La batalla legal contra las reformas a la aviación mexicana complican la recuperación de la máxima categoría de seguridad aérea

La mirada de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) ha pasado de los cielos mexicanos a la Suprema Corte. La agencia de aviación estadounidense observa expectante el desarrollo de las impugnaciones a un puñado de reformas a las leyes de Aviación Civil, aprobadas en minutos y sin discusión por el Senado en una polémica sesión en abril pasado. Algunas de estas demandas, promovidas por los legisladores de la oposición en México, ya han sido admitidas a trámite y otras se encuentran en proceso de notificación. La violación a reglas de procedimiento legislativo es el argumento que predomina en las demandas, sin embargo, también se cuestionan asuntos de fondo, por ejemplo, si es constitucional la ampliación de facultades para que el Ejército sea el responsable de la vigilancia y seguridad del espacio aéreo mexicano. La controvertida reforma busca darle más peso a las Fuerzas Armadas en este sector estratégico.

Los procesos, que ahora están en el máximo tribunal y deberán pasar por un minucioso proceso de revisión de los magistrados, ocurren justo en un momento crucial, justo en la antesala para que la FAA emita su veredicto sobre si acepta que México vuelva a ostentar el grado 1 en seguridad aérea, un nivel que perdió desde mayo de 2021, o, por el contrario, continúe con grado 2, junto a países como Bangladés, Tailandia, Venezuela y una diáspora de islas en el Caribe. Aunque las autoridades mexicanas ya habían previsto la recuperación del máximo nivel de seguridad aérea a más tardar este mes, dado que han subsanado las más de 200 observaciones hechas por su contraparte estadounidense, estas nuevas demandas en manos del Poder Judicial complican el horizonte.

Fuentes del sector aéreo revelaron a EL PAÍS que desde hace semanas recibieron las primeras inquietudes por parte del Departamento de Transporte de EE UU sobre las impugnaciones a las recientes reformas en México e incluso una comitiva de funcionarios mexicanos viajó a Washington recientemente para resolver las dudas de primera mano de la FAA sobre estos procesos.

México lleva dos años tratando de volver a la categoría 1 de seguridad aérea, después de que le rebajaran la nota en 2021. En ese entonces, Estados Unidos consideró que el país latinoamericano no cumplía con los estándares internacionales de seguridad aérea para las operaciones de la aviación comercial. La degradación implica que las aerolíneas mexicanas no pueden abrir nuevas rutas aéreas en EE UU, una restricción que no han pasado por alto los competidores estadounidenses. Entre las exigencias de la autoridad estadounidense se encontraban el aumento en el número de inspectores para cierto tipo de aviones, la actualización de los programas de formación, y la modificación de la Ley de Aviación Civil.

Rogelio Rodríguez, experto en derecho aeronáutico por la UNAM, explica que sin hacer de lado el tema técnico, la recuperación de la categoría aérea se ha convertido en un tema político y, por este motivo, Estados Unidos podrá demorar o agilizar su veredicto final. “El Gobierno americano no tiene ninguna prisa, porque la participación de mercado de las aerolíneas mexicanas en EE UU ha disminuido entre un 26% y 28%. Es una dualidad, por parte de Estados Unidos sí hay una mala fe, pero México también ha hecho las cosas mal, entonces, Estados Unidos tiene muchos elementos para simplemente ser pasivo”, refiere.

En su momento, los diputados de Morena y sus aliados argumentaron que sin estos cambios a las leyes aeronáuticas México no podría recuperar la categoría 1 en seguridad aérea, sin embargo, Rodríguez acota que esta reforma no era eminentemente necesaria para mejorar la evaluación del país porque la FAA lo único que requiere es comprobar que el país cuenta con los máximos estándares de capacitación, equipo y procesos. “Los mecanismos legales no son el obstáculo, el tema es meterle dinero con seriedad y tener la voluntad y al personal calificado”, zanja.

El analista económico especializado en el sector aéreo, Fernando Gómez Suárez, señala que esta polémica degradación se originó, en gran medida, por el recorte de recursos en temas de capacitación e inspección aérea que implementó este Gobierno. “Lo peor que puede suceder es sigamos en la incertidumbre y la gente sigue viajando y las opciones son, principalmente por número de flota, las aerolíneas estadounidenses que están comiéndose el mercado”, concluye.

A más de dos años de la degradación aérea, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha asegurado que México ya aprobó satisfactoriamente el 100% de los cuestionamientos de la Auditoría de Evaluación de Seguridad en Aviación Internacional (IASA) y solo están a la espera de un fallo final. Las autoridades federales han cifrado en una bonanza de hasta un millón de pasajeros adicionales si el país vuelve a la categoría 1. La última palabra está en terreno estadounidense, sin embargo, el curso de las impugnaciones promovidas en el Tribunal Supremo mexicano juegan un papel decisivo.

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