Inés Gómez Mont niega que haya una nueva orden de aprehensión en su contra
La conductora alega que los cuatro requerimientos judiciales no son nuevos y justifica un pago previo al fisco
Tras un año de silencio y alejamiento de los reflectores, la conductora mexicana Inés Gómez Mont ha salido a defenderse. Luego de que este jueves el diario Reforma publicara que se sumaba una cuarta orden de aprehensión por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada tras un presunto fraude fiscal por 3,6 millones de pesos en el año 2017, de acuerdo con la publicación.
“Es completamente falso que se haya dictado o solicitado prisión preventiva en mi contra”, ha dicho la presentadora desde su cuenta de Instagram. “Ninguna de las órdenes de arresto a que hacen referencia es nueva. Tienen más de un año y actualmente están siendo debatidas en los tribunales”, ha dicho.
Gómez Mont y su pareja, el abogado fiscalista Víctor Manuel Álvarez Puga, llevan más de un año evadiendo las órdenes de prisión emitidas en su contra, tras una primera investigación ante una presunta defraudación al fisco por 13,5 millones de pesos en 2016, tras una denuncia presentada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Por esa denuncia, la presentadora y la entonces Procuraduría General de la República (PGR) pactaron un acuerdo reparatorio con el que la actriz pagó dos pagos, uno de 10,9 millones de pesos y otro por 2.6 millones. “Quiero decirles que el 30 de noviembre de 2018 célebre un Acuerdo Reparatorio de impuestos ante la FGR y pagué 13.5 MDP. No entiendo por qué desconocen ese pago”, ha refutado Gómez Mont.
En 2021, por una supuesta participación en una trama de compañías fantasma a través de las que se desviaron casi 3.000 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación, cuando su titular era Miguel Ángel Osorio Chong, hoy senador de la República por el PRI. Esta investigación también ha sido refutada por la conductora. “Se ha repetido en la opinión pública y redes sociales que me acusan por un supuesto lavado o desvío de 3.000 MDP de un contrato público - lo cual por supuesto niego enfáticamente”.
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