El INE alcanza las firmas necesarias para realizar la consulta por la revocación de mandato de López Obrador

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, está cada vez más cerca de salirse con la suya en la última batalla de la eterna guerra que mantiene contra el Instituto Nacional Electoral (INE). El organismo ha anunciado este martes que se han conseguido el número de firmas necesarias para llevar a cabo la consulta por la revocación de mandato, una especie de referéndum que el dirigente pretende realizar para que el electorado mexicano decida si quiere que su Gobierno continúe en el poder.

Mediante un comunicado, el INE ha asegurado que “se superó el número de firmas establecidas por la Constitución para detonar la organización de la consulta de Revocación de Mandato del Presidente de la República por pérdida de confianza. Se tienen ya registrados y verificados 2.845.634 apoyos de ciudadanas y ciudadanos, con lo que se alcanza el 103,17% del mínimo previsto en la Constitución, correspondiente al 3% de la Lista Nominal de Electores”.

La consulta por la revocación de mandato fue una de las grandes promesas electorales de López Obrador. Una medida que, por primera vez en la historia, daría a los mexicanos la capacidad de expulsar del puesto a su presidente a mitad de sexenio, en caso de que no estuvieran satisfechos con su gestión. Sin embargo, desde el principio la iniciativa ha estado fuertemente criticada por la oposición, que acusa al mandatario de utilizarla para continuar en campaña electoral y enrarecer la ya de por sí turbia atmósfera política.

“Desde que se presentó la iniciativa ha tenido un carácter político más que un fin de participación ciudadana. La intención del presidente es mantenerse activo y en campaña y poder beneficiar a su partido y consolidar la mayoría de nuevo”, criticó en agosto la diputada de Movimiento Ciudadano Martha Tagle. En 2019, después de un tenso debate que acabó en una reforma constitucional, se decidió que la revocación, de llevarse a cabo, debía realizarse con los mismos criterios que la Constitución marca para una consulta popular: no podía ser promovida por el Gobierno, sino por la ciudadanía, que tendría que conseguir un mínimo del 3% de firmas del censo electoral (unos 2,8 millones de personas) distribuidas entre al menos 17 Estados —finalmente, se ha efectuado en 21, de acuerdo con el comunicado del INE—.

Pero para que la consulta sea vinculante necesita al menos 37 millones de votos, un 40% de participación del censo electoral. Y para evitar la revocación, una mayoría absoluta. La dificultad de lograr esas cifras es lo que provoca que la oposición vea la iniciativa más como una pantomima de López Obrador para reafirmarse en el poder que como una medida de transparencia política. Más aún después de la anterior consulta propuesta por el presidente, en la que se decidía si enjuiciar a los anteriores mandatarios del país por sus gestiones. Solo un 7% del electorado participó.

Aunque el objetivo de alcanzar el número de firmas necesario para efectuar la consulta se ha logrado, no ha sido por iniciativa ciudadana, sino por la presión ejercida desde el Ejecutivo, que en los últimos meses ha intensificado su campaña mediática para conseguir la consulta. En concreto, López Obrador ha recrudecido su particular cruzada contra el INE, que se mantiene desde el inicio de su administración. El presidente acusa al máximo órgano electoral de México, junto a otras instituciones, de ser herederos de una suerte de régimen “neoliberal” anterior, culpable de todos los males del país.

El INE lleva meses argumentando que no tiene los recursos suficientes para llevar a cabo la consulta, después de haber sufrido un recorte presupuestario de más de 2.300 millones de pesos. El pasado 17 de diciembre, después de una ajustada votación, seis de los diez consejeros del órgano electoral decidieron aplazar la consulta. López Obrador respondió con una campaña mediática en su contra; barajó la idea de realizar una consulta informal al margen del INE; presentó una denuncia ante la Fiscalía contra los seis consejeros —aunque la retiró días después—, a los que acusó de abuso de autoridad; e impugnó la decisión ante el Tribunal Federal Electoral y la Suprema Corte.

Días después, ambas instituciones judiciales fallaron a favor del presidente, y la Suprema Corte ordenó al INE continuar con la consulta por la revocación de mandato. La decisión fue celebrada por López Obrador en su conferencia mañanera de prensa, donde argumentó que “no se debe obstaculizar la democracia”, ya que, según él, aplazar la votación atentaría contra los principios constitucionales. Entrevistado por este periódico, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, defendió que “el uso del brazo penal del Estado para amedrentar a titulares de un órgano del Estado es una decisión política y no jurídica que se ha retirado después de la presión social”.

Ahora, el INE realizará una muestra estadística que rondará los 850 registros en las 32 entidades que forman el Estado mexicano a través de visitas a domicilio, según ha explicitado este martes ante los medios de comunicación el director del Registro Nacional de Electores, René Miranda Jaimes. Sin embargo, la institución solicitó a la Secretaría de Hacienda 1.758 millones de pesos para poder llevar a cabo la consulta, ya que siguen manteniendo que no cuentan con los recursos suficientes para realizarla. Por el momento, el Gobierno se ha negado a ampliar su presupuesto. Miranda Jaimes también ha aprovechado para aclarar que la información difundida es de carácter preliminar: “Recordemos que hay una solicitud expresa a los mandatos del Tribunal Electoral para que se defina respecto a la falta de recursos económicos para que se haga el ejercicio conforme a lo que la ley establece”.

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