Interpol lanza una alerta de búsqueda para Inés Gómez Mont y su esposo

Hace semanas que la conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, el reconocido abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, están en paradero desconocido. Ahora, además de la Fiscalía General de la República mexicana (FGR), la pareja está también en el radar de la Interpol. La agencia internacional de policía criminal ha emitido este martes su llamada ficha de roja de búsqueda, dirigida para localizar y detener a personas que deben ser enjuiciadas. Tiene presencia en 190 países. Gómez Mont y Álvarez Puga están acusados por la FGR de pertenecer a una trama millonaria de malversación de fondos públicos y lavado de dinero.

La estrella de la televisión ya no publica estampas vacacionales y conjuntos de ropa en su popular cuenta de Instagram, donde tiene 2,4 millones de seguidores. La presentadora ha dedicado los posts desde el 10 de septiembre a reivindicar su inocencia. Ese día, un juez federal aprobó la orden de busca y captura de la conductora y su marido. La Fiscalía mexicana investiga a la pareja, y a otra decena de personas, por presuntamente beneficiarse de contratos ilegales por parte de la Secretaría de Gobernación. Las autoridades estiman que el desfalco asciende hasta los 2.950 millones de pesos, unos 145 millones de dólares.

“Quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito”, afirmó en su cuenta Inés Gómez Mont a final de septiembre, “para ser clara, jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenidos 3.000 millones de pesos en la vida”. La conductora se quejaba del trato recibido por la agencia investigadora: “Me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia”.

Las autoridades no la buscaban a ella, sino al despacho de su marido. Víctor Manuel Álvarez tiene con su hermano Alejandro un despacho —Álvarez Puga & Asociados— que, según la Fiscalía, participó en una estructura financiera de empresas fantasma a las que les fueron adjudicados en 2016 al menos dos jugosos contratos destinados a la seguridad a prisiones. Estos servicios no solo nunca se llegaron a realizar, sino que el dinero se desvió a otro puñado de firmas fachada y de esos movimientos de dinero se beneficiaron presuntamente los famosos y casi una decena más.

Otros de los acusados son los responsables del organismo de prisiones mexicano, como Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración, y Emmanuel Castillo, extitular de la Coordinación General de Centros Federales.

Las pesquisas de la Fiscalía apuntan a que la Secretaría de Gobernación, liderada en 2016 por el hombre fuerte de Peña Nieto en el Gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong, desembolsó 3.000 millones de pesos a una empresa a cambio de un programa de videovigilancia. Las cámaras no llegaron a los siete centros federales, pero sí salió el dinero. Esta compañía, llamada Seguridad Privada Inteligencia Cibernética, distribuyó los millones entre otras cuatros empresas fantasmas; estas hicieron una compleja operación para lavar ese dinero. Y es ahí donde entra el despacho Álvarez Puga & Asociados. La FGR sospecha la pareja cobró una comisión a cambio de emitir facturas falsas.

Mientras la conductora ha salido a las redes sociales a reclamar su inocencia, de Álvarez Puga no se ha sabido nada. Gómez Mont y él se casaron en 2015 y tuvieron dos hijos, que se sumaron a los otros cuatro que tenía ella de su anterior matrimonio y uno de él. Ahora la pareja ha cambiado las portadas en las revistas del corazón, por la ficha de la Interpol.