La DEA reclama a México más ayuda en la lucha para detener el tráfico de fentanilo

La DEA insiste en su gran cruzada del siglo XXI, el tráfico de fentanilo, potente opioide que se fabrica principalmente en México. En una comparecencia ante el Senado de Estados Unidos, la directora de la agencia antidrogas de aquel país, Anne Milgram, ha señalado al vecino del sur por no hacer lo suficiente para detener el trasiego. Milgram ha pedido al Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que “haga más” por detener la fabricación y el tráfico del opioide.

“Creemos que México tiene que hacer más para detener el daño que esto está causando”, ha dicho Milgram. Solo en 2021, último año del que hay registros, Estados Unidos contó casi 108.000 muertos por sobredosis de opiáceos, una cifra histórica, potenciada por el auge del fentanilo, una sustancia fácil de producir, 50 veces más potente que la heroína. Como dijo la agencia en diciembre, a modo de balance anual, apenas dos miligramos de fentanilo, lo que cabe en la punta de una lapicera, son suficientes para matar.

Entonces y ahora, Milgram y la DEA apuntan a dos actores criminales como los máximos responsables de la epidemia al norte del río bravo, el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). “Estos dos cárteles mexicanos, el de Sinaloa y el de Jalisco, dominan la cadena de suministro global de fentanilo”, ha dicho Milgram. Según la DEA, estos grupos criminales importan precursores químicos desde China y arman laboratorios clandestinos para producir la droga.

En su balance de diciembre, la DEA informó que el año pasado decomisó fentanilo suficiente para preparar 379 millones de dosis. Buena parte de la droga incautada, explico la agencia, venía en forma de pastillas de uso comercial falsas, como OxyContin, Percocet, o Xanax. El problema muchas veces es que la dosis de fentanilo que presentan las pastillas, vendidas en el mercado negro, es mortal.

Milgram ha criticado que México no comparte suficiente información con Estados Unidos sobre la incautación de fentanilo y sus precursores, no persigue suficientemente los laboratorios clandestinos de drogas ni extradita a suficientes narcotraficantes. El Gobierno de López Obrador ha informado estos años de incautaciones de esta droga, como la del pasado noviembre, cuando la Guardia Nacional descubrió 2.000 pastillas ocultas en enormes panes en Sinaloa, o la de diciembre, cuando la Fiscalía General de la República ubicó 300 kilos del opiáceo escondidos en cocos.

Las palabras de Milgram extrañan, a juzgar por la información divulgada en Los papeles de Sedena, filtración masiva de documentos de la Secretaría de la Defensa hace unos meses, gracias al colectivo de hackers Guacamaya Leaks. Como informó EL PAÍS, los documentos mostraban una estrecha colaboración entre los dos gobiernos, y el intercambio de inteligencia sobre el tráfico de drogas, particularmente el fentanilo.

Pese a todo, la relación entre las agencias de seguridad de Estados Unidos y el Gobierno de México no atraviesa su mejor momento. El fiasco del caso del general Salvador Cienfuegos, detenido al norte del río Bravo hace año y medio por tráfico de drogas, enfrió la colaboración entre ambas partes. El Gobierno mexicano forzó la vuelta de Cienfuegos, secretario de la Defensa en el anterior Gobierno, presidido por Enrique Peña Nieto (2012-2018). Después de analizar las pruebas, México decidió no acusar al general.

Otra situación extraña que no ayuda a que la relación mejore es el despido, el año pasado, del encargado de la agencia en México, Nicholas Palmeri. Según el Gobierno de Estados Unidos, Palmeri hizo “uso de fondos de la lucha contra las drogas para propósitos inapropiados”. El encargado de la agencia en México se reunió con abogados de narcotraficantes en circunstancias poco profesionales, como desveló la investigación periodística que sacó a la luz el caso, liderada por The Washington Post y Associated Press.

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