La doble lucha de Pijy: una joven indígena violada a quien suplantaron su identidad para retirar la denuncia

Pijy significa flor en ayuuk. Es el nombre que ha elegido una mujer índigena mixe para proteger su identidad mientras trata de buscar justicia. Pijy acusó a Plácido ‘N’ de violarla en 2013 cuando ella tenía solo 15 años. Se presentó entonces en la Fiscalía de Oaxaca e interpuso una denuncia; el juez solicitó una orden de aprehensión que nunca se ejecutó. Ante el miedo y la inseguridad, la joven y su madre tuvieron que huir de San Juan Mazatlán, en el sur de la zona mixe del Estado donde vivían, hacia otra localidad. Ahora, nueve años después de la agresión y sin ningún avance judicial, Pijy ha descubierto que una mujer se hizo pasar por ella, le aseguró al juez que se había inventado la violación y este cerró la causa y canceló la orden de arresto. La lucha para la joven se ha multiplicado: conseguir que se reabra la investigación por su agresión, probar que ella es la verdadera Pijy y averiguar quién suplantó su identidad.

La vida de Pijy volvió a dar un vuelco este mes de septiembre, cuando Plácido ‘N’ se presentó en casa de su madre a “burlarse”: “Cínicamente el agresor —que es bien conocido de Pijy— llega al domicilio a decirle a su mamá que ya no le moviera absolutamente nada, porque él ya estaba libre de cualquier tema legal, ya lo había solucionado”, cuenta a EL PAÍS Joaquín Galván, activista de los derechos humanos que está acompañando a la joven en su caso. La mujer llamó a su hija y esta se presentó de forma inmediata en la Fiscalía de la localidad Matías Romero, a donde pertenece la denuncia que ella interpuso en 2013.

Allí el agente del ministerio público le informó que su carpeta estaba sobreseída, es decir que ya no se perseguía más el delito, porque ella había desistido su denuncia y había declarado que no era cierta la violación en una declaración ante el juez de control Omar Morales. Con esa declaración se canceló la orden de arresto y se dio por cerrada la carpeta.

En la Fiscalía, Pijy pudo revisar la fotocopia de la credencial del INE que la mujer que se había hecho pasar por ella había presentado: estaban sus datos personales —su dirección y número—, pero tenía otra foto. “De esa imagen Pijy reconoció a la actual pareja de su agresor, Plácido”, detalla Galván, “al verse confrontados con esta situación, tanto el ministerio público Pedro Fierro como el juez Morales empezaron a actuar a la defensiva, la empezaron a culpabilizar por lo que sucedió, la acusaron de desinterés”.

El 5 de octubre, Pijy presentó su denuncia por suplantación de identidad y también solicitó que se reabra su causa, en lo que van a ser dos procesos judiciales distintos. De momento, el juez Morales ha diferido en varias ocasiones la audiencia en un ejercicio que Galván identifica de desgaste hacia la víctima.

Además, el activista critica que van a ser los mismos dos funcionarios públicos involucrados en la suplantación de identidad los que deban responder a las denuncias de Pijy: “Todavía no sabemos si fue una negligencia o un acto de corrupción”, dice, y añade, “todo es terrible y criminal. Ella vuelve a ser víctima, ahora del poder judicial y la Fiscalía. Es una situación que pone en riesgo a todas las víctimas que están viviendo un proceso judicial. ¿Qué marcos jurídicos van a existir después de esto? ¿Qué precedentes sienta?”.

El activista y la joven —que todavía están en búsqueda de una representación legal— han identificado a Plácido como un militante de Morena que está tratando ahora de consolidar una carrera política, por lo que tenía interés en limpiar su expediente judicial. “Él presume de tener contactos políticos de alto nivel, pero no sabemos si es real, lo que sí es que representa un riesgo significativo para la víctima”, apunta Galván.

Pijy comparece ante los medios tapada con una gorra, un cubrebocas y unas gafas, pero comparece serena. “No tendría que estar aquí si mi agresor no estuviera en libertad, una libertad lograda por una gran negligencia o en el peor de los casos por un gran acto de corrupción de la Fiscalía”, dijo el lunes Pijy.

La Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca ya se ha pronunciado sobre el caso, ha iniciado su propia investigación y ha solicitado informes sobre lo ocurrido a la Fiscalía y al Tribunal Superior de Justicia. Los siguientes pasos son dar parte a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a ONU Mujeres. El camino apenas ha comenzado.

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