“El lunes empezamos clases”: la toma de la Universidad de las Américas Puebla llega a su fin

Las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla han sido liberadas este jueves, ocho meses después de que fueron tomadas por las autoridades estatales. La pelea legal entre el Gobierno actual y la familia Jenkins, propietaria de la fundación que ha dirigido la institución privada por más de 50 años, se encamina así a un posible final. “El lunes empezamos clases”, ha dicho esta mañana la rectora interina Cecilia Anaya frente a cientos de alumnos y miembros de la comunidad académica, reunidos a las puertas del campus para celebrar la entrega.

La jueza segunda de Cholula ha ordenado la devolución de las instalaciones, luego del desistimiento de las acciones judiciales por parte del patronato nombrado de forma temporal el año pasado, según explica la UDLAP en un comunicado. “Con dicha jurisdicción voluntaria, el campus se restituye de forma legal a Cecilia Anaya Barrios, rectora interina nombrada por el patronato legítimamente constituido”, expone. Acompañada por otros directivos, Anaya ha ingresado al campus alrededor de las 8:30 horas para formalizar el cambio.

A grito de “UDLAP libre al fin” y “¿Dónde están esos espurios que nos iban a sacar?”, alrededor de 500 integrantes de la comunidad educativa, según reportes de medios locales, han entrado y salido por bloques al campus después de Anaya. “Empezamos el lunes, excepto los laboratorios en lo que los pongamos en orden porque están todos polveados (sic), ya los vieron”, ha comentado la rectora. Entre risas y aplausos, los estudiantes han respondido con gritos como “No importa” o “Nosotros barremos”, según se observa en la transmisión en vivo del consejo estudiantil de la universidad. Anaya también ha informado que este viernes se llevará a cabo la ceremonia de izamiento de la bandera.

La emoción por el regreso a clases ha durado horas, aunque las actividades escolares ya habían sido reanudadas desde hace semanas en las instalaciones de otras universidades. Tras presenciar la reapertura del su campus, los estudiantes se han reunido para expresar su alegría, pero también la urgencia de retomar las actividades. “Nadie va a pasar por encima de la educación. El día de hoy se sienta un precedente y que nos tengan miedo porque vamos a tomar las calles si se vuelven a meter con nosotros”, ha expresado una alumna al megáfono.

La fundación Mary Street Jenkins ha confirmado la entrega de “la posesión —jurídica y material— de la UDLAP, a pesar de la resistencia de los actuales directivos”, según indica en un boletín. “Como lo hemos reiterado en diversas ocasiones, la UDLAP no debe ser la moneda de cambio en los litigios que los patronos removidos enfrentan por la sustracción del patrimonio fundacional y por presuntos actos fraudulentos de administración de los bienes que lo componen”, señala.

La batalla por el control de la universidad privada inició el 29 de junio de 2021, luego de que la Policía estatal ingresó al campus, en cumplimiento de una orden de recuperación del patrimonio impuesta por las autoridades judiciales. El objetivo era restituir la posesión de las instalaciones a la Fundación Universidad de las Américas de Puebla. Desde entonces, el centro estuvo tomado por un patronato nombrado y amparado por el Gobierno del Estado, que ha dirigido las acusaciones por fraude y corrupción a la familia Jenkins.

Posteriormente, la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla se hizo del control de la Fundación que dirige la UDLAP y nombró nuevos patronos. A la toma del campus en junio pasado, le siguió la destitución del rector Luis Ernesto Derbez acusado de desvío de recursos y delincuencia organizada, y la designación, en julio, del exsenador Armando Ríos Piter en su lugar. Tanto Derbez como los Jenkins han rechazado las acusaciones y han emprendido varios juicios de amparo.

La salida de Ríos Piter de la rectoría el pasado 8 de febrero marcó el rumbo de la liberación del campus. Luego de siete meses en el cargo que le fue encargado de manera provisional, el exsenador anunció su decisión de renunciar “para que no haya más pretextos y se regrese a la normalidad”. Una semana antes, un juez había ordenado la reanudación de actividades, pero los estudiantes se negaron a regresar a las aulas hasta que el patronato anterior fuese restituido.

El pleito judicial ha afectado a la prestigiosa universidad, considerada como una de las mejores del país, al grado de estar a punto de perder la acreditación ante la Sourthern Association of Colleges and Schools (SACS) por la calidad de la formación de sus egresados. El descontento del alumnado ha estallado en continuas protestas por la reapertura de las instalaciones que, después de ocho meses, por fin está por materializarse. “Esta lucha sigue porque no es solo nuestra, este país tiene una deuda inmensa con la educación. A partir de esto, nos toca defender al CIDE, al Conacyt y a cualquier estudiante que piensen que pueden tocar sin que vayamos a saltar todos”, ha comentado otro estudiante tras la entrega del campus.

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