Hallado muerto Antonio Tarín, funcionario durante el Gobierno de César Duarte en Chihuahua

Antonio Tarín se ha suicidado este viernes por la noche en la ciudad de Chihuahua, según ha confirmado la Fiscalía de ese Estado. Tarín trabajó durante años en distintos puestos de la administración, y fue titular del Comité de Adquisiciones durante la etapa de César Duarte al frente del gobierno de Chihuahua (2010-2016). Como otros funcionarios cercanos a Duarte en aquella época, Tarín estaba en medio de un proceso judicial, acusado de desvío de dinero público.

El antiguo funcionario llegó en su coche particular hasta el puente que se localiza entre las calles Homero y Periférico de la Juventud. Desde allí se tiró al vacío y se estrelló contra el piso. Después del incidente arribaron al lugar elementos de la policía, que informaron a la población del suicidio de una persona cuya identidad todavía era desconocida. Horas después confirmaron que se trataba de Antonio Enrique Tarín. La Fiscalía ha abierto una carpeta de investigación en torno al suicidio.

Antonio Tarín tenía 37 años y era licenciado en Relaciones Internacionales. César Duarte le nombró director de Administración y Finanzas del Instituto de Salud de Chihuahua nada más comenzar su mandato, en 2010. Después, en 2013, pasó a ocupar el cargo de director de Adquisiciones en la Secretaría de Hacienda del Estado, donde su cometido, como en el anterior puesto, era velar por el buen uso del erario público. Era de Parral, un pequeño municipio al sur de Chihuahua.

En 2017, meses después de que estallará el caso de corrupción dentro del gobierno de Duarte, protagonizó uno de los pocos escándalos que llevó su nombre a las primeras planas de los medios nacionales. El funcionario, entonces convertido en diputado del Congreso por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), decidió atrincherarse dentro del edificio para intentar rendir protesta como legislador, conseguir fuero y no pisar la cárcel. La Fiscalía le había acusado de desviar más de 300 millones de pesos durante el periodo de Duarte al frente del gobierno de Chihuahua.

“Soy inocente y nunca me daré a la fuga”, decía entonces el diputado. Los legisladores en México cuentan con un fuero, un derecho especial que los protege de ser condenados por un delito mientras mantengan su puesto. Para poder ser juzgado tenía que pasar por un largo y complicado juicio para determinar su desafuero. Solo entonces podía ser juzgado como un ciudadano corriente. Su táctica no funcionó y meses después fue vinculado a proceso por desvío de caudales públicos.

Sin embargo, después de cuatro años de prisión preventiva, Tarín salió de la cárcel en 2021 para seguir con su proceso legal en régimen de semilibertad y con un brazalete localizador enganchado siempre al tobillo. La Fiscalía General de Chihuahua tenía abiertas 10 causas contra él, todas por desvío de dinero en distintos momentos de la administración de Duarte. El funcionario presuntamente realizaba procedimientos de contratación de obra pública para, por ejemplo, la remodelación y mejoramiento de escuelas, que nunca se llevaban a cabo.

El caso de corrupción de César Duarte afectó a funcionarios y políticos de la bancada priísta en un proceso judicial que se ha alargado años, ya que el sujeto principal estuvo prófugo desde 2017. Fue entonces cuando decidió huir a El Paso, Texas, en Estados Unidos, ante la inminente orden de detención que caería en su contra después de perder las elecciones en 2016. No fue detenido de nuevo hasta julio de 2020, en Florida, después de que la Fiscalía emitiese una orden internacional de captura.

Le extraditaron en julio del año pasado. El antiguo gobernador, en su momento uno de los exponentes de la supuesta renovación del PRI, estaba acusado de desviar la menos 120 millones de pesos. El político fue internado en la cárcel en régimen de prisión preventiva mientras se lleva a cabo el juicio. En varias ocasiones pidió la prisión domiciliaria por problemas de salud y el infarto que sufrió mientras estaba recluido, pero el juez no le concedió este favor.

El PRI, atrapado en el centro de esta historia de corrupción y desfalco del erario público, fue multado el pasado 28 de marzo con 98 millones de pesos. El Instituto Nacional Electoral determinó que ese habría de ser el castigo por el desvío de fondos de su gobernador en Chihuahua. Parte de esos fondos fueron a parar a las arcas del partido.

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