Detenido uno de los dueños del Pinabete, la mina que sepultó a 10 hombres en Coahuila

La Fiscalía General de la República (FGR) ha detenido y vinculado a proceso a Luis Rafael García Luna Acuña, uno de los presuntos dueños de la compañía El Pinabete, la empresa que explotaba la mina de carbón de Sabinas, Coahuila, en cuyo derrumbe el pasado agosto murieron 10 hombres. Sus cuerpos aún no se han recuperado. Sobre Luis pesaba una orden de captura internacional desde septiembre, cuando la Interpol emitió una ficha roja contra él, Cristian Solís Saavedra —una especie de capataz, arrestado en septiembre— y Arnulfo Garza Cárdenas, señalado también como dueño, que continúa prófugo y en paradero desconocido.

El Ministerio Público acusa a García Luna Acuña de un “delito de explotación ilícita de un bien que pertenece a la nación”. La detención del presunto implicado se produjo el pasado 18 de mayo en una residencia del Valle de San Ángel, en San Pedro Garza García, Nuevo León, pero la información no había trascendido hasta este jueves. Después de su arresto, un juez de distrito vinculó al sospechoso a proceso y fijó un plazo de un mes y 15 días de investigación complementaria. Ahora, García Luna Acuña se encuentra en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 18 de Ramos Arizpe, Coahuila.

La Fiscalía considera que García Luna Acuña, Solís Saavedra y Garza Cárdenas “incurrieron en una responsabilidad penal al haber permitido que de manera ilegal se realizaran actividades de explotación del carbón mineral en el pozo”. Sin embargo, a pesar de que el Ministerio Público habla de explotación ilegal, la compañía de El Pinabete tenía un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 75 millones de pesos. Según reveló una investigación del portal Animal Político, el organismo público calificó la explotación de “segura” y acordó la compra de todo el mineral que se extrajera desde 2020 hasta 2024.

La CFE, pieza clave en la reforma eléctrica del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no ha asumido ninguna responsabilidad por la tragedia de El Pinabete. Sin embargo, sus calderas se alimentan casi íntegramente del carbón de Coahuila: el 99% del mineral que el organismo compra proviene de esta región. En cuanto a Solís Saavedra, el otro presunto responsable preso, muchos de los mineros y vecinos de Sabinas entrevistados por EL PAÍS consideran que se trata solo de un “prestanombres”, un testaferro que solo figuraba en los contratos como responsable legal en caso de que hubiera algún problema, pero sin poder real en la empresa.

“Los dueños de Pinabete son los socios de Régulo Zapata, que fue alcalde de Sabinas. Al que están poniendo como dueño [Solís Saavedra], que dicen que es el responsable, es un muchacho de 27 o 28 años, obviamente no es el dueño de la mina. Esto empezó cuando [el expresidente mexicano, Carlos] Salinas de Gortari privatizó la minería. La mayoría de las minas eran del Estado, y cuando el Estado las privatiza todos los minados viejos se les dan a los caciques locales. Son un pequeño grupo de familias que se quedaron con todo: a la vez son empresarios de carbón, ganaderos y alcaldes”, aseguró en entrevista con este diario Cristina Auerbach, una de las mayores expertas en minería de la región.

El pozo de carbón y la empresa del Pinabete están rodeados por la opacidad y las acusaciones de irregularidades y malas prácticas. Las condiciones de seguridad en la mina brillaban por su ausencia. Ni siquiera había una lista oficial de cuántos mineros se encontraban trabajando en el momento del accidente, una medida básica. Las viudas de los 10 trabajadores sepultados han denunciado también que, a pesar de que la compañía se comprometió a pagarles el sueldo que cobraban sus maridos durante el tiempo que durara el rescate de los cadáveres —que las autoridades confían en recuperar este año—, el dinero dejó de llegar en cuanto se enfrió el calor mediático.

Después del derrumbe, el Gobierno entregó una indemnización de 4.700.000 pesos (unos 250.000 dólares) a cada viuda. La pensión por el accidente, que corresponde a El Pinabete, no ha sido abonada. La empresa, según las viudas, aseguró que había entrado en bancarrota para no pagar.

El 3 de agosto de 2022, el pozo del Pinabete se vino abajo ante una inundación masiva provocada por millones de litros de agua acumulados en la mina de las Conchas, una explotación abandonada décadas atrás y completamente anegada por su cercanía con el río Sabinas. Aunque algunos mineros consiguieron escapar, 10 hombres quedaron atrapados en las galerías. Comenzó un rescate a contrarreloj mientras las familias aguardaban una espera agónica a las puertas de la explotación. A finales de ese mes, López Obrador dio por muertos a los obreros. Las labores de rescate se convirtieron en trabajos de recuperación de restos humanos. Ahora, la detención de García Luna Acuña acerca a las familias a algo parecido a una sensación de justicia, aunque entre las víctimas reina la sensación de que hay muchos más responsables de las muertes que nunca serán juzgados. Mientras tanto, 10 cuerpos continúan bajo tierra.

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