Los exfuncionarios de Peña Nieto denunciados por corrupción en EE UU firmaron contratos que “perjudicaban sustancialmente a la CFE”

El Gobierno mexicano alega que Guillermo Turrent y Javier Gutiérrez violaron la Constitución, así como leyes penales y de adquisiciones, al otorgar contratos a la firma Whitewater Midstream

Guillermo Turrent, ex director de Modernización de la Comisión Federal de Electricidad y director general de CFE International en 2017.
Guillermo Turrent, ex director de Modernización de la Comisión Federal de Electricidad y director general de CFE International en 2017.Tercero Díaz (Cuartoscuro)

Guillermo Turrent y Javier Gutiérrez, exfuncionarios de la empresa eléctrica del Estado mexicano, Comisión Federal de Electricidad (CFE) se preparan para sendas batallas legales en México y Estados Unidos. Como reportó EL PAÍS el mes pasado, la CFE acudió a una corte federal en Estados Unidos para obtener mayor información sobre las relaciones entre Turrent, Gutiérrez y Matthew Calhoun, fundador de Whitewater Midstream, empresa que se convirtió en la principal suministradora de gas natural importado a México durante la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto. El caso estadounidense, independiente de otro proceso que ocurre en México, produjo un documento de casi 1.100 páginas que describe a detalle los esfuerzos de los exfuncionarios por adjudicar múltiples contratos a la empresa, fundada por su amigo, la cual no tenía experiencia en el sector. Uno de los contratos en discusión, por ejemplo, se adjudicó a una filial creada solo tres días antes.

Turrent y Gutiérrez también tienen previsto presentarse este mes ante la Fiscalía General de la República (FGR), en donde un juez decidirá si deben enfrentar un juicio penal en casos de posible corrupción por la firma de contratos de gas natural — entre ellos los de la empresa estadounidense Whitewater Midstream. Para su defensa legal, Turrent y Gutiérrez contrataron al abogado penalista José Luis Nassar. El letrado es un reconocido penalista en el país y tiene entre su lista de clientes a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien fue acusado de asesinato en 1995. Ha representado también al futbolista Rafael Márquez, acusado en EE UU de supuestos nexos con el crimen organizado, y al exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval, quien fue detenido el año pasado por el delito de “operaciones con recursos de procedencia ilícita”. El despacho de Nassar representa también a Luis Cárdenas Palomino, exmando de la Policía Federal, arrestado por probable responsabilidad en el delito de tortura.

Este mes se llevan a cabo audiencias ante la Fiscalía Anticorrupción (parte de la FGR) para determinar si Turrent y Gutiérrez son vinculados a proceso, es decir, si deberán enfrentar un juicio penal por su rol en la adjudicación de varios contratos de gas natural, otorgados por CFE cuando eran funcionarios. Turrent fue director general del brazo privado de CFE en EE UU, CFE International; Gutiérrez fue director de operaciones. Los contratos fueron firmados a partir de la reforma energética que abrió el mercado eléctrico durante la previa Administración.

CFE alega que los funcionarios violaron la Constitución, así como leyes penales y de adquisiciones, al otorgar contratos a Whitewater Midstream, sus subsidiarias y filiales, por cientos de millones de dólares, sin un debido proceso de licitación y con conflictos de interés. El caso presentado a una corte federal en Texas incluye el testimonio del abogado Fernando Aponte, actual director de Cumplimiento y Responsabilidades de CFE International, así como de un investigador privado en ese país, en representación de CFE International.

Gutiérrez firmó contratos “mediante el uso de un poder equivocado y sin la debida notarización pública, lo cual constituyen deficiencias legales significativas bajo la legislación mexicana”, declaró Aponte ante la corte en EE UU. “Descubrí además que, en relación con la adquisición de los contratos de Waha Connector, no había evidencia de que hubiera tenido lugar algún proceso de adquisición que hubiera garantizado los mejores términos para el Estado mexicano”, agregó Aponte, según el documento. Waha Connector es el nombre del gasoducto operado por Whitewater Midstream (WWM).

