La Fiscalía advierte un desfalco de 3.290 millones de pesos en la gestión de Murillo Karam como procurador

Las deudas del exfiscal general Jesús Murillo Karam con la justicia están lejos de saldarse. El que fuera titular de la Procuraduría General de la República entre 2012 y 2015, durante la Administración del priista Enrique Peña Nieto, ha conseguido hace unos días una pequeña victoria en uno de los dos procesos judiciales abiertos en su contra por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Su defensa logró que un juez le concediera la prisión domiciliaria, alegando problemas de salud y su avanzada edad (tiene 75 años). La decisión del juez solo surte efecto en una de las causas judiciales del exfiscal, que deberá seguir en prisión. A la par de los asuntos por tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia, la Fiscalía, que encabeza Alejandro Gertz, ha armado nueve expedientes en contra de antiguos colaboradores de Murillo Karam por malos manejos de recursos públicos que ocasionaron un daño al erario por 3.290 millones de pesos (unos 187 millones de dólares), de acuerdo con un informe interno al que tuvo acceso EL PAÍS.

Aunque en ninguno de esos casos por corrupción está directamente denunciado Murillo Karam, la Fiscalía ha tendido un cerco en torno a su círculo más cercano, empezando por quien fuera su oficial mayor en la PGR, Judith Aracely Gómez Molano. En total, 12 exfuncionarios han sido denunciados por posible desvío de recursos, compras de bienes a sobreprecio, robo de dinero en efectivo y contrataciones manipuladas para beneficiar a empresas favoritas. Casi todos los denunciados han sido vinculados a proceso, es decir, el juez encontró elementos convincentes de los delitos que les carga la Fiscalía y están a la espera de sentencias, de acuerdo con el informe consultado por este periódico. Entre los acusados en estos expedientes por corrupción también se encuentra Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), prófugo en Israel y acusado de tortura y desaparición en las causas sobre el caso Ayotzinapa.

Los otros colaboradores de Murillo Karam denunciados por corrupción son Vidal Diazleal Ochoa, que fue director de la Policía Federal Ministerial; el capitán César Gustavo Ramírez Torralba, exdirector adjunto de Apoyo Ministerial y Telecomunicaciones; José Antonio Ramos Arévalo, exdirector de Servicios Aéreos; el capitán Humberto Ántimo Rivera, exdirector de Seguridad Institucional; Débora Schlam Epelstein, exdirectora de Programación y Presupuesto (y hoy funcionaria en la Secretaría de Economía); Gustavo Armando Kanaan Brito, exdirector de Recursos Materiales; Rigoberto Gabino García Ocampo, exdirector de Información sobre Actividades Delictivas; José Luis Gutiérrez Ayala y Zacarías Conzuelo Reza, ambos exdirectores en la Oficina del Procurador, y Daniel Piña Romo, exdirector en la Oficialía Mayor.

Los sobres rojos

Las investigaciones que siguen la ruta del dinero están a cargo de la Fiscalía de Asuntos Internos, que en la Administración de Andrés Manuel López Obrador emprendió una fuerte estrategia para intentar recuperar una suma millonaria de recursos desaparecidos o malversados en la gestión de Murillo Karam. Uno de los expedientes más llamativos indaga el desvío de 620 millones de pesos mediante salidas de dinero, supuestamente, para pagar viáticos a testigos protegidos y a agentes encubiertos como parte de la Operación Escudo, un sigiloso programa de combate al crimen organizado, según el reporte revisado. La Fiscalía señala que no existe evidencia de que las salidas de recursos estuviesen relacionadas con alguna investigación criminal.

Los movimientos se hicieron con cargo a la opaca partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional, que era algo así como una caja chica que se manejaba en efectivo, con pocos controles, justificándose en la secrecía de las investigaciones criminales y en la necesidad de que se pudiera disponer de los recursos con facilidad. La indagatoria de la Fiscalía sobre esa partida es conocida como el caso de los sobres rojos, porque era el empaque con el que se sacaban los recursos de la bóveda de la PGR. Este diario ya había adelantado en 2020 que los gastos no justificados de esa partida rondaban los 100 millones de pesos. Las nuevas indagatorias demuestran que la cantidad robada es seis veces mayor.

