El fin de las extradiciones

“Prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos” dijo Pablo Escobar y cumplió. Escobar es el capo más peligroso y con más sentido político que ha existido en Latinoamérica. La extradición es un tema políticamente complejo que tuvo relación directa con la extrema violencia que vivió Colombia en las décadas de los ochenta y noventa. Desde la perspectiva micro, en el reciente juicio contra Genaro García Luna se estaba juzgando a un individuo, pero desde la perspectiva macro se estaba juzgando a México y el fallo del jurado fue congruente con la idea que personajes como Trump le han metido a los estadounidenses sobre los mexicanos a los que llamó violadores, asesinos y narcotraficantes al tiempo que dijo que Centroamérica eran solo unos países de mierda.

Desde la perspectiva macro, el caso García Luna tendrá consecuencias políticas que podrían afectar a la DEA y al Departamento de Estado en su lucha contra el narcotráfico, en la cual las extradiciones son un componente esencial. Como me dijo un buen amigo, si los capos extraditados pueden ser usados como testigos contra quienes los extraditan, ¿quién, de ahora en adelante, en su sano juicio, querrá realizar extradiciones? El Gobierno de Felipe Calderón tuvo las mayores coincidencias con la política antidrogas de Estados Unidos y es el que más capos ha extraditado en la historia de lucha contra el narcotráfico. Más allá de la lucha de narrativas y culpas políticas en México por la condena a García Luna, lo concreto es que el juicio fue contra el país. Hace sentido que las extradiciones hayan bajado dramáticamente y sigan bajando, no importa quien gobierne. La lectura general de los políticos latinoamericanos será “mal paga el diablo a quien bien le sirve”.

Lo paradójico es que esto ocurre en un momento en que Estados Unidos necesita de la mayor cooperación porque las adicciones están matando diariamente a cientos de estadounidenses con el fentanilo y cuando EE UU ha perdido autoridad e influencia en Latinoamérica. Luce débil y sin política hacia una región que le está disputando China. Se conoció que Trump propuso lanzar misiles a los carteles mexicanos y algún sensato lo convenció de que no se podía hacer. Mandó una flota frente a las costas de Venezuela que luego retiró en silencio. La era en que Estados Unidos podía imponer sus políticas por la fuerza ha terminado y las simpatías con sus gobiernos nunca han estado tan bajas, incluso entre las derechas, porque apoyó dictaduras militares, organizó golpes de Estado y ahora los militares le tienen desconfianza porque igual les pagó mal.

En los años ochenta el narcotráfico fue usado por la CIA para financiar a la Contra Nicaragüense y hasta Cuba se involucró en el tráfico. Fidel Castro terminó culpando y fusilando a otros para limpiarse. Pero el crimen organizado es ahora una amenaza grave para todo el continente y en Latinoamérica predominan gobiernos de izquierda que desconfían de Estados Unidos. Por otro lado, las izquierdas son alérgicas al tema de “ley y orden” dado que fueron víctimas de policías y militares y con ello tienden a reducir importancia a la represión y ven la droga como un problema que no es suyo.

El narcotráfico y la violencia en Ecuador está creciendo exponencialmente y el conservador presidente Guillermo Lasso perdió elecciones locales y un referéndum sobre las extradiciones. Perú vive un caos de ingobernabilidad que puede durar muchos años, en Bolivia hace quince años que expulsaron a la DEA, el actual Gobierno de El Salvador se ha negado a realizar extradiciones de pandilleros, al Gobierno de Guatemala ya no le importa lo que diga y haga EE UU contra sus decisiones sobre el Poder Judicial. En Venezuela, EE UU condena a Nicolás Maduro al mismo tiempo que se entiende con su Gobierno. Entre otros, estos países son parte del problema del narcotráfico.

Hay políticos de derecha y de izquierda que creen que se debe negociar con criminales. Es una política que puede estar equivocada, pero es una decisión soberana que puede responder a una visión social o a razones tácticas. Ahora ha quedado claro que los únicos que pueden hacer arreglos con criminales son los fiscales estadounidenses, el resto corren riego de ser procesados por la justicia norteamericana usando a los criminales de testigos. Las extradiciones han sido esenciales para obtener información, pero con el escenario descrito y la idea de que “mal paga el diablo”, la DEA puede quedar ciega, sorda y muda.

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