El INE pide a la Fiscalía que desestime las denuncias penales contras los consejeros electorales

Tras la agitación de las últimas semanas, la polémica en torno a la consulta por la revocación de mandato continúa su curso. Los dos fallos casi consecutivos de la Suprema Corte, este aún provisional, y el Tribunal Electoral avalando la organización del referéndum tras el aplazamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) han vuelto a encarrilar la cita, prevista para el 10 de abril. El órgano electoral anunció que acataba la decisión de los tribunales, aunque la consecuencia pueda ser una suerte de celebración a medias de la consulta ante la falta de presupuesto, motivo original del aplazamiento. La escalada de tensión entre el INE y Morena fue en todo caso más allá y derivó en una inédita denuncia penal ante la Fiscalía. Pese a la retirada en el último momento, la investigación sigue sobre la mesa de la FGR. El presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova, instó este domingo a “que se enmiende el error y se desestimen esas demandas”.

Córdova defendió que se trata de “presuntos delitos claramente inexistentes y que evidentemente solo tienen propósitos políticos”. El presidente del INE ya había alertado en una reciente entrevista con EL PAÍS que pese a la retirada de la denuncia, en gran medida por la presión de la sociedad civil e incluso el pronunciamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía ya había comenzado las pesquisas, incluyendo al menos un requerimiento de información que ya había sido recibido oficialmente por el INE. “Las denuncias penales contra los servidores públicos se persiguen de oficio y siguen su curso”, añadió en una video subido la tarde del domingo a sus redes sociales.

Lo que comenzó a mediados de diciembre como la enésima trifulca entre el Gobierno y el Instituto Nacional Electoral (INE) acabó derivando en múltiples frentes abiertos en instituciones clave del país, anticipando una de las grandes batallas de cara al final del sexenio: la reforma electoral, objetivo prioritario de López Obrador. La presentación de la denuncia penal por parte del presiente del Congreso, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, culminó una crecida sin precedentes del enfrentamiento. “Es grave que el presidente de un poder, en el que además está representada la pluralidad de la nación, haya recurrido a denuncias penales para tratar de encarcelar a quienes no opinamos igual que él”, subrayó Córdova.

En el caso de que la FGR siga adelante con la denuncia presentada por el grupo parlamentario de Morena por abuso de autoridad, con penas previstas que alcanzan los siete años, se abriría el proceso de desafuero contra los seis consejeros, incluido su presidente Lorenzo Córdova. Un movimiento inédito en el país pero que no pasaría del mero trámite, dada la mayoría suficiente de Morena y sus aliados en el parlamento, y que descabezaría a más de la mitad -son 11 los consejeros- del órgano electoral que votó a favor del aplazamiento de la consulta.

Desde la presentación de la denuncia, el INE ha denunciado la campaña de hostigamiento por parte del partido oficialista. Su presidente ha incidido en que “es un acto que recuerda las peores prácticas de los regímenes autoritarios. Perseguir a servidores públicos, por tomar acuerdos y recurrir a otros poderes para tratar de cumplir con sus responsabilidades legales, implica criminalizar el derecho a disentir”.

El origen de la disputa ha sido el tijeretazo del presupuesto al INE. La decisión de aplazar la consulta estuvo fundamentada en la proyección de gasto que hace la propia ley que regula la consulta para la revocación de mandato. Teniendo en cuenta que el despliegue logístico y de infraestructura para la cita ha de ser igual al de una elección federal, el INE estimo el presupuesto en 3.800 millones de pesos, la misma suma dedicada a las últimas elecciones. Tras el último recorte, el INE cuenta de momento con 1500 millones. La sentencia del Tribunal Electoral obliga al órgano electoral a continuar con la organización pero a la vez faculta al INE a solicitar más dinero a la secretaría de Hacienda.

“Los trabajos del INE siguen adelante a pesar de que no contamos con los recursos presupuéstales necesarios para organizar la consulta con las características y modalidades que nos exige la ley en la materia”, recordó Córdova, que también adelantó que en las próximas semanas se hará público el resultado final de la comprobación de las firmas recabadas para dar el pistoletazo de salida al referéndum.

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