Un tribunal ordena el regreso a prisión de Roxana Ruiz, la madre soltera que mató a su violador

La amenaza de la cárcel vuelve a sobrevolar a Roxana Ruiz, la madre soltera indígena de 22 años que mató al hombre que la violó. En un giro inesperado, un tribunal ha revocado este domingo la medida que había permitido a Ruiz vivir su proceso legal en libertad. En mayo de 2021, un joven trató de abusar de ella en su propia casa. Ruiz se defendió y causó la muerte de su agresor. Fue detenida y acusada de un cargo de homicidio simple con exceso de legítima defensa. Pasó nueve meses en el penal Bordo de Xochiaca, en el Estado de México, hasta que el pasado 17 de febrero un juez dictaminó que la prisión preventiva que le fue impuesta era contraria a los tratados internacionales suscritos por México. Fue excarcelada, en una decisión celebrada por todo el movimiento feminista mexicano. Hasta ahora.

Según un comunicado difundido por la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Nezas (de Nezahualcóyotl, Estado de México), un colectivo que ha apoyado a Ruiz en su defensa desde el inicio del caso, los magistrados del tribunal de Texcoco Vicente Guadarrama García, Alhelí Segura Rocha y Norma Angélica Delgado Chávez han revocado la “resolución que modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, imponiéndole nuevamente la medida de prisión preventiva, por lo que podría regresar a prisión”.

El colectivo asegura que la medida atenta contra los derechos de Roxana y “el recurso de Apelación presentado por el tribunal de Texcoco no tiene ninguna justificación legal ni soporte ante los tratados que México ha firmado en materia de derechos humanos, al contrario, los está ignorando”. También ha criticado con dureza la revocación de su libertad condicional y calificado de “respuesta omisa, negligente y violenta” la actuación de la justicia del Estado de México. Nos Queremos Vivas Neza ha convocado una protesta para aumentar la presión el próximo lunes, 18 de abril, en el juzgado donde se celebrará la audiencia del caso.

La activista Elsa Arista, parte de la organización, ha asegurado a EL PAÍS que ya se ha presentado un amparo para detener la revocación. “Tenemos un problema. Nos reciben el amparo, pero no se manda al juzgado hasta después de cinco días. Esos cinco días, como se van a ir de vacaciones [de Semana Santa] va a ser jueves o viernes, para el día de la audiencia no estará listo el amparo. Vamos a hacer una protesta en los juzgados para que manden el amparo ahora, si no es inminente el regreso de Roxana a prisión”, informa a María Julia Castañeda.

El de Ruiz se trata de un caso anómalo. En un país con 11 feminicidios y 46 violaciones a mujeres diarias, donde más del 90% de los casos quedan impunes, ella se ha convertido en un símbolo de supervivencia. La mujer, procedente de una comunidad mixteca de Oaxaca, emigró a los 15 años en busca de trabajo a Nezahualcóyotl, uno de los municipios más peligrosos del país para las mujeres. Tuvo un hijo, que ahora tiene cuatro años, pero se separó de su marido al poco tiempo. Consiguió un empleo como vendedora de patatas fritas.

El 8 de mayo de 2021 una amiga la invitó a tomar algo al acabar su turno. Ella se bebió una cerveza y se fue para su casa. De camino, se encontró con un joven al que conocía del barrio que se ofreció a acompañarla. Al llegar a la residencia de Ruiz, el hombre la convenció para que le dejara quedarse a dormir con la excusa de que vivía lejos y la zona era peligrosa de noche. Insistió. Ella aceptó por miedo, según ha relatado, preparó una colchoneta en el suelo para él y se fue a dormir.

El hombre se subió a la cama de Ruiz. “Me empezó a quitar la ropa, me golpeó, me violó. Yo estaba en shock. Pasé momentos horribles, sentí su aliento, sus manos, cuando me penetró”, escribió en una carta pública la mujer. Se defendió, golpeó a su agresor y lo asfixió con una camiseta. “No quería que él lastimara a nadie más. Me sentí sola, denigrada”, continuaba la misiva.

Cuando la detuvieron, el cuerpo de su agresor estaba en una bolsa. Su equipo de defensa asegura que el proceso estuvo plagado de omisiones, que ni siquiera se le proporcionó un traductor indígena ni pudo hacer una llamada. Su madre se enteró de su detención tres días después. No se le realizaron exámenes para verificar la agresión sexual ni se aplicó el protocolo de género correspondiente. El proceso legal todavía continúa, y la semana que viene se decidirá si la joven que no quiso ser otra asesinada más vuelve a prisión preventiva.

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