La violencia se ceba con los periodistas en México: cada 13 horas hay un ataque contra la prensa

El cuerpo del periodista Luis Martín Sánchez fue hallado en una zona rural de Tepic, capital de Nayarit, dentro de una bolsa de plástico, maniatado y con un mensaje clavado con un cuchillo en el pecho. Presentaba signos de tortura. El reportero, corresponsal del diario La Jornada, fue secuestrado con violencia de su casa la noche del 5 de julio y su asesinato marca un mes sangriento para la prensa en México: diez días después fue atacado a balazos otro reportero, Nelson Matus Peña, mientras esperaba en un local comercial de Acapulco. Sánchez y Matus son las más recientes víctimas de una imparable ola de violencia que afecta a la prensa mexicana y que en lo que va de año se ha cobrado la vida de siete comunicadores, mientras que son ya 41 periodistas los asesinados por ejercer la profesión durante el actual sexenio. El 98% de estos crímenes se mantiene en la impunidad. “No hay voluntad política para esclarecerlos”, afirma Paula Saucedo, oficial de programa de protección y defensa de Artículo 19, una organización que vela por la seguridad de los reporteros.

Desde Artículo 19 advierten de que México sigue siendo uno de los países del mundo más letales para ejercer el periodismo. La nación norteamericana supera incluso a países que sufren conflictos armados o regímenes autoritarios. Sus estadísticas muestran que cada 13 horas se registra un ataque contra la prensa en México, desde amenazas, agresiones, robos de equipos, acoso judicial, campañas de desprestigio hasta hechos brutales como secuestros y asesinatos. En el caso de los secuestros, afirma Saucedo, el nivel de impunidad es total.

Antes de ser asesinado, Luis Martín Sánchez fue secuestrado en su casa. Su esposa, Cecilia López Aguilar, relató a la prensa local que el reportero la acompañó a visitar a familiares en el municipio de Acaponeta, en Nayarit. Tras dejar a su compañera con la familia, Sánchez regresó a su hogar, en la comunidad de El Armadillo. La noche del 5 de julio fue el último contacto que tuvieron con el reportero, quien, según La Jornada, les afirmó que había llegado bien a casa. Esa misma noche, el periodista fue secuestrado con violencia y desaparecido. Los restos de Sánchez fueron hallados un día después y las autoridades locales informaron de que la principal línea de investigación en las pesquisas es la “relacionada con la labor periodística”. La redacción de La Jornada ha sido fuertemente golpeada por la violencia que se ceba contra reporteros. En 2017 fue asesinada en Chihuahua su corresponsal, Miroslava Breach Velducea, y en mayo de ese año mataron a tiros a Javier Valdez Cárdenas, corresponsal en Sinaloa y quien había desarrollado un intenso trabajo periodístico denunciando la violencia del narco.

Apenas diez días después del asesinato de Sánchez, el 15 de julio, unos sicarios se cobraron la vida del periodista Nelson Matus Peña, en Acapulco. Matus estaba en su coche, en la parte trasera de una tienda, en la colonia Emiliano Zapata, cuando fue atacado a eso de las 15:30 de la tarde. El reportero, director del portal online Lo Real, quedó tirado en el vehículo ensangrentado. No era la primera vez que Matus era víctima de un atentado: Artículo 19 ha documentado que en 2019 fue agredido a balazos, pero no lograron herirlo y los sicarios huyeron a bordo de un vehículo.

Sánchez y Matus son las más recientes víctimas de esta sangría contra reporteros. Human Rights Watch ha documentado ya siete asesinatos de reporteros en lo que va del año. El primer asesinado fue el periodista independiente Abisaí Pérez Romero, en Hidalgo, el 13 de febrero. El joven de 27 años, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en un camino vecinal del municipio de Tula, era además un beligerante activista y había denunciado delitos ambientales en Tula, designada en el 2006 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la ciudad más contaminada del mundo. El crimen sigue impune. Ese mismo mes fue asesinado a navajazos por dos adolescentes el fotorreportero José Ramiro Araujo en Ensenada, Baja California. Araujo tenía una revista digital llamada Sol de Ensenada desde la que publicaba sus informaciones.

