a Gobiernos, ¿cómo era posible que el espionaje a Aristegui se hubiera ejecutado desde una firma privada? ¿Acaso es mentira lo que dice NSO? ¿O es que el Gobierno externalizaba la parte vergonzosa de sus operaciones? Por los dichos de Zeus, esta última posibilidad es la más cercana a la realidad.
La FGR pide para García Rivera 16 años de cárcel, por un delito de intervención ilegal de comunicaciones. La dependencia ofreció al acusado una reducción de la pena, a cambio de declararse culpable y ahorrar el juicio a las arcas del Estado. Pero el acusado se ha negado. En declaraciones al diario Reforma, su abogado ha declarado este lunes que “no había condiciones” para que García Rivera aceptara el trato. La principal baza de la Fiscalía para el caso es precisamente el testigo que aportó información a Aristegui, que la dependencia ha llamado con el nombre clave Zeus.
No se sabe cuanto durará el juicio, pero la cantidad de testigos y pruebas que deben desfilar ante el juez, además de la inminencia de la temporada vacacional, pueden demorar el proceso por meses, antes del momento de la sentencia. Este lunes, la misma Aristegui ha acudido al juzgado a declarar, igual que Zeus. Sobre Zeus, hoy Reforma informaba también de un caso de contraespionaje en los años de Peña, revelado supuestamente por el testigo, que ha supuesto la apertura de una nueva investigación. Alertado de la posible infiltración del crimen, el Gobierno de Peña puso en marcha una operación para descubrir a funcionarios coludidos con la delincuencia. Esta operación estaba a cargo de Zeus, familiar del secretario particular de Peña, Erwin Lino. Luego Zeus renunciaría y se convertiría en fuente de Aristegui.
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