La renuncia del rector Ríos Piter abre la puerta al final del litigio en la Universidad de las Américas Puebla

Armando Ríos Piter ha dado un paso al lado. El exsenador ha anunciado este martes su “renuncia” a la rectoría de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), facilitando así el final de un conflicto que dura ya más de medio año, y que tiene en jaque a uno de los centros privados de educación superior más prestigiosos del país. En un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, Ríos Piter ha dicho: “He decidido renunciar para que no haya más pretextos y se regrese a la normalidad”.

La salida del exsenador, trotamundos de la política, descabeza el proyecto del grupo de gestores que ha mantenido el control de la fundación que administra la universidad desde junio. La presión de estudiantes y profesores en las últimas semanas ha surtido efecto, dejando poco margen a la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla. Amparada en el Gobierno local, en manos de Miguel Barbosa de Morena, la Junta se hizo con el control de la fundación en junio, provocando una batalla judicial con sus anteriores gestores, la familia Jenkins.

Creada en la década de 1970, la UDLAP es parte del patrimonio de la fundación Mary Street Jenkins, obra filantrópica del empresario estadounidense William Jenkins, que hizo fortuna en el México del siglo pasado. Desde hace años, el instituto vive su propio conflicto por el control del patrimonio, valorado en más de 700 millones de dólares. El pleito involucra a dos ramas de los descendientes de Jenkins. Por un lado, el biznieto mayor, Guillermo Jenkins de Landa. Y por otro, su madre y hermanos, con Roberto Jenkins a la cabeza, que han mantenido el control del patrimonio este tiempo.

El origen de la pugna familiar apunta precisamente a la UDLAP. A mediados de la década pasada, Roberto Jenkins y compañía decidieron traspasar buena parte del patrimonio de la fundación Mary Street Jenkins a un instituto espejo en Aguascalientes. De ahí lo sacaron a otra fundación en Barbados y más tarde lo mandaron a Panamá. Guillermo Jenkins denunció a su familia por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La familia argumentó que la intención era proteger el patrimonio de las garras del Gobierno local, entonces en manos de Rafael Moreno Valle, del PAN. Dentro del patrimonio, la pieza más importante era la UDLAP.

La Fiscalía federal inició pesquisas a partir de la denuncia de Guillermo Jenkins, pero los investigadores archivaron el caso en 2018. Sorpresivamente, la actual administración de la Fiscalía reactivó la investigación y en febrero del año pasado consiguió órdenes de detención contra Roberto Jenkins, sus hermanas, madre y abogados. Vistas las órdenes de detención, la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla destituyó a los Jenkins de la Fundación que dirige la UDLAP, hija de la Fundación Mary Street Jenkins. Fue entonces cuando acudieron a un juez de Ciudad de México para pedir que les cediera el control de la UDLAP, al menos mientras el caso se dirimía en tribunales. El juez de Ciudad de México accedió.

En junio, la policía estatal tomó el campus. La Junta nombró a nuevos patronos e inició una auditoría financiera. En pocos días, señalaron que el rector, Luis Ernesto Derbez, había desviado recursos de la entidad y lo destituyeron. Luego lo denunciaron y consiguieron que un juez concediera nuevas órdenes de aprehensión en su contra. En entrevista con EL PAÍS, Derbez ha negado malos manejos y señala al Gobierno de Barbosa de orquestar una campaña para quedarse con la universidad.

En octubre, el mismo juez que había cedido el control de estudios a la junta a la Junta ordenó su devolución a la familia Jenkins de Landa. Pese a ello, la Junta hizo caso omiso y mantuvo el control de la universidad. En las últimas semanas, las protestas de estudiantes y profesores contra los gestores de la fundación impuestos por la Junta y contra el rector Ríos Piter han sido una constante. En varias marchas y plantones han exigido la salida del rector, a quien han calificado de “espurio”, la reapertura del campus y la vuelta a la normalidad.

La salida de Ríos Piter abre ahora una puerta a sus demandas. Cualquier solución definitiva parece, sin embargo, que tardará en darse. La Junta aún no ha dado muestras de ceder y la familia Jenkins de Landa aún no se ha pronunciado sobre la dimisión de Ríos Piter. En cualquier caso, los viejos gestores no reconocían el mandato del exsenador y habían nombrado a su propia rectora interina, tras la salida de Derbez.

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