Otras dos carpetas de investigación involucran a Tomás Zerón. La Fiscalía indaga un pago de 250 millones de pesos a la empresa offshore Duritz Holdings Limited para una supuesta compra de equipos de intercepción de telecomunicaciones. La compañía tiene sede en Gibraltar, un paraíso fiscal, y el pago se hizo a una cuenta en Suiza. Los investigadores no hallaron los equipos en el inventario de la PGR, de modo que presumen que Zerón los extrajo de la dependencia para instalar un centro personal de espionaje. La segunda carpeta es por el pago de 852 millones de pesos en contratos a las empresas Acumen Telecomunicaciones S.A. de C.V. y Vans y Suvs de Lujo S.A. de C.V. para adquirir camionetas y sistemas de intercepción de comunicaciones. El plan de esa compra era instalar los equipos de espionaje en los vehículos, a fin de tener unidades móviles de escuchas. Los bienes fueron entregados a la PGR, pero permanecieron en bodegas y no se utilizaron. Estos pagos se hicieron con cargo a la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional.

Drones y aviones de lujo

La Fiscalía también investiga la compra de siete aviones no tripulados con valor de 615 millones de pesos. Los aparatos fueron vendidos por la empresa Balam Seguridad Privada S.A. de C.V., proveedor en México del malware de espionaje Pegasus. Cuatro de los drones son fabricados por la empresa israelí Aeronautics Defense Systems Ltd. y los tres restantes por la compañía estadounidense Lockheed Martin. La Fiscalía señala que los aviones no tripulados —que no portan armas y sirven para operaciones indetectables de inteligencia— fueron comprados sin la autorización de la Oficialía Mayor de la PGR y con documentación falseada. La adquisición también se hizo con recursos de la opaca partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional.

Otras dos investigaciones están relacionadas con la compra de dos aeronaves de lujo utilizadas por el exprocurador Murillo Karam para propósitos personales, según las pesquisas de la Fiscalía. Uno es un jet Bombardier Challenger adquirido en 2013 por 19,6 millones de dólares (unos 281,7 millones de pesos). El otro es un helicóptero Eurocopter EC-145 comprado, también en 2013, a un precio de 98,9 millones de pesos. En ambos casos, la Fiscalía sostiene que la institución no tenía necesidad de hacer tales compras, pues ya contaba con una flota de aeronaves, además de que la PGR no requería de aviones tan lujosos y caros para cumplir su principal propósito, que es la persecución de delitos. La Fiscalía señala, además, que en el caso del jet Challenger se pagó un sobreprecio de cuatro millones de dólares por encima del valor del mercado, mientras que, para adquirir el helicóptero Eurocopter por adjudicación directa se falsificó documentación para brincarse la obligada licitación. Los fiscales presumen que ambas aeronaves eran utilizadas por Murillo Karam como taxis aéreos para hacer traslados más bien personales.

Existen otras dos carpetas por diversas contrataciones en la gestión de Murillo Karam con valor de 112,3 millones de pesos, por supuestas compras de equipo que no fue entregado por los proveedores, lo que configura un desvío de recursos efectuado, como en otros casos, con cargo a la partida de Seguridad Pública y Nacional. Además, la Fiscalía ha incluido en estas investigaciones por corrupción la compra del malware Pegasus, por el que la PGR pagó 460 millones de pesos. En ese expediente, la Fiscalía involucra a Zerón, a la extesorera Aracely Gómez y a otros dos exfuncionarios en los delitos de peculado, fraude, asociación delictuosa y uso indebido de atribuciones. El caso Pegasus sigue otra vertiente judicial por las escuchas ilegales a periodistas y activistas, una tradición de espionaje ilegal iniciada en el Gobierno de Peña Nieto y continuada en la Administración de Andrés Manuel López Obrador.

En casi todas las acusaciones se repite el nombre de Aracely Gómez Molano, la oficial mayor de Murillo Karam en la PGR. La funcionaria contaba con toda la confianza del procurador. Fue su secretaria particular cuando este fue senador (2006-2012) y pasó a manejar el presupuesto millonario del Gobierno cuando su jefe asumió el cargo en la PGR. Murillo Karam dejó la dependencia en medio de la crisis institucional provocada por el mal manejo del caso Ayotzinapa. El presidente Peña Nieto tomó la decisión de removerlo como procurador y, en febrero de 2015, lo envió a la Sedatu, una secretaría de asuntos agrícolas sin relevancia, lejos del escrutinio público. Murillo Karam se llevó consigo a su fiel colaboradora, Gómez Molano, a la que volvió a nombrar oficial mayor en la nueva institución que tenía a su cargo. Duraron poco tiempo en la Sedatu. Antes de terminar el año, Murillo Karam dejó el Gobierno. También lo hizo Gómez Molano, que en 2016 se ganó una notaría pública en Hidalgo, Estado del que Murillo Karam fue gobernador en la década de los noventa, en lo que muchos vieron un pago de favores.

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