El sector energético en México ve con cautela el incremento de permisos de la CRE durante las consultas del TMEC

Es uno de los puntos que Estados Unidos y Canadá han reclamado a México: desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador se han paralizado los permisos que las empresas privadas necesitan para operar en el país. Empresas extranjeras se han quejado en los últimos años de que no reciben respuesta de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a pesar de cumplir con todos los requisitos. Pero en los últimos meses, y desde que los Gobiernos de los países socios del acuerdo comercial TMEC han iniciado procedimientos formales en contra de México, se ha visto un notable salto en el número de permisos otorgados.

A mediados de 2020, López Obrador envió a los reguladores del sector energético un memorándum en el que explícitamente pide, entre otras acciones, “detener el otorgamiento de permisos o concesiones a particulares en el sector energético por sobreoferta de petróleo y electricidad para el mediano y largo plazos”, de acuerdo con el documento. Ese año, la CRE otorgó 114 permisos y al año siguiente, 115. En lo que va de este año, sin embargo, se han aprobado más de 400, la mayoría a partir de septiembre.

“No puede ser casualidad”, dice José María Lujambio, abogado y director de la sección de energía en Cacheaux, Cavazos & Newton, sobre el incremento de los permisos y que este haya coincidido con el proceso de consultas que EE UU y Canadá comenzaron a finales de julio. La parálisis de los permisos es una de las cuatro quejas de los Gobiernos de los dos países vecinos, explica el especialista, y es una que se esperaba desde el inicio tuviera una salida política. “Al parecer había una voluntad política de no actuar”, dice Lujambio, quien también fue funcionario de la CRE, “y ahora, al parecer, cambió la cosa, y no tengo la menor duda que la Secretaría de Economía le habrá hablado a la Secretaría de Energía y esta decidió liberarle presión a esa olla”.

Bajo la Administración actual, la CRE se ha visto debilitada desde varios frentes. Las órdenes que el presidente emitió directamente a través de aquel memorándum vulneraron la autonomía de la institución. Además, López Obrador ha atacado en varias ocasiones a los reguladores como la CRE, asegurando que la institución se creó bajo administraciones anteriores para defender intereses privados. Como parte de su plan de austeridad, el mandatario recortó su presupuesto, por lo que muchos de sus empleados salieron desde 2019 y otros tantos lo hicieron en protesta de la intromisión del poder Ejecutivo.

“Hay una abrumadora mayoría de permisos para Pemex (Petróleos Mexicanos), aunque también se han otorgado permisos a otras empresas”, apunta Eduardo Prud’Homme, quien fue funcionario de la CRE durante 14 años y actualmente es consultor especialista en materia energética en la firma Gadex. “Hay un claro sesgo por favorecer a las empresas del Estado, pero también ha habido una importante pérdida de talento en la CRE, por lo que su capacidad de respuesta se ha visto mermada”, opina el especialista, “están rebasados, y tienen que ser discrecionales en el despacho de asuntos, se les da prioridad a los proyectos que impactan a Pemex y a CFE (Comisión Federal de Electricidad)”.

También hay una explicación política interna de la CRE, apunta Prud’Homme. El comisionado presidente, Leopoldo Vicente Melhi, termina su periodo el último día del año, lo que ha generado divisiones dentro de la Comisión entre aquellos que quisieran reemplazarlo. Es posible que, en un intento por sobresalir, los comisionados estén sacando adelante mucho más trabajo.

Por su parte, Lujambio asegura que la supuesta ambición de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, por ser gobernadora del Estado de Veracruz, ha generado expectativas en el sector privado de que un nuevo secretario pueda tener mayor apertura para resolver la disputa comercial internacional. La posibilidad de que no se resuelva en la etapa de consultas y que un panel de controversias falle en contra de México, está ahuyentando la inversión extranjera, según aseguró el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora. Un panel pudiera permitir a EE UU y Canadá imponer aranceles en los productos que México más exporta.

“Honestamente veo muy difícil que no llegue al panel”, dice David Enríquez, abogado especializado en ley energética de la firma Goodrich Riquelme y Asociados. De acuerdo con su análisis, hay dos corrientes en EE UU en torno a la disputa del TMEC: por una parte está la Oficina de Representación Comercial (USTR, por sus siglas en inglés) que está dispuesta a ser dura con México, y, por el otro, están los funcionarios de Relaciones Exteriores, quienes desean cuidar la relación con México por ser tan compleja. “Ellos quieren irse despacio porque no quieren contaminar una relación tan complicada en el tema migratorio y de seguridad”, dice Enríquez.

Uno de los cuatro puntos a resolver podría estar en manos de tribunales colegiados. La iniciativa de López Obrador, que reformó la Ley de la Industria Eléctrica para dar preferencia a la empresa estatal, llevó a varias empresas a tramitar más de 200 amparos para impedir su implementación. En octubre, la Suprema Corte de Justicia reanudó el estudio de dichos amparos, por lo que si la Corte falla a favor de las empresas privadas, este punto de la disputa comercial con EE UU y Canadá se resolvería.

“No espero un viraje mayor en la política energética, eso difícilmente va a suceder”, dice Oscar Ocampo, analista e investigador del sector energético para la organización sin fines de lucro Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Pero los anuncios hechos recientemente por la CFE, incluyendo nuevos contratos con empresas estadounidenses y canadienses en parques eléctricos y terminales de licuefacción de gas natural, apuntan a una posible apertura de los funcionarios del Gobierno. “Hay un mejor panorama, no en el corto, pero quizás sí en el mediano plazo. Independientemente de la CRE, hay razones para cierto optimismo aún cuando no se ha reflejado en acciones concretas”.

La consultas del TMEC no han influido de manera radical en el sector, opina Lujambio, “pero sí han prendido una velita de esperanza de que la presión de EE UU y Canadá conducirá a que el Gobierno de México eche para atrás, al menos, esa parte de la política energética. En algo acabará cediendo en Gobierno mexicano”.

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