El Gobierno mexicano describe los bloqueos y masacres como una “propaganda criminal” del narco

El Gabinete de Seguridad de López Obrador insiste en que el crimen organizado se encuentra debilitado, pero no explica cómo ha logrado incendiar cinco Estados del país

Integrantes de la Policía Municipal resguardan la zona donde fue incendiado un camión de pasajeros en Zapopan, Estado de Jalisco (México), el 9 de agosto. Foto: FRANCISCO GUASCO (EFE) | Vídeo: REUTERS

El Gabinete de Seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador ha concedido una rueda de prensa insólita, con todos sus miembros, para explicar el caos generado por el narco durante cuatro días de la semana pasada. El crimen organizado asedió desde el martes al viernes pasado, durante horas, poblaciones completas de Jalisco, Guanajuato, Baja California y Ciudad Juárez, en Chihuahua, con bloqueos carreteros, incendios de comercios y de vehículos, autobuses y gasolineras, además del asesinato a quemarropa de una decena vecinos inocentes. “La estrategia de seguridad federal está dando resultados”, ha sido el mantra que han repetido todos los miembros del Gabinete. Como si la ciudadanía no hubiera observado cinco rincones del país en llamas, sin más autoridad ni uniforme que el de los sicarios. “Es solo propaganda criminal”, ha concluido el grupo de funcionarios.

Las imágenes de localidades enteras del país incendiadas y acorraladas por el narco ha estallado este lunes en la oficina del presidente. La seguridad sigue siendo una de las grandes tareas pendientes de su Gobierno, que heredó cotas altísimas de violencia de sus antecesores en el cargo, y que solo ha podido contener la tendencia al alza en la cifra de homicidios. Pero México soporta datos insostenibles para un país que no está oficialmente en guerra. Se asesina a un ritmo de 100 personas al día, han desaparecido más de 100.500, de ellas, más de 33.000 durante la actual Administración. Los muertos y las exhibiciones de poder del narco se acumulan frente a Palacio Nacional. Y el Gabinete ha tratado este lunes de apagar todos los fuegos, literales y figurados, de la imagen de un país con un gobierno paralelo al Estado.

El Gabinete ha concluido que los atentados del narco contra la población son una respuesta a los resultados de la estrategia federal de seguridad. Que el crimen se encuentra debilitado por las tareas del Gobierno y por eso, busca llamar la atención para “mandar mensajes de que son fuertes a manera de publicidad”, ha explicado el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval. Una explicación oficial que no calma a las víctimas, la población acorralada, y solo envía un mensaje político a sus adversarios. El grupo de funcionarios no ha aclarado cómo es posible que si el crimen organizado se encuentra mermado, tenga la capacidad de someter de esa forma a municipios enteros, tampoco si los múltiples ataques tenían algún tipo de relación. ¿Si los resultados son tan eficaces como señalan, por qué la población debe pagar las consecuencias de la ira del narco sin que una autoridad lo impida?

Soldados mexicanos fueron desplegados el sábado, en Tijuana, Estado de Baja California (México), tras la violenta jornada del viernes.
Soldados mexicanos fueron desplegados el sábado, en Tijuana, Estado de Baja California (México), tras la violenta jornada del viernes.Joebeth Terriquez (EFE)

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, ha anunciado 36 detenciones por los ataques de la semana pasada. Muchos de ellos serán procesados por delitos federales, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y narcotráfico. El general Sandoval ha agregado una lista de golpes contra el narco en todo el país en lo que va de año, que suman kilos de cocaína, fentanilo, marihuana y metanfetamina incautados, además de armas largas. Aunque ninguna de esas cantidades ha logrado frenar el poder del narcotráfico, tal y como han demostrado los ataques que comenzaron el martes de la semana pasada.

El secretario Sandoval ha explicado que todo comenzó con un operativo casi improvisado en un municipio de Jalisco, Ixtlahuacán del Río, el martes pasado. Los soldados de la Guardia Nacional y del Ejército detectaron un fuerte movimiento de más de 20 camionetas con hombres armados y decidieron ir tras ellos. Sin saber a dónde iban, los militares se metieron en la boca del lobo, según la versión oficial. Una reunión entre capos del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los recibieron a balazos. Tras el encontronazo, un presunto criminal fue abatido, según la oficial, y seis más fueron detenidos. Ni rastro de los capos, que presuntamente se encontraron o iban a estar en esa reunión —el general no lo ha aclarado, porque se enteraron después del enfrentamiento—, el Doble R y el Apá, dos de los cabecillas de Jalisco que mantienen el control de la zona centro del país.

Después del ataque en Ixtlahuacán, el terror del narco se extendió por más municipios de Guanajuato y Jalisco, área de influencia de los jefes del cartel que había atacado el Ejército. Quemaron 28 comercios, incendiaron 19 vehículos, se instalaron barricadas en las carreteras. El caos y el pánico volvió a absorber a los dos Estados, que llevan al menos cinco años soportando el horror de la narcoviolencia.

A más de 1.500 kilómetros de ahí, en la frontera norte, Ciudad Juárez ardió con la misma voracidad dos días depués, el jueves. El único común denominador es que el poder del narco en esa zona iba a hacer lo propio, sin que una autoridad lo impidiera. En este caso, la mecha se prendió en una prisión estatal, donde dos pandillas locales, apoyadas por los grandes cárteles —el de Sinaloa y el de Juárez— se enfrentaron a tiros, asesinando a dos internos y dejando más de una veintena de heridos. El desgobierno en la cárcel se extendió a las calles de Juárez horas más tarde, con una estampa similar a la de Jalisco y Guanajuato: locales incendiados, gasolineras y cócteles molotov contra tiendas de alimentación. Pero en esta localidad fronteriza, el crimen organizado además acribilló a tiros a nueve ciudadanos que nada tenían que ver con sus peleas intestinas.

Al día siguiente, en el extremo este de la frontera, en Tijuana, Tecate y Mexicali, el narco también hizo alarde de su dominio. Se incendiaron 25 coches, entre particulares y autobuses de transporte público. El pánico se extendió entre los miles de ciudadanos que trataban de llegar a sus casas después del trabajo. Las calles de estas ciudades se convirtieron en un escenario de guerra, como antes había sucedido en Juárez, Jalisco y Guanajuato. Una exhibición de fuerza del crimen organizado que contrasta con la explicación del Gobierno de un crimen “debilitado”. “Fue un efecto de llamar la atención, de buscar que las autoridades atendieran esto y generar una sensación de que hay falta de seguridad”, ha explicado el secretario de Defensa.

A los ciudadanos de estos cinco Estados les quedó claro quién mandaba en sus ciudades, al menos durante esas horas. No ha sido detenido ningún líder criminal ni desarticulada ninguna banda. No se ha ejecutado ninguna acción que le dé garantías a la ciudadanía de que algo así no va a volver a suceder en su tierra. Tampoco ningún miembro del Gabinete ha asumido la responsabilidad de que miles de ciudadanos hayan sufrido una vez más el terror del narco a las puertas de su casa. La “propaganda criminal”, de ser así, ha emitido un mensaje más eficaz que ninguna medida de Gobierno.


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Sobre la firma

Elena Reina

Es redactora de la sección de Madrid. Antes trabajó ocho años en la redacción de EL PAÍS México, donde se especializó en temas de narcotráfico, migración y feminicidios. Es coautora del libro ‘Rabia: ocho crónicas contra el cinismo en América Latina’ (Anagrama, 2022) y Premio Gabriel García Márquez de Periodismo a la mejor cobertura en 2020

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