López Obrador anuncia una nueva vuelta de tuerca a la austeridad

Hay niveles y niveles en el discurso de austeridad del Gobierno mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha afirmado este miércoles que quiere pasar a una fase superior bautizada como de “pobreza franciscana”. Esto se traduce en una reducción de los viajes al extranjero y de los viáticos, reformas a la ley e incluso a la Constitución, y otras medidas que el mandatario todavía no ha precisado. Con este anuncio y las recientes críticas a los altos funcionarios que cobran más que él, López Obrador retoma una de sus banderas favoritas.

El presidente ha anunciado que el jueves tendrá una reunión con su Gabinete para detallar el nuevo plan de austeridad. “Ya vamos a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior que es la de la pobreza franciscana, porque tengo reunión mañana con el Gabinete y vamos a llevar a cabo medidas de austeridad adicionales”, ha declarado durante su conferencia matutina. “Vamos a reducir bastante, casi no va a haber viajes al extranjero, vamos a procurar que toda la comunicación se haga por teléfono, por teleconferencias, y vamos a reducir viáticos aún más, y otras medidas”.

Adelgazar la burocracia, que el mandatario a menudo compara con un “elefante reumático”, es una “cuestión de Estado”. La receta de López Obrador, en línea con los postulados tradicionales de las instituciones financieras internacionales y la ortodoxia económica, busca evitar el endeudamiento y conseguir ahorros. “La forma es sencilla, es cero corrupción y austeridad para liberar fondos al desarrollo, entregar recursos a la gente más necesitada”, ha dicho.

El presidente criticó recientemente a 11 altos funcionarios que cobran más que él. Entre ellos están los titulares de organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, a quien López Obrador considera un “adversario”. Sin embargo, también hay funcionarios que él mismo nombró, como el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manerto, y la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez.

La Ley de Austeridad Republicana, que entró en vigor en 2019, prohíbe a los funcionarios cobrar más que el presidente, pero algunos altos cargos se han amparado ante los tribunales. López Obrador ha mencionado este miércoles su intención de presentar una propuesta de reforma a la ley y hasta a la Constitución para “dejarlo más claro”. “Que no se preste a las interpretaciones que hicieron en el Poder Judicial de manera leguleya los altos servidores públicos”, ha señalado.

La insistencia del mandatario en la austeridad no es nueva. Antes de la crisis económica provocada por la covid-19, López Obrador ya lideró un severo tijeretazo. En 2019, pocos meses después de llegar al poder, una orden presidencial obligó a reducir un 30% los gastos de representación, vuelos y viajes, además de desaparecer las direcciones administrativas. El despido de los trabajadores eventuales obligó a algunos hospitales a reducir el número de cirugías a la mitad. Un año después, otro recorte del 75% en los gastos operativos llevó a las áreas naturales protegidas al borde del precipicio, al no poder pagar la gasolina para ejecutar las labores de vigilancia.

La austeridad, concentrada en la operación del aparato burocrático, ha esquivado a los proyectos prioritarios del presidente, cuyos costos se han disparado. La refinería de Dos Bocas, que fue inaugurada a principios de mes pese a no estar terminada, ya ha costado 12.000 millones de dólares, un 50% más lo planeado originalmente. En cuanto al Tren Maya, otro de los proyectos estrella del Gobierno, López Obrador ha admitido que podría llegar a costar un 70% más de lo previsto, debido a los cambios en el recorrido y al aumento en los precios de la materia prima y del transporte.

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