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Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía: “Hay una campaña sucia para desprestigiar la reforma eléctrica”

Morena se prepara para el inicio de los debates sobre la iniciativa constitucional con concesiones menores a la oposición para ampliar el apoyo legislativo

Jon Martín Cullell
Manuel Rodríguez presidente de la Comisión de Energía sobre reforma eléctrica
El diputado Manuel Rodríguez, en una sesión de la Cámara de Diputados.CORTESÍA

El regreso al trabajo de los legisladores tras el receso navideño tendrá como plato fuerte la polémica reforma eléctrica. El diputado de Morena Manuel Rodríguez (55 años, Centro, Tabasco), presidente de la Comisión de Energía, es uno de los encargados de servirle a Andrés Manuel López Obrador la que sería una rotunda victoria legislativa. Antes, tiene que conseguir los votos. En entrevista con este diario por videollamada, Rodríguez da por hecho que el texto original sufrirá cambios, aunque menores, y traza la línea roja en lo que él llama el “espíritu” de la reforma. Los debates con la sociedad civil arrancan la semana que viene y el diputado confía en que esté aprobada para finales de abril.

Cumplir con el calendario implica, Rodríguez lo sabe, ceder ante algunas exigencias de la oposición. El diputado señala a EL PAÍS que Morena propondrá algunas modificaciones para “robustecer” y “perfeccionar” la iniciativa -se queda corto de decir “mejorar”-. No está claro que sea suficiente para lograr los votos. La reforma, que prioriza las centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aunque sean más caras y contaminantes que las particulares, ha provocado la alarma del sector privado y el rechazo frontal de gran parte de la oposición.

El texto original señalaba, por ejemplo, que los permisos y contratos de privados se cancelaban, aunque estuvieran vigentes, y no mencionaba excepciones. En la Cámara de Diputados, Rodríguez afirma que Morena propondrá excluir explícitamente de esa cancelación a la generación distribuida, la producción solar y eólica a pequeña escala, un aspecto que no quedaba bien precisado en la iniciativa presidencial. “Para que quienes piensen que pueden correr un riesgo la redacción será tan clara que se entenderá perfectamente que esa parte no tan solo no se va a limitar sino que se va a incentivar”, explica.

Frente a la derogación general, Rodríguez apunta a otra excepción: los contratos de autoabasto entre centrales privadas y empresas que “sí cumplen con el espíritu original”. “Volvemos al ejemplo de quien tiene una armadora y posee una planta que solo genera energía para esa fábrica”, plantea. El Gobierno considera abusivo el modelo conocido como autoabasto que ha permitido que se añadan nuevos clientes y que, al ofrecer energía más barata, le quita usuarios potenciales a la CFE.

El resto de contratos serán cancelados y sustituidos por otros nuevos, mantiene Rodríguez. La iniciativa precisará, eso sí, qué ocurrirá con las centrales privadas al día siguiente de la aprobación de la reforma, otro de los cabos sueltos del texto original. “En los artículos transitorios se tendrá que prever el trato para esa transición para que no nos quedemos sin energía y para que quienes tienen inversiones no se vean perjudicados”, dice. De todos modos, el diputado acusa a algunos empresarios de promover una “campaña sucia para desprestigiar” la reforma: “Nos presentan el escenario apocalíptico para que la gente tenga miedo y piensen que se va a generar un caos”.

Son cambios limitados que no tocan el meollo de la reforma. Rodríguez aclara que esa base es “inamovible” y no sujeta a negociación. La repartición del 54% de generación para la CFE y el 46% para privados es un ejemplo. Pese a las dudas que ha generado entre los expertos del sector, el diputado defiende esa división como una necesidad “técnica”, no ideológica. “Si la reforma verdaderamente fuera ideológica estaríamos proponiendo una expropiación”, dice. “Aquí lo que se busca es que haya negocio pero negocio justo. México se había convertido en el paraíso para los generadores privados. Era el lugar donde deseaban venir porque los márgenes de ganancia que les permite la ley son enormes”.

Con estas líneas rojas, Rodríguez tiene que convencer a 54 diputados para alcanzar los 333 que necesita, las dos terceras partes de la Cámara. Por ahora, solo cuenta con 279, entre Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Verde, pero él se muestra optimista. El PRI es el candidato más obvio. “Por un tema ideológico, es evidente que el PRI de verdad tiene más cosas en común con Morena y sus aliados que con la postura del PAN”, dice. “Lo sentimos en una actitud propositiva, prudente. También hay diputados federales de otros grupos que han externado su disposición”. La histórica formación ha advertido que no va a dar su voto a la iniciativa tal como está, pero Rodríguez afirma que todavía no ha recibido sus exigencias.

La falta de apoyos obligó a Morena a posponer la discusión de la reforma, que originalmente buscaba aprobar antes de finalizar 2021. Además, la decisión coincidió con la reunión del embajador de EE UU, Ken Salazar, con la secretaria de Energía, Rocío Nahle, para expresarle las preocupaciones de su Gobierno. Rodríguez, sin embargo, atribuye el retraso a que escucharon “la petición de hacer las discusiones más amplias” y que “prisa, como tal, no hay”. El diputado cuenta con votar la reforma en la Cámara entre finales de febrero y principios de marzo para luego mandarla al Senado. El proceso, calcula, finalizaría a finales de abril.

De entrada, la semana que viene arranca el parlamento abierto con sociedad civil y sector privado. Rodríguez espera que estos debates, que durarán cuatro semanas, sirvan para escuchar a los expertos. Él, confiesa, no es uno de ellos: “Yo he tenido interés a profundizar en el tema pero no me atrevo a decir que soy experto técnico. Tenemos que escuchar a quienes sí saben. Hay muchos que están a favor y otros en contra”.

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Sobre la firma

Jon Martín Cullell
Es redactor de la delegación de EL PAÍS en México desde 2018. Escribe principalmente sobre economía, energía y medio ambiente. Es licenciado en Ciencias Políticas por Sciences-Po París y máster de Periodismo en la Escuela UAM- El PAÍS.

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