Un homicidio, cuatro abogadas y falta de peritajes: la familia de Roxana Ruiz critica “vicios” en el proceso

Ana Ruiz mide 1,50 y tiene el pelo largo, negro, atado en una media cola. Los ojos, la única parte de su rostro que no tapa el cubrebocas, apuntan al otro lado de la calle, donde hay una iglesia, pero miran más lejos. Suena su celular y ella atiende. Quizás es su hija, que en los últimos meses la llama cuando puede, “rápido dos minutos” para saber cómo está. Roxana Ruiz, de 21 años, confesó en mayo haber matado a su presunto agresor después de que él la violara y amenazara con matarla en Nezahualcóyotl, uno de los municipios del Estado de México más peligrosos para las mujeres. Desde hace tres meses está en prisión preventiva por el homicidio. No es Roxana quien llama esta vez. Su madre habla suave, sin aire: “Si no se defendía, ella iba a ser la muerta”.

A unos kilómetros de allí, en el centro penitenciario Bordo de Xochiaca, está encerrada la joven desde que la policía la detuvo. Roxana trabajaba vendiendo papas fritas en un puesto a 20 minutos en camión desde su casa y ya estaba pensando en abrir su propio local. La mamá de su exmarido cuidaba del hijo de ambos, de cuatro años, durante el día y cuando la joven terminaba su turno iba a buscarlo. Si se hacía muy tarde, su suegra y su cuñada los acompañaban caminando hasta el cuarto que ella rentaba por 800 pesos a la semana. Era por seguridad: el municipio está en alerta por feminicidios desde 2015.

A su cuñada, Sarahí Mejía, le pareció raro que Roxana no llegara ese viernes y la angustia aumentó cuando pasada la medianoche llegó un fiscal para avisarles que la joven había sido detenida. Dos mujeres que trabajaban en una distribuidora de alimentos a metros de ella la habían invitado a tomar una cerveza. Roxana aceptó una y cuando se estaba yendo un empleado de la distribuidora se ofreció a acompañarla hasta la casa. Al llegar, él insistió tanto en entrar que ella cedió por miedo y le preparó una colchoneta para que se acostara en el piso, según cuenta en una carta que escribió desde el penal. En el medio de la noche, el hombre supuestamente subió a su cama y la violó.

En el forcejeo los dos cayeron al piso y él ya no se levantó, según Mejía. Roxana confesó que lo había matado por asfixia, porque es lo que había intentado. “Pero puede que ella ni lo haya matado, que haya sido el golpe”, apunta Ana Ruiz. Lo que reclama la familia, en cualquier caso, es un proceso justo. La madre critica que el día de la detención, después de que Roxana dejara el cuerpo de su presunto agresor en una bolsa a metros de su casa, la policía no tuvo en cuenta su declaración, ni tomó fotografías de los golpes que tenía en el cuerpo, ni le hizo estudios médicos.

El proceso, dice Abigail Escalante, abogada de Roxana, estuvo “viciado” desde el principio, y enumera: “Las medidas necesarias para la determinación de los hechos no existieron, no se actuó con perspectiva de género, se desacreditó de manera prejuiciosa el testimonio de la detenida y no se llevaron a cabo las actuaciones necesarias para determinar si había sido violada”. Fuentes de la Fiscalía del Estado de México han asegurado a este periódico que el ministerio fiscal está “en la mejor disposición” de hacer los peritajes, pero que es la defensa de Roxana quien “tiene que aceptar que se lleven a cabo”. Escalante responde que a tres meses de la supuesta agresión “la única prueba pertinente es un examen psicológico”, que la defensa autorizará, pero que ya se ha perdido “tiempo y pruebas valiosas”.

Desde su arresto, Roxana ha tenido cuatro abogadas: la primera de oficio, que aconsejó a la familia pagar 20.000 pesos de fianza que no sirvieron para sacarla de la cárcel; una letrada particular que abandonó el caso cuando se enfermó de covid; otra de oficio, que se ausentó de la segunda audiencia, que tendría que haber sido este lunes, porque estaba de vacaciones, y Escalante, que se involucró en el caso esta semana a través de los colectivos feministas.

“Si no fuera por ellas, Roxana se queda adentro”, dice Ana Ruiz. Ella confía en que su hija quedará en libertad. Desde que llegó de Pinotepa, el municipio en el que vive en Oaxaca, la mamá de Roxana, de 43 años, ha tenido el apoyo y la asesoría de los grupos feministas, de sus vecinos y de su familia, pero se ha sentido abandonada por el Estado. Viaja al Estado de México cada 15 días porque tiene que seguir trabajando y cuidando de su hijo más pequeño. Solo puede ver a su hija tres horas cada sábado, y dice que la ve bien aunque llora porque extraña a su niño. “No es justo, no es una asesina”, lamenta, “hay muchas mujeres inocentes ahí dentro”.

El caso de Roxana no es excepcional en México. En 2015, la justicia absolvió a Yakiri Rubí Rubio cuando llevaba 18 meses en prisión por haber asesinado a un hombre que la estaba violando. Un tribunal decidió entonces que la mujer había lesionado a su agresor en legítima defensa. El caso de Reyna Gómez, de 60 años, fue diferente. Ella mató al hombre que la maltrataba desde que se habían ido a vivir juntos y fue condenada a 25 de prisión por el homicidio porque el juez consideró que su vida no corría peligro.

La historiadora Martha Santillán analiza en su libro Mujeres criminales (Editorial Crítica, 2021) los casos de mujeres que asesinaron a sus agresores en las décadas de los 30 y 40. “Las tendencias homicidas de las mujeres están vinculadas a contextos sociales en los cuales ellas son víctimas de recurrentes maltratos y agresiones físicas o verbales recurrentes”, explica la autora. La investigadora añade que a lo largo de los años, y según los datos que ella y otros investigadores han podido recopilar, “la conducta homicida en la mujer es muy baja”, y precisa: “Para la cantidad de violencia física que hay, para la cantidad de violaciones, son pocas las mujeres que reaccionan matando al agresor”.

“Defender mi vida no es delito”

La pintura fresca todavía brilla sobre de las paredes de los juzgados de Nezahualcóyotl. “Defender mi vida no es delito”, dice en mayúsculas. Y en morado se lee: “Roxana eres valiente, no una delincuente”. Las consignas están allí desde el lunes, cuando se suspendió la segunda audiencia del caso. Elsa Arista, activista del colectivo Nos queremos vivas de Nezahualcóyotl, reclama que el caso se investigue con perspectiva de género. “Nos preocupa que quienes están juzgando no tomen en cuenta el contexto en el que estamos viviendo las mujeres en el Estado de México”, indica.

A metros de ahí está el centro penitenciario donde está encarcelada Roxana. La joven ha empezado talleres de psicología y manualidades mientras permanece encerrada. El olor agrio de uno de los basurales más grandes del Estado de México llega hasta ahí. Los puestos que prometen “asesoría gratuita 24 horas” están vacíos antes de las cinco de la tarde y la lluvia amenaza, como pasa casi todos los días de esta mitad del año en México. Las nuevas pintadas contrastan con los colores gastados que dibujan en el piso el rostro de Diana Velázquez Florencio, víctima de un feminicidio que ocurrió cuatro años antes. Las paredes recién coloreadas hacen la pregunta que también inquieta a la mamá de Roxana: “¿Será que los jueces nos prefieren muertas?”.

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