El fotoperiodista cubano Héctor Darío Reyes Reyes, de 43 años, fue hallado muerto en su departamento de Ciudad de México el 17 de marzo. Las autoridades han señalado que la muerte pudo ser originada por un robo, ya que dos hombres ingresaron a la vivienda del periodista y le robaron el equipo antes de asesinarlo. En mayo ocurrieron dos homicidios contra reporteros: Gerardo Torres Rentería, de 59 años, había sido camarógrafo de Telemundo y cofundador de TV Azteca Guerrero, fue atacado a balazos por un grupo de personas en su propio domicilio. Y el 23 de mayo, el informador Marco Aurelio Ramírez, de 69 años, recibió varios impactos de bala cuando salía en coche de su casa, en Puebla.

“Nos preocupa mucho este nivel de violencia contra periodistas en México. Sí, es uno de los países más letales para ejercer la profesión”, reitera Paula Saucedo, de Artículo 19. “La prensa no puede ejercer su labor de manera segura en México”, afirma. Saucedo dice que los reporteros mexicanos no confían en el sistema de justicia y por eso la mayoría decide no interponer denuncias cuando son víctimas de una agresión. Y las estadísticas les dan la razón: el nivel de impunidad en los asesinatos de reporteros es el 98%. “No presentan denuncias porque creen que no va a pasar nada”, explica Saucedo. “Además, no hay garantías reales de protección o de no repetición”, agrega.

Los activistas de Artículo 19 han documentado que la mayoría de la violencia contra los informadores proceden de funcionarios públicos, principalmente a nivel local. Poblaciones pequeñas, donde la mayoría de las personas se conocen, se convierten en un infierno para los reporteros cuando investigan y denuncian abusos de poder. El segundo grupo que más acosa a periodistas es el de personas privadas, algunos empresarios, o quienes se han sentido agredidos por informaciones publicadas. Y luego está el crimen organizado, que comete las agresiones más graves. “Lo cierto es que el crimen organizado opera por ausencia del Estado o en contubernio con las autoridades”, explica Saucedo.

Contra la violencia brutal que abate a la prensa no ayuda la campaña de desprestigio desde el Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador. El presidente usa sistemáticamente su conferencia de prensa diaria, conocida coloquialmente como La Mañanera, para atacar a periodistas y medios críticos con su gestión. “La inmensa mayoría de los medios de información, que en realidad son medios de manipulación, están abiertamente en contra de nosotros. Es una guerra sucia de todos los medios”, dijo el 19 de julio el presidente. López Obrador anunció el viernes una nueva sección en su conferencia diaria que ha nombrado No lo digo yo, con el propósito, ha explicado, “de dar a conocer lo que se oculta en los medios convencionales”. Según López Obrador, “hay muchas cosas que la radio, la televisión y los periódicos no difunden, porque no les conviene”. Este nuevo espacio se crea tras el ya famoso ¿Quién es quién en las mentiras?, que supuestamente ha funcionado como una especie de comprobación de hechos de las informaciones publicadas por los medios.

Al declarar a la prensa como una enemiga y desatar toda una campaña de desprestigio contra periodistas, el presidente “es contrario a las obligaciones que tiene como funcionario público, porque un servidor debe ser más tolerante a la fiscalización”, dice Saucedo. “El hecho de que el presidente estigmatice a la prensa da un mensaje distinto al que se necesita en un país donde se agrede a los periodistas todos los días. La observancia de la prensa es legítima, pero no es el Estado el que debe evaluar su trabajo. Esto me recuerda a las posiciones de Donald Trump o Jair Bolsonaro hacia los medios. La cabeza del Estado que tiene mucha popularidad aumenta los riesgos contra la prensa cuando dirige un discurso tan fuerte”, agrega.

Mientras presidente y medios mantienen una guerra abierta, los periodistas luchan día a día por mantenerse seguros en un país cuya violencia se ceba con ellos. Desde el 2000 hasta 2022, en México han sido asesinados 157 periodistas, según los recuentos de Artículo 19. El año pasado ha sido el más letal, con 17 reporteros asesinados. Para Saucedo se trata de una negligencia de las autoridades, incapaces de organizar una respuesta que permita a los periodistas ejercer su profesión con seguridad. Señala la escasa coordinación entre fiscalías, la falta de independencia de algunos fiscales, la saturación que se sufre en esas instituciones debido a la crisis de derechos humanos que atraviesa México y también la corrupción presente en las instituciones públicas. “Debe haber instituciones independientes, que tengan recursos, mejor capacidad forense. Pero no hay voluntad política. Las prioridades del Gobierno son otras, como dar más presupuesto a la Guardia Nacional y militares que a la protección de derechos humanos”, critica Saucedo.

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