“Una revisión adicional de las comunicaciones y los antecedentes de los contratos reveló que WWM, la compañía a la que se le adjudicaron los contratos de Waha Connector, carecía de la experiencia y el historial crediticio necesarios para ser adjudicados adecuadamente tales contratos, y que las disposiciones de los contratos no eran competitivas y perjudicaban sustancialmente a la CFE”, dice el testimonio de Aponte. “En el momento en que se adjudicaron estos contratos, WWM había estado en funcionamiento durante solo unos meses, y las subsidiarias de WWM, a las que también se adjudicaron los contratos, habían estado en funcionamiento durante tres días”, apuntó el abogado.

“Además, Gutiérrez y Turrent se comprometieron a adjudicar a WWM estos contratos antes de solicitar o recibir ofertas de otras entidades. Como tal, los contratos de Waha Connector se otorgaron a WWM en ausencia del análisis requerido por la ley para garantizar que el Estado reciba las mejores condiciones de mercado disponibles”, agregó Aponte.

El documento menciona también al exejecutivo de CFE Emilio Cosio, quien, de acuerdo con el testimonio y hallazgos de CFE, estuvo involucrado en las negociaciones entre la paraestatal y Whitewater. Cosio, Turrent y Gutiérrez aparecen como miembros administradores de una empresa en Austin, Texas llamada 3V Energy y fundada en noviembre de 2019, de acuerdo con el portal de información empresarial OpenCorporates.com. La empresa, de acuerdo con una fuente con conocimiento, buscó firmar contratos con CFE antes de cerrar en agosto del año pasado. Whitewater también está basada en Austin.

CFE inició una investigación en EE UU en torno a Whitewater después de que EL PAÍS revelara, en julio de 2021 que Turrent, Calhoun y un tercer ejecutivo de Whitewater se conocen desde hace más de 20 años, ya que trabajaron juntos en Royal Dutch Shell. Los tres aparecen en documentos que forman parte de un caso de posible manipulación de precios de energía eléctrica en California, el cual sigue abierto. EL PAÍS reveló, además, que empleados de Whitewater trabajaron dentro de las oficinas de la CFE en México como “consultores”, según tres fuentes internas de la paraestatal, en el tiempo en que la paraestatal preparaba la licitación de un contrato masivo que Whitewater terminó ganando.

CFE y Whitewater se encuentran actualmente en un proceso de arbitraje internacional, después de que la paraestatal se rehusara a pagar por el gas que compró a Whitewater durante febrero de 2021, cuando las temperaturas en el sur de EE UU bajaron hasta romper récords. Esto congeló las instalaciones de producción y distribución de gas natural y disparó los precios del combustible.

Relación bilateral

En julio del año pasado, el Gobierno mexicano dijo que autoridades en EE UU también investigan a Whitewater por “entrega de contratos bajo sospecha de corrupción, abuso de confianza y tráfico de influencias”. El caso abierto en Texas pone presión sobre las autoridades en ese país por investigar un caso de posible corrupción que se llevó a cabo en ambos lados de la frontera. En respuesta a una petición de información de EL PAÍS, la embajada de EE UU en México dijo que el Gobierno estadounidense no comenta sobre casos abiertos.

La relación con EE UU es la más importante para México, y actualmente está atravesando por una turbulencia principalmente ocasionada por la postura del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de política energética y en la arena diplomática, opina Adrián Duhalt, investigador no residente del Centro para los Estados Unidos y México del Instituto Baker de la Universidad de Rice. López Obrador ha metido revés a los permisos y reglas de la reforma energética de su predecesor, generando incertidumbre para millones en inversión de empresas norteamericanas.

“México, a pesar de la retórica en torno a la autosuficiencia energética, continuará dependiendo de las importaciones de gas natural desde Estados Unidos incluso en mayor grado a medida que nos acerquemos al final del sexenio de López Obrador”, dice Duhalt. “Una carta que puede jugar el presidente López Obrador es la de la corrupción. Si se determina que WhiteWater Midstream y/o los exfuncionarios de CFE incurrieron en tráfico de influencias y actos de corrupción, no dudará en echar mano de este caso para alimentar su narrativa en contra de gobiernos anteriores y la reforma energética del 2013. Con elecciones estatales en 2022 y 2023 y presidenciables en 2024, el affair WhiteWater Midstream y el proceder de los exfuncionarios de la CFE son munición para la narrativa de la coalición gobernante”, agregó el especialista